Capacitación del SEA en política anticorrupción llega 3 años tarde a SLP

Fernanda Durán

Aunque San Luis Potosí cuenta con política pública en materia de anticorrupción desde 2021, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) comenzó con la capacitación del Programa de Implementación de la Política Anticorrupción, apenas este 26 de febrero en el Congreso del Estado.

De acuerdo con Jesús Rafael Rodríguez López, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, San Luis Potosí es la decimocuarta de 15 entidades en arrancar con el programa de implementación que tendrá mediciones semestrales del cumplimiento de los 240 entes públicos del estado.

“La política son siete ejes, 62 prioridades, 124 estrategias con indicador medible, 248 líneas de acción, que los 240 entes públicos del estado de San Luis Potosí, incluyendo a los Poderes, están obligados a cumplir para evitar este tipo de circunstancias que tienen que ver con temas de la corrupción”.

El funcionario explicó que se implementó el taller debido a que se necesitaba complementar mediante un documento más técnico, que es el Programa de Implementación, en el que se enuncian las estrategias a seguir por cada sector de la administración pública para mitigar la problemática y se les indicará lo que tienen que hacer para cumplir con la política anticorrupción.

Presumió que dentro del programa se incluye una nueva plataforma que funcionará como fuente del sistema de inteligencia anticorrupción, donde tendrán las declaraciones patrimoniales de los servidores. Se podrá consultar cuales servidores públicos intervienen en contrataciones desde 2016 hasta la fecha, así como aquellos que han sido inhabilitados.

Rodríguez López afirmó que si bien la sociedad civil espera sanciones severas, la realidad es que el sistema es concebido como preventivo, del que se espera obtener resultados a corto, mediano y largo plazo.

En 2023 miles de funcionarios públicos evitaron proporcionar sus declaraciones patrimoniales SEA con apenas 4 mil 593, es decir, apenas el 14.52 por ciento del cumplimiento registrado en 2022 por la Plataforma Digital del SEA.

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