María Ruiz
El fallo del Poder Judicial Federal dentro del expediente 183/2026-III, emitido el pasado 26 de abril por la jueza sexta de Distrito en el estado, Aracely del Rocío Hernández Castillo, fue impugnado mediante un Recurso de Revisión (apelación) presentado el 7 de mayo por el coordinador de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de San Luis Potosí, de acuerdo con el posicionamiento de la organización Casa Orquídea A.C.
Ante esta acción legal, la organización civil señaló en entrevista que la falta de ejecución inmediata de la sentencia y la continuidad del litigio mantienen en incertidumbre la asignación de recursos destinados a la atención de la población LGBTIQ+ en situación de vulnerabilidad.
El fallo judicial establece que tanto el Gobierno del Estado como el Congreso del Estado de San Luis Potosí han incumplido su obligación constitucional al no asignar presupuesto específico para este sector, lo que ha sido señalado por colectivos como una forma de discriminación estructural.
El presidente de Casa Orquídea A.C., Francisco Olvera, afirmó que el proceso de impugnación impacta directamente en la operación del refugio.
“El impacto es humano. Operamos con lo mínimo que tenemos, dependemos de la voluntad de la gente, de donaciones ciudadanas y de mi esfuerzo propio. La falta de apoyo gubernamental significa que tenemos que limitar el cupo o reducir alimentos y medicinas”, explicó.
Añadió que esta situación refleja una omisión del Estado en su responsabilidad de garantizar derechos como alimentación, salud y vivienda, mientras que la apelación prolonga la incertidumbre jurídica y operativa del refugio.
“La consecuencia principal es la incertidumbre. Esto retrasa la atención y mantiene en riesgo a personas que dependen del refugio para sobrevivir”, afirmó.
Casa Orquídea A.C. advirtió que la falta de financiamiento estable impacta todo el ciclo de atención:
“Se afecta todo: alimentación diaria, alojamiento digno y acompañamiento psicológico especializado. Sin fondos estables no podemos planear nada; vivimos al día y la renta se paga mes con mes”, señaló Olvera.
El representante del refugio describió que muchas personas llegan en condiciones de abandono extremo, especialmente personas trans, adultos mayores sin redes familiares, personas con VIH y personas en situación de calle.
“Para muchas personas, el refugio es su único hogar. Aquí encuentran un espacio de descanso y recuperación”, explicó.
Olvera cuestionó la falta de correspondencia entre discursos de inclusión y asignación real de recursos.
“La inclusión sin presupuesto es simulación. Un discurso no salva vidas; lo que salva vidas son políticas públicas financiadas”, afirmó.
Casa Orquídea A.C. pidió el cumplimiento de la sentencia judicial y la creación de una partida presupuestal etiquetada para la población LGBTIQ+, sin discrecionalidad.
El activista también criticó el uso simbólico de la diversidad en la política pública, al señalar que las acciones deben traducirse en recursos concretos.
En su posicionamiento, la organización sostuvo que la situación constituye una forma de discriminación institucional:
“Prefieren litigar en tribunales con recursos públicos en lugar de destinarlos a alimentos, medicinas o vivienda. Cada mes de retraso significa personas sin techo, sin comida o sin atención médica”, advirtió Olvera.
Casa Orquídea A.C. reiteró que continuará la defensa legal del caso, pues “el acceso a una vida digna no puede depender de decisiones políticas o administrativas, sino de la garantía efectiva de derechos”.
