Por Victoriano Martínez

Si de nombramientos de titulares de organismos que hagan valer los intereses de la ciudadanía se trata, este domingo se tiene previsto uno más en el Congreso del Estado con un ingrediente adicional: hasta en los casos en los que por ley se debe consultar a la población, el gobierno de Juan Manuel Carreras López opera para imponer a un personaje a modo.

En esta ocasión se trata del nombramiento del titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), sobre la que el artículo 92 de la Ley de Atención a Víctimas señala:

La Comisión Ejecutiva Estatal estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, de la terna que enviará el Ejecutivo Estatal, previa consulta pública dirigida principalmente a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia.

La simulada consulta, con una serie de peripecias que incluyeron una convocatoria publicada en el Periódico Oficial del Estado sin mayor promoción, un periodo de registro de propuestas de apenas cinco días, e inconsistencias desde la convocatoria que hoy son blanco de un juicio de amparo, dejó una terna a modo de Carreras López, a pesar de que hubo ocho participantes.

Como elemento de la consulta pública se estableció una ponderación numérica de la trayectoria de los aspirantes –sin que en la versión en español de la convocatoria aparecieran los valores a utilizar– en la que, por extraña coincidencia, las calificaciones más altas correspondieron a tres personajes relacionados de algún modo con la mala atención a las víctimas.

Con la calificación más alta posible, un 100, aparece Jorge Vega Arroyo, actual titular de la CEEAV, a quien diversas víctimas han acusado de preferir litigar en contra de ellas antes que facilitar las gestiones para la reparación del daño. Su confrontación con las víctimas ha generado un historial de quejas ante las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos.

Parte del resultado de esa desatención a las víctimas es la protesta iniciada en las oficinas de la CNDH por dos madres potosinas, cuya desesperación por la actitud de la CEEAV de Vega Arroyo las llevó a detonar el conflicto que hoy sigue en curso en la Ciudad de México.

Tan mal ha litigado contra las víctimas, que en el Caso Jair de Laguna de San Vicente, perdió 13 amparos que obligaron a la CEEAV de Vega Arroyo a definir la reparación integral del daño, con una sentencia judicial federal que aún se encuentra en proceso de cumplimiento.

Con la calificación máxima otorgada a Vega Arroyo, Carreras López da una señal inequívoca de pretender que el actual titular al que designó directamente hace tres años sea ratificado por el Congreso del Estado para cinco años más, a pesar de los pronunciamientos de asociaciones de abogados que lo consideran ilegal.

A Victor Hugo Liceaga Rojas, quien aparentemente fue incluido en la terna con la calificación más baja, pero superior a 90 puntos, se le ubica como abogado de la asociación Fe y Esperanza, encabezada por Rosario Torres Mata, y como parte del grupo de abogados al que pertenecen Oscar Candelas y Julio César García Meléndez.

Liceaga Rojas junto con Torres Mata gestionaron un amparo en agosto del año pasado para dar pie a que, desde Gobierno del Estado, se desactivara el plantón que mantenían víctimas a las puertas de la CEEAV.

El grupo de abogados en el que se les ubica tiene al menos dos casos en los que, con cargos en las áreas de atención a víctimas, actuaron jurídicamente contra éstas. Candelas representó al homicida del Caso Jair cuando era delegado de la CEAV, y García Meléndez encabezó el desalojo violento en contra de vecinos de Noria de San José.

Blanca Laura Martínez Belmares, propuesta con una calificación de 95 puntos, es integrante de la Asamblea Consultiva de la actual CEEAV, lo que la hace formar parte de la institución cuya actuación ha generado inconformidades como la que provocó el plantón de varias semanas hace un año y la participación determinante de dos mujeres potosinas en el conflicto actual en la CNDH.

Antes que pronunciarse a favor de las víctimas, tanto durante el plantón de hace un año como con el caso hoy vigente en la CNDH, Martínez Belmares prefirió abordar el pasado miércoles al gobernador Carreras López para pedirle “un voto de confianza”, en una clara señal sobre para quién trabajará antes que para la defensa de las víctimas.

De acuerdo con las calificaciones asignadas, sin duda Carreras López busca que el Congreso del Estado nombre a Vega Arroyo, quien en los últimos tres años ya le demostró estar de su lado. Pero si no lo nombraran a él, tiene la certeza de que cualquiera de las otras dos opciones respondería igual: a sus intereses y no al de las víctimas.

Calificaciones asignadas que adquieren un tinte de arbitrarias al no haber sido incluidos los valores de ponderación en la convocatoria y haber sido publicados con posterioridad a la entrega de la terna al Congreso del Estado, según los hechos que dan pie a la solicitud de amparo realizada por una persona que formó parte del grupo de ocho participantes en la consulta.

El amparo indirecto 600/2020 admitido por el Juzgado Primero de Distrito fue promovido por Laura Elena Martínez Martínez, quien como abogada con maestría en Derechos Humanos, forma parte del equipo de abogados que enfrentó a la CEEAV por el Caso Jair, de Laguna de San Vicente, y obtuvo 13 resoluciones favorables de la justicia federal.

Un antecedente de capacidad y persistencia que seguramente ha encendido una alarma, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, al grado de que es posible encontrar en redes sociales algunos mensajes que buscan descalificar a Martínez Martínez como aspirante, pero no responden a los cuestionamientos sobre el proceso.

El de la CEEAV es un procedimiento para nombrar al titular del organismo que debe defender a las víctimas y es el primero sobre el que la ley ordena una consulta pública, pero que desafortunadamente muestra las peripecias y maniobras de las que es capaz el Ejecutivo para imponer su voluntad.

Exhibe además, que más allá de autonomías constitucionales, en tanto los procedimientos formales para los nombramientos, por más regulados que estén y den participación a la población, si los manejan los mismos de siempre, terminan por generar compromisos para responder a quien se cree que se le debe el cargo y no a quien se debe atender.