Fernanda Durán
Luego de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos señalara que una eventual cancelación de adeudos del servicio de agua potable solo podría ser determinada por el Congreso del Estado, la presidenta de la Comisión del Agua, Nancy Jeanine García Martínez, sostuvo que una medida de este tipo no responde a una facultad directa del Poder Legislativo, sino a las condiciones financieras de los propios organismos operadores.
Lo anterior ocurre tras las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien planteó la posibilidad de eliminar adeudos del servicio de agua potable, lo que generó reacciones por parte del alcalde y director general del interapas sobre las facultades para implementar una medida de esa magnitud.
Consultada sobre si el Congreso tiene atribuciones para cancelar esos adeudos, la legisladora respondió que “depende de los organismos y sus capacidades financieras”, pues no se trata de una decisión que pueda tomarse de manera general o discrecional desde el ámbito legislativo.
Ante la pregunta expresa sobre si existe algún artículo o disposición legal que faculte al Congreso para eliminar adeudos o que reserve esa atribución exclusivamente a los organismos operadores, la diputada respondió que no.
Explicó que, en la práctica, las decisiones en materia de cuotas, tarifas o esquemas de cobro parten de los propios organismos, cuyos planteamientos son previamente avalados por sus juntas de gobierno antes de llegar al Congreso.
“Las iniciativas de ley de cuotas y tarifas que nos presentan los organismos vienen aprobadas desde la junta de gobierno; en el Congreso revisamos y en su caso ajustamos, pero quienes deben ver sus capacidades financieras son los organismos”.
En ese sentido, enfatizó en que los organismos operadores funcionan como entes con autonomía técnica y operativa, cuya viabilidad depende directamente de su recaudación.
“Son entes autónomos, que se solventan de la recaudación”.
García Martínez también advirtió sobre la complejidad financiera que implicaría una medida de cancelación generalizada de adeudos, por lo que llamó a analizar el contexto más allá de los planteamientos políticos.
“Deben analizar más el contexto y lo complejo de las capacidades financieras”.
En este sentido, la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí establece que los organismos operadores no solo administran el servicio, sino que operan bajo un esquema basado en la recaudación de cuotas y tarifas, cuya cobertura es obligatoria para los usuarios.
La legislación señala que toda persona usuaria debe cubrir los pagos correspondientes (artículo 183) y que los propietarios responden por los adeudos que se generen ante el prestador del servicio (artículo 184), lo que confirma que los adeudos son exigibles y forman parte del sostenimiento financiero del sistema, por ello, el marco normativo está diseñado para garantizar la viabilidad económica de los organismos operadores, no para la condonación generalizada de deudas.
