María Ruiz
En San Luis Potosí, la infraestructura vial se ha convertido en un terreno de disputa entre el Ayuntamiento capitalino, encabezado por Enrique Galindo Ceballos, y la senadora Ruth González Silva, del Partido Verde Ecologista de México.
Lo que debería ser una política técnica y coordinada, orientada a garantizar seguridad vial, se ha transformado en un escenario de improvisación, omisiones legales y protagonismo político.
Frente a esta situación, Víctor Hernández, especialista en movilidad accesible y sustentable y miembro de la Coalición de Movilidad Sostenible SLP, expone una dura crítica: ni los gobiernos locales ni los actores federales que intervienen sin coordinación cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas ni con los principios básicos de diseño vial.
Víctor Hernández advierte que la gestión de la velocidad, elemento clave para reducir siniestros viales, no es atendida en ningún proyecto político actual, debido a los más recientes trabajos de obras públicas que tanto la capital como la senadora han dado a conocer en sus redes sociales.
“Podemos observar por ejemplo, obras en la capital de trabajos de infraestructura como en la realizada en calle Tacamba que no se toma en cuenta las normativas. Calles como esta que tienen boyas, como en algunos casos de intervenciones en calles de la también senadora. La NOM incluye varios tipos de reductores de velocidad, pero las boyas no están entre ellos. ¿Por qué? Porque pueden desestabilizar a quienes se mueven en moto o en bicicleta, y eso pone en riesgo su seguridad”.
El especialista refiere que muchas intervenciones no respetan las etapas mínimas exigidas por la NOM-004-SEDATU-2023, que exige lo siguiente: planeación, considerando la función de la calle dentro de la red vial; diagnóstico, un análisis de entorno, tránsito y condiciones locales; diseño técnico, basado en usuarios, seguridad y accesibilidad; permisos y socialización, coordinación institucional y comunitaria; ejecución, con permisos, supervisión y evaluación; evaluación y monitoreo, medición del impacto con indicadores.
Sin embargo, estas etapas han sido omitidas sistemáticamente, tanto por el gobierno municipal como por actores como la senadora González.
Señales mal colocadas y colores fuera de norma: el caos de la señalización
La NOM-034-SCT2/SEDATU-2022 establece de manera precisa el uso de colores en guarniciones: amarillo, prohibido estacionarse; blanco, delinear guarniciones; rojo, prohibido parar; azul, estacionamiento de servicios especiales.
En este caso, Galindo Ceballos denunció que en algunas vialidades intervenidas por la senadora se usó color verde en la señalética, lo que de acuerdo con la norma no está permitido.
“El verde está vinculado a los parquímetros. Si no hay parquímetro, no se puede usar ese color. Eso también es politizar”, acusó el edil.
Las boyas: símbolo del desconocimiento técnico
Una de las prácticas más comunes —y peligrosas— ha sido la colocación de boyas como reductores de velocidad. No obstante, la NOM-034 es clara: las boyas no son consideradas reductores de velocidad válidos, ya que representan un riesgo para ciclistas y motociclistas, por lo que su uso está desaconsejado.
Los verdaderos reductores de velocidad deben colocarse previo estudio técnico, y solo en vías que cumplan con características específicas: pendientes mayores al ocho por ciento, cruces peatonales sin semáforo con más de 100 peatones por hora, o intersecciones con flujos superiores a 500 vehículos por hora.
Nada de esto ha sido documentado en las intervenciones realizadas por la senadora ni por el Ayuntamiento, según lo explicado por Hernández.
El intervencionismo de la senadora Ruth González
Desde octubre de 2024, la senadora Ruth González Silva ha documentado en redes sociales al menos 15 intervenciones urbanas en la capital potosina, entre ellas: La Popular, con colocación de boyas, pintura peatonal, guarniciones; la colonia Ferrocarrilera, colocación de boyas y señaléticas; Jardines del Oriente, bacheo y reforestación; Providencia, solo bacheo.
