El secretario de Finanzas, José Luis Ugalde presentó denuncia en contra de quien resulte responsable por el probable delito de espionaje. A mitad de la semana anterior hizo la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia y al tratarse de un alto mando de la administración estatal, lo menos que se podría esperar es una investigación con resultados inmediatos, pero nada más lejano a eso. En San Luis Potosí se espían las conversaciones privadas y al procurador Federico Garza eso parece tenerle sin cuidado.
Llegamos a pensar que en unas horas habría resultados, puesto que a nadie conviene que la sociedad vea que la espían y que nadie hace nada por impedirlo. Esta visto que no es así.
Imagine el lector lo que está sucediendo en San Luis Potosí si un importante funcionario del gobierno es presunta víctima de espionaje, qué no pasará entonces con la ciudadanía que está del todo indefensa y carece de influencias como los políticos y servidores públicos.
Es más, cuando José Guadalupe Castillo Celestino, director de la Policía Ministerial dijo que se cuenta con toda la tecnología al alcance de la mano para resolver el misterio de las intercepciones telefónica a Ugalde, pensamos: genial, por fin la policía utilizará un método científico y no el clásico “tehuacanaso”. Pero nada.
Mientras la ciudadanía está en la incertidumbre porque cualquiera le puede intervenir sus conversaciones privadas, la Procuraduría General de Justicia es hazmerreír de todos, puesto que ahora salen con que nadie encuentra el kit de espionaje que por más de 22 millones de pesos compró Fernando Toranzo.
De dar pena igual el procurador Garza, el gobernador Carreras y el secretario Ugalde. Sin proponérselo están haciendo el ridículo y gratis. Uno porque no le importa que le digan pendejo, otro porque no sabe cómo investigar ni tiene con qué y el otro, porque quiere que se sepa que él no es ningún pendejo como para haberle dicho pendejo a quien sería más tarde gobernador.
Se podrá pensar, bueno apenas van unos días o lo que es lo mismo unas cuantas horas del presunto delito y de la presunta denuncia como para que se encuentren presuntos responsables, pero en tratándose de que está involucrada la buena fama de un gobernador y de un secretario, el procurador debería hacer algo al respecto.
Ni modo que se le pueda decir “pendejo”, “soberbio” e “ingenuo” al gobernador y quede en la impunidad.
Pero no se le pueden pedir peras al olmo, si la muerte del pequeño Diego lleva siete meses sin esclarecerse, que el affaire del espionaje no se lleve eso o más; aunque si uno se apura, no hay porque dudar de que el caso vaya a dar a la congeladora.
