Astrolabio

Rechazan candidatura de Galindo por antecedentes ligados a ejecuciones extrajudiciales, tortura y tratos crueles

Rechazan candidatura de Galindo por antecedentes ligados a ejecuciones extrajudiciales, tortura y tratos crueles

Redacción

La candidatura de Enrique Galindo Ceballos a la presidencia municipal de San Luis Potosí “representa una transgresión a las víctimas y a las familias que han resultado vulneradas por una política represiva”, sostuvieron organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos y casi un centenar de personas en una carta publicada en medios de comunicación.

El documento recuerda que el candidato de la coalición “Sí, por San Luis”, integrada por los partidos PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular estuvo al frente de corporaciones de seguridad responsables de múltiples violaciones graves a derechos humanos.

“Reiteramos que ninguna persona con antecedentes que le relacionen a ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles e inhumanos, debe ocupar cargos de poder público”, señala la publicación en la que, además, mencionaron las recomendaciones y pronunciamientos emitidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México sobre los casos de Tanhuato, Apatzingán, Nochixtlán y Ayotzinapa “que documentan violaciones por parte de la Policía Federal” a cargo de Enrique Galindo Ceballos, razón por la cual fue destituido en 2016 por Enrique Peña Nieto.

Por lo anterior y por las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuando fue director de la Policía Ministerial en San Luis Potosí, consideraron que la candidatura de Galindo Ceballos contribuye a la impunidad y un obstáculo para la promoción, respecto, protección y garantía de los derechos humanos.

En la carta publicada éste día destacan las firmas de Jacobo Dayán, Sergio Aguayo Quesada, Paulo Diez Gargari, Mariclaire Acosta Urquidi, Javier Sicilia, Lucía Riojas Martínez, la Comisión Internacional de Derechos Humanos en Movimiento, el Colectivo Familiares en Búsqueda, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Colectivo de Víctimas de la Guerra Sucia de los años 70, Mujeres en Búsqueda de sus Desaparecidos, entre otros.

A continuación, se reproduce íntegramente el contenido de la carta:

A unos días de las elecciones en San Luis Potosí, manifestamos nuestro rechazo a la participación del señor ENRIQUE GALINDO CEBALLOS, candidato a la Presidencia Municipal de la capital de este estado por la coalición “Sí por San Luis Potosí” integrada por los partidos PRI, PAN, PRD, y Conciencia Popular, ya que ha estado al mando de corporaciones de seguridad y procuración de justicia responsables de múltiples violaciones graves a derechos humanos, entre ellas privación de la vida; tortura, trato cruel, inhumano y degradante; uso excesivo de la fuerza; desalojos violentos a manifestantes; así como faltas a la legalidad que han sucedido en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Ciudad de México y San Luis Potosí.

Organismos nacionales y locales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí; internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; y de la sociedad civil han emitido informes, recomendaciones y pronunciamientos sobre los casos de Tanhuato, Apatzingán, Nochixtlán y Ayotzinapa que documentan estas violaciones por parte de la Policía Federal, en ese entonces a su cargo; así como su actuar como Director General de la Policía Ministerial del Estado de San Luis Potosí.

Estos antecedentes durante su ejercicio en la función pública muestran prácticas de represión y de violación a la integreidad y dignidad de las personas. Esto ocasionó, inclusive, su destitución como Comisionado de la Policía Federal en 2016 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

A este contexto se suma un escenario de posible infiltración de la delincuencia organizada en la política con figuras como Ricardo Gallardo Cardona, candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, por lo tanto, la coyuntura en materia de derechos humanos y seguridad en el estado es crítica y se agudiza poniendo en evidencia que el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas se ve altamente comprometido.

Sabemos lo que implica ser defensoras y defensores en un país permeado por la violencia y el crimen organizado, es decir, poner la vida para buscar mejores condiciones para todas las personas y acompañar a víctimas en sus procesos de exigencia por la memoria, la justicia, la verdad y la debida reparación del daño.

Es por ello que apelamos a la memoria colectiva, esto es, tener consciencia de que la participación como candidato de Enrique Galindo:

  1. Representa una transgresión a las víctimas y a las familias que han resultado vulneradas por una política represiva.
  2. Estos antecedentes ponen en duda su compromiso con los derechos humanos y con ello, amenazan la seguridad de la sociedad potosina.
  3. Su candidatura significa contribuir a la impunidad y complicidad en las investigaciones que buscan fincar las debidas responsabilidades.
  4. Su posible elección significa un obstáculo para la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, y por lo tanto, un riesgo para las personas defensoras.

Hacemos un llamado a construir una política que garantice el respeto a los derechos humanos de todas las personas, por lo tanto:

  1. Es indispensable que todas las personas ejerzamos un voto libre e informado y que existan condiciones para ello.
  2. Solicitamos a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que continúen vigilando el cumplimiento de recomendaciones emitidas para el respeto de los derechos humanos; así como la protección a defensores y defensoras.
  3. Conminamos a las autoridades electorales e institutos políticos al urgente análisis y toma de decisiones sobre los riesgos que conlleva que personas con antecedentes ligados a violaciones graves de derechos humanos, contiendan por cargos públicos.

Reiteramos que ninguna persona con antecedentes que le relacionen a ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles e inhumanos, debe ocupar cargos de poder público.

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