Adriana Ochoa
Entre las anomalías de mayor normalización en este país, para peor, hay que contar la tolerancia al cinismo de nuestra clase política. En los despachos del poder actual, los principios ya no se defienden; se usan como hojita de parra para las desvergüenzas propias y obuses para los adversarios.
Hace un par de décadas estas exhibiciones del “y tú más…” ocurrían apenas entrar a la temporada electoral, ahora las tenemos en plena forma con un año de antelación.
San Luis Potosí no es ajeno al escenario de alta tensión geopolítica que mantiene en vilo a gobernantes y legisladores oficiales. El escrutinio de las agencias de Washington ha dejado de ser una sombra lejana para convertirse en una amenaza inmediata sobre sus carreras
En este ecosistema de nerviosismo colectivo irrumpió una columna “Seguirá la escalada”, publicada por Raymundo Riva Palacio el pasado 19 de mayo. El texto encendió las alarmas en el altiplano potosino.
La publicación afirma que el Departamento de Justicia estadounidense afina expedientes e investigaciones contra varios mandatarios locales. Entre los nombres señalados, destaca el del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.
La reacción del mandatario estatal ha sido de una virulencia inusitada. Descosió sin tapujos acusaciones iracundas en su cuenta de X contra gente “perversa” y lanza una amenaza: “el que se lleva, se aguanta”. Su réplica al columnista, muy extensa, tiró de “la llegada récord de inversiones automotrices e industriales estadounidenses” y de una reunión sostenida en Palacio de Gobierno con Melissa Bishop, cónsul general de EE. UU. en Monterrey, como pruebas de estabilidad.
Para atemperar a los que vieron en esta agresividad discursiva del gobernador potosino un campo de brotes verdes para un proyecto adversario, un despacho de consultoría, en un documento de análisis elaborado para Morena, explicó que esa imputación “se trata, estrictamente, de un artefacto de alto riesgo político, mediático y reputacional”.
Los consultores, potosinos, redimensionaron las expectativas y llamaron a no alucinar porque “no existe una acusación formal ni una imputación judicial en curso”. La lectura es que, aunque el gobernador mantiene el control territorial, municipal y legislativo, “ha perdido esa comodidad estratégica que tanto apreciaba para su sucesión”.
Eso sí, recomendaron ponerse a trabajar en territorio y proyecto alternativo sólido, o no habrá costo reputacional de Ricardo Gallardo Cardona que algún opositor pueda aprovechar. El gallardismo posee una estructura territorial y una red de alianzas con alcaldes que no se va a evaporar sola. “La verdadera apuesta radica en construir una capacidad estructural y territorial propia”, concluye.
Morena puede encontrar en esa abolladura a la gallardía una palanca para ordenar la alianza interna. El partido oficial del país que en San Luis dejó todo el terreno al Verde de Gallardo, busca blindar candidaturas y reducir su dependencia crónica del cuestionado aparato político del gobernador.
El problema es quizá que Morena nacional tiene mayores y peores problemas con el tema de gobernantes ligados al crimen organizado. Muy caro le ha salido ya a la presidenta desgastarse en la defensa de los indefendibles, Rocha Moya y lo que salga.
En un intento por recuperar la iniciativa, la Presidencia propuso una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del INE. Sin embargo, el proyecto ha nacido desdentado, carente de sanciones reales para los partidos que postulen delincuentes.
La iniciativa federal es un ejercicio puramente voluntario donde la decisión final queda en manos de los propios partidos. No impide registros, no genera inelegibilidad ni obliga a rechazar perfiles sospechosos; es un simple saludo a la bandera.
El gobierno gallardista, con astucia legislativa, detectó la flaqueza federal y contraatacó con una propuesta propia diseñada por el líder del Congreso y ex secretario general del gobierno mancerista en la Ciudad de México, Héctor Serrano. Se trata de un mecanismo de control que convierte la integridad en un filtro obligatorio de registro.
Rápido de reflejos, Serrano puso al lado de las intenciones presidenciales su iniciativa como prueba de coincidencia moral con la mandataria. El contraste, sin embargo, es demoledor: mientras el Gobierno federal ensaya una tibia advertencia institucional, el modelo gallardista edifica un filtro político. Es una herramienta perfecta para decidir, desde el palacio de gobierno, quién puede competir y quién no.
A diferencia del modelo nacional, la propuesta potosina utiliza exámenes de polígrafo, pruebas psicológicas y estudios socioeconómicos. Lo más grave es que entrega esta evaluación al Centro de Control de Confianza, un órgano dependiente del propio Ejecutivo estatal.
La propuesta de San Luis Potosí camina sobre el filo de la inconstitucionalidad por su evidente desproporción y el riesgo latente de un uso político selectivo. Es el control de las candidaturas disfrazado de combate a la delincuencia organizada.
Pero en estos prolegómenos de la elección para gobernador en San Luis Potosí los ventiladores a toda pastilla aparecen en distintas direcciones del tablero, pringando de légamo lo que esté del lado contrario. A mitad de semana, los proyectiles mediáticos cambiaron de objetivo y apuntaron hacia un aspirante a la candidatura de Morena para gobernador, Gerardo Sánchez Zumaya.
La cadena televisiva TV Azteca revivió acusaciones que vinculan al empresario como proveedor privilegiado de Pemex. Los reportes, en horarios noticiosos estelares, le atribuyeron contratos millonarios sin concurso y el suministro de productos químicos de pésima calidad.
La ofensiva de la televisora amplió una columna en La Razón que apuntó a la corrupción como la causa de los accidentes de Pemex. El reporte, un video-editorial, no solo destacó nexos con “El señor de los buques”, Roberto Blanco Cantú, sino que indirectamente lo responsabilizó por los recientes accidentes e incendios en las instalaciones de la petrolera estatal. Una lluvia de misiles que evidencia la ausencia de arbitraje y límites en la contienda.
Desde su irrupción como aspirante a la gubernatura, Sánchez Zumaya se ha destacado por un discurso abierta y personalmente antigallardista. No se ha detenido en llamar “delincuente” al gobernador potosino. Antes que Morena despertara siquiera de su cómoda alianza con Gallardo, se puso a hacer territorio. El antigallardismo tiene fieles y Sánchez Zamaya lo capitaliza.
La política en San Luis Potosí ha renunciado a la confrontación de ideas para abrazar la demolición del adversario. En esta guerra de filtraciones, expedientes y acusaciones cruzadas, la verdad ha sido la primera víctima.
El umbral hacia 2027 se anticipa como una competencia feroz por demostrar que el vecino es más corrupto. No hay propuestas de futuro ni respuestas a la inseguridad; solo queda el espectáculo decadente de una inmensa bahorrina electoral.
Previsible que en una batalla así gane el que más cubetas de inmundicia acopie y tenga más medios para salpicar al contrario. Acabarán por hartar a los electores.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
