Abelardo Medellín Pérez
Hace poco más de una semana, el jefe del ejecutivo estatal, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que la destitución de Leobardo Aguilar Orihuela como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) respondía a una falta ética de parte del funcionario. En ese momento la ironía se adueñó de la razón y quedó claro que al gobernador se le acabaron las excusas para justificar la inestabilidad de un gabinete que no se toma en serio.
Sin embargo, supongamos que, para efectos de esta reflexión, el gobernador cree de verdad que el desempeño ético de quienes integran su equipo es un requisito mínimo para mantener un cargo y, por tanto, que está abierto a considera retirar del gabinete a cualquier funcionario estatal que viole los principios éticos de la administración pública.
Primero, ¿a qué ética se refiere el gobernador? El último código de ética publicado en el Periódico Oficial del Estado, y que es aplicable a todos los servidores públicos del poder Ejecutivo, fue publicado por la Contraloría General del Estado el 20 de agosto de 2019, es decir, dos años antes de que comenzara la actual administración.
Vale decir entonces que el gobierno estatal actual ni siquiera ha establecido los criterios éticos de su administración. Técnicamente, podría afirmarse que el gobierno Gallardista no tiene ética (ni oficial ni propia).
No obstante, no porque sea ajeno, es inaplicable, en todo caso, los servidores públicos del actual sexenio, por más Verdes que sean, tienen la obligación de observar y dirigirse de acuerdo con este último código de ética por el simple hecho de haber aceptado los cargos que tienen.
Entonces, si nos preguntaran, ¿qué servidores públicos serían susceptibles de ser destituidos como los fue el ex titular de la CEBP por el simple hecho de una falta ética? Mejor que pregunten quién no.
El actual Oficial Mayor, Noé Lara Enríquez, ha faltado a los principios (al menos) de legalidad, disciplina y profesionalismo, cuando decidió solapar y orquestar despidos injustificados contra trabajadores sindicalizados del poder Ejecutivo desde que inició la administración Gallardista e incluso hasta ahora. ¿Cómo defender a un oficial mayor que despide de forma arbitraria, ilegal y en detrimento de los trabajadores, bajo el pretexto de eficientizar el gasto?
La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Aracely Martínez Acosta, es una gran candidata para el despido por falta ética al haber violentado los principios de transparencia y rendición cuentas; esto desde que la SCT decidió reservar el gasto total, el padrón de proveedores y el proyecto integral de la MetroRed. Además de que es incapaz de informar de dónde sale el dinero que mantiene como gratuito un servicio que por ley ya podría cobrar a los usuarios.
María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), podría fácilmente ser cuestionada por sus transgresiones a los principios de lealtad y eficacia ¿Cómo podría poner por encima las necesidades colectivas cuando cada despensa es entregada a través de operadores políticos partidistas y los apoyos se entregan a condición de agradecer al “gobernador y la senadora Ruth”?, ¿cómo podría cumplir con el criterio mínimo de eficacia si la asignación de apoyos sociales a veces se hace en eventos propagandísticos de la senadora y se decide la entrega de despensas en completa discrecionalidad?
Para el caso de la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, queda claro que su mayor compromiso no es con el Estado, sino con el jefe, y por ello cada acción de gobierno raya en la violación del principio de economía. Con una administración financiera ilegal (con deudas con la UASLP y Pensiones), dispendiosa (con proyectos como la edificación de Arenas y compra de patrullas de lujo) e indisciplinada (permitiendo gastos monumentalmente innecesarios como la contratación de artistas para una feria) queda claro García Vidal sería de las primeras funcionarias en desfilar fuera del gabinete si de ética se tratara.
Pero si de candidatas para el despido ético hablamos, no hay funcionaria ni funcionario que le gane a Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop). Ha reservado la información de obras emblema como la Arena Potosí, el Tangamanga I y la rehabilitación de la Fenapo; huye de la prensa para no lidiar con preguntas incomodas; intenta intervenir espacios históricos sin contar con los permisos adecuados; se apropia de predios municipales con tal de cumplir con metas inconsistentes de programas sociales, y sus logros no se miden con el apoyo a la gente, sino con qué tantos eventos puede organizar el gobernador para entregar banquetas verdes en una semana. Elijan un principio o valor ético público que analizar, y muy probablemente, Vargas Tinajero, como el gobernador, ya lo violaron en este sexenio.
Para abordar más ejemplos una columna no basta, entre el quebranto de la competencia por mérito de los titulares de los servicios de salud, la Segam, la SEGE y los Parques; pasando por la falta de liderazgo de la Secretaría General de Gobierno, la SSPC y el DIF; sin mencionar las flagrantes violaciones a la transparencia y rendición de cuentas de Pensiones, Secult y la famosamente opaca titular de la Secretaría de Turismo. Queda claro que, si por ética se mantuviera el puesto, una renovación completa del gabinete ya hubiéramos visto… Cada mes.
Quizá entonces el problema no está en las palancas, sino en la mano. Quizá las evidentes faltas éticas del gabinete han sido toleradas porque si el gobernador las denunciara en voz alta se mordería la lengua. A lo mejor Gallardo no condena las omisiones, violaciones y faltas éticas, no porque no las vea, sino porque de ellas dependen sus intereses personales, aspiraciones futuras y supervivencia política.
Dijo el gobernador hace una semana: “desde el momento de que no se tuvo una ética, no puede seguir siendo el responsable”. Si sostiene lo dicho, entonces la duda es, ¿para cuando esperamos su renuncia?
No cabe duda que, si la ética fuera tiña, el gabinete estaría impecable.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
