Por Eduardo Delgado
La primera de tres cartas que “Mary Chuy” le escribió al gobernador, Juan Manuel Carreras López, en demanda de su intervención para que cese la violencia institucional de que es objeto como empleada de Gobierno del Estado, data del 24 de mayo de 2016.
Escritos que María de Jesús Almendarez Prieto, empleada con base en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, donde hace tres años fue víctima de acoso sexual y abuso sexual por parte de Juan Martín Gatica Izaguirre, en su momento delegado del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado en esa dependencia, presentó a este medio informativo para evidenciar que el mandatario estatal “no puede decir que no está enterado de mi caso”.
Esto luego de que el pasado miércoles Mary Chuy” protestó frente al Teatro de la Paz, donde el Instituto de las Mujeres del Estado festejó el Día Internacional de la Mujer, al que acudió el Ejecutivo y quien antes de entrar a la celebración le dijo no tener conocimiento de su caso.
“Actualmente comisionada al Instituto Estatal de las Mujeres por circunstancias irregulares que enseguida expondré, con una antigüedad de 23 años en el servicio público, acudo a Usted consciente de que su llegada al cargo es reciente y en consecuencia creo que es necesario presentarle los antecedentes de mi caso, en virtud de que a la fecha no ha sido atendido como es debido y, por el contrario, se han acumulado agravios en contra de mis derechos fundamentales y de mi dignidad como persona, que requieren su pronta intervención”, se lee en el primer párrafo de la primer misiva.
Cuatro meses después, el 29 de septiembre del año anterior, “Mary Chuy” en la segunda misiva le escribió: “Acudo nuevamente a Usted en virtud de que la violencia institucional en mi contra no cesa y ahora se presenta con otras modalidades de Discriminación”.
En ella expuso que fue segregada en el Instituto de las Mujeres, encabezado por Erika Velázquez Gutiérrez, pues al iniciar un proceso de certificación para acreditar la no discriminación en ese organismo “optaron por marginarme para que no afectara el resultado esperado”.
El 25 de noviembre de 2016 le remitió la tercera carta, en la que le planteó al Gobernador: “Lamento tener que dirigirme a usted por tercera ocasión para informarle de la violencia institucional que sigo padeciendo por haber reclamado mis derechos y mi protección, tras haber sido víctima de acoso y abuso sexual, como si la defensa de mu dignidad como mujer fuera un delito que su gobierno combate aun con más diligencia que la ola de atentados que se dan en el Estado en contra de las mujeres”.
“No nada más se mata físicamente, sino también psicológicamente. Su gabinete me está matando lentamente. Por eso le solicitó urgentemente su ayuda y que pare la violencia institucional y la discriminación de que soy objeto”, le pidió.
“Apelo a su sensibilidad como ser humano y confió en su intervención como prueba de que usted no avala ni es cómplice de los actos con los que se atenta contra mi dignidad”, remató.
De las tres misivas “Mary Chuy” no ha recibido respuesta y por si fuera poco el pasado miércoles Juan Manuel Carreras, gobernador del Estado, le dijo no estar enterado de su caso, “lo que implicaría que al mandatario estatal sus colaboradores le ocultan las cartas o más bien confirma su actitud omisa, como en todo los casos”, lamentó.