También se incluye a Morales, con una rehabilitación vial y disposición de nuevas señaléticas; la colonia San Luis, se hicieron trabajos en la avenida José Manuel Othón y calles 1, 2 y 3 de bacheo y reductores de velocidad; la Industrial Aviación, con aplicación de boyas en Vasco de Quiroga y Calle 6; Simón Díaz, mejoras con señalética, pintura y limpieza; puentes del Sol, se hizo la poda de árboles y la recuperación de áreas verdes; en San Alberto, con limpieza de áreas comunes y bacheo; tan solo por mencionar algunas.
Estas acciones, según sus publicaciones, fueron realizadas “en respuesta a las peticiones de las juntas de participación ciudadana”, bajo el lema de no ser “una senadora de escritorio”.
Sin embargo, ninguna de estas obras —según confirmó el alcalde Galindo— estuvo coordinada con el Ayuntamiento de San Luis Potosí ni cuenta con estudios técnicos públicos o aval de planeación urbana.
¿Puede una senadora intervenir en calles municipales?
El Reglamento del Senado de la República establece que las funciones de un senador se limitan a legislar a nivel federal, participar en comisiones, gestionar recursos y vigilar al Ejecutivo federal.
En ninguna parte se establece que puedan ejecutar directamente obras en municipios. A lo mucho, pueden acompañar gestiones o canalizar recursos, pero no intervenir físicamente sin coordinación local, como ha ocurrido con la senadora del PVEM.
El artículo 76 de la Constitución tampoco reconoce esa función. Por tanto, las acciones de la senadora, por más bienintencionadas que parezcan, no están respaldadas jurídicamente ni son técnicamente responsables.
Una omisión compartida: el Ayuntamiento tampoco cumple
Si bien la senadora Ruth actúa fuera de sus atribuciones, el Gobierno Municipal tampoco queda exento de responsabilidad. Víctor Hernández señala que muchas de las obras emprendidas por el Ayuntamiento no cuentan con diagnóstico ni diseño técnico, lo que viola la NOM-004-SEDATU-2023.
“Esto no es solo una omisión técnica: es una falla en garantizar el derecho a la movilidad segura”, denuncia.
Desde Pedaleando SLP se ha emitido también una postura crítica sobre el actuar institucional en la zona metropolitana.
“Queremos señalar con preocupación cómo las administraciones municipales, el gobierno estatal e incluso figuras como la senadora Ruth González, están ignorando de forma sistemática las disposiciones de las normas oficiales mexicanas que rigen la infraestructura vial en nuestro país”.
Se refieren directamente a la NOM-004-SEDATU-2023 y la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, de cumplimiento obligatorio. Su incumplimiento revela dos escenarios igualmente graves:
“O hay un profundo desconocimiento de la normativa por parte de las autoridades responsables, o hay una omisión deliberada para no cumplirla. En ambos casos, el resultado es el mismo: calles mal diseñadas, cruces inseguros, señalización deficiente y condiciones que ponen en riesgo a quienes caminan, se desplazan en bicicleta o usan dispositivos de movilidad personal”.
La organización recalca que esto no es solo un problema técnico, sino una violación de derechos humanos, especialmente para los sectores más vulnerables:
“Las normas no son opcionales ni decorativas: son herramientas que buscan garantizar el derecho a la movilidad segura.
Lo más preocupante es la ausencia total de una estrategia integral entre niveles de gobierno. Esto va en contra de lo que exige la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y refuerza la necesidad urgente de avanzar con la #LeySanti”.
San Luis Potosí enfrenta una crisis silenciosa pero peligrosa, la política de movilidad ha sido reemplazada por protagonismo político y ocurrencias.
Para Hernández, tanto el Ayuntamiento de San Luis Potosí como la senadora Ruth González Silva han actuado sin seguir lo que mandata la ley, sin diagnóstico, sin coordinación y sin respeto a normas básicas.
“La movilidad se ha convertido en un botín político, pero la seguridad vial no puede estar a merced de quién se vea mejor en las redes”, concluye Víctor Hernández.
Mientras tanto, peatones, ciclistas y ciudadanos comunes transitan una ciudad que no fue diseñada para ellos, sino para alimentar aspiraciones políticas.
