Por Victoriano Martínez

La acusación del grupo de personas defraudadas por Invercorp en la manifestación frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra del gobernador Juan Manuel Carreras López por complicidad ante la falta de avances en la procuración de justicia no tendrá respuesta del mandatario, o se limitará –a través de algún vocero– a asegurar que respeta la autonomía de la FGE.

Desde que nombró, con el sumiso aval del Congreso del Estado, a Federico Garza Herrera como fiscal carnal, éste se auto proclamó autónomo y Carreras López se hizo del pretexto favorito para evadir hacer cumplir la Constitución Política y sus leyes en materia de justicia (y prácticamente en todas las materias), como si la autonomía lo liberara de que el pueblo se lo demande.

Desde que tiene fiscal carnal, cuya autonomía es pura simulación –y ejemplos hay muchos, hasta tan ridículos como que si la Fiscalía requiere copias certificadas al Registro Público de la Propiedad, éste las proporciona hasta que se da su intervención–, Carreras López se volvió inimputable en procuración de justicia, a pesar de ser básica en el combate a la corrupción y la inseguridad.

Si los manifestantes de este martes frente a la Fiscalía pueden señalar con razón la complicidad de Carreras López, la responsabilidad que recae sobre Garza Herrera y el agente del Ministerio Público por la falta de avance en la integración de la carpeta de investigación es la de los ejecutores materiales de la poca voluntad del gobernador para hacer valer las leyes.

Una falta de voluntad que ha quedado acreditada durante lo que lleva de su mandato con casos tan burdos y con alto grado de cinismo como la ecuación corrupta, el saqueo del presupuesto del Congreso del Estado en la Legislatura pasada con ayudas sociales simuladas, las denuncias por enriquecimiento ilícito y el caso Sandra Sánchez Ruiz contra el ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez.

La lista puede continuar con otros tantos casos que han sido escándalo público, además de que se vuelve interminable con los que padecen particulares como el de un empresario cuyo taller fue desmantelado por policías de Soledad de Graciano Sánchez, o situaciones tan inverosímiles como que una víctima haya tenido que recurrir a un amparo para ser reconocida como tal.

La manifestación del grupo de personas defraudadas por Invercorp no es la primera que provoca el incumplimiento de la protesta como gobernador hecha por Carreras López, y tampoco será la última.

Aunque puede parecer que de los casos relevantes conocidos hasta ahora los acusados forman parte de la administración pública y eso explica el tortuguismo de Garza Herrera, en tanto que el de Invercorp sería el primero de relevancia contra un particular, las características del corporativo encabezado por Gabriel Salazar Soto abren la sospecha sobre el alcance de la red de complicidad.

Ciudadanos Observando ha revelado la forma en que empresas de Salazar Soto se han beneficiado irregularmente con contratos de los Servicios de Salud, y hay indicios de que sus negocios se dieron con otras áreas de la administración pública estatal.

Se trata de circunstancias que –como los casos de Gallardo Juárez, ex diputados e incluso algunos diputados actuales, y hasta ex funcionarios de la ASE– delinean una sistemática protección a quienes cometen actos de corrupción que la manifestación de este martes frente a la Fiscalía es una reacción más, no ante el encubrimiento, sino ante la complicidad de Carreras López con la corrupción.