Fernanda Durán
Lo que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) encontró en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no es un simple error de oficina o una confusión de cuentas, es una práctica recurrente de ignorar reglas para tomar decisiones discrecionales. Es una forma de administrar que deja vacío el propósito de una institución creada, precisamente, para ponerle límites a quienes tienen el poder.
La auditoría individual AEFPO-29-CEDH-2024 consigna observaciones por 2 millones 436 mil 426 pesos, pero el dato que explica el fondo del problema es uno solo: 1 millón 750 mil 819 pesos ejercidos en personal eventual por encima del tabulador oficialmente aprobado.
El tabulador de la CEDH contemplaba tres plazas eventuales, con un techo presupuestal de 976 mil 216 pesos. No obstante, durante 2024 el organismo mantuvo hasta 13 personas eventuales en promedio, y el gasto en ese rubro ascendió a 2 millones 727 mil 035 pesos. La diferencia —1.75 millones de pesos fuera de lo autorizado— no es marginal ni explicable por un descuido administrativo. Ocurre cuando las reglas dejan de ser un límite operativo.
El uso sistemático de personal eventual fuera del tabulador no sólo contraviene la normatividad presupuestal; construye una estructura paralela de control interno. El personal eventual no tiene estabilidad ni carrera administrativa y depende directamente de quien autoriza su permanencia. En términos políticos, se trata de personal de confianza sin controles, pagado con recursos públicos y sin el respaldo normativo que la propia CEDH debería exigir a otras autoridades.
No es casual que este exceso conviva con otras prácticas observadas por el IFSE: pagos de indemnizaciones y gratificaciones a personal eventual por 84 mil 230 pesos, pese a que ese tipo de prestaciones no les corresponde legalmente; así como una prima de antigüedad por 137 mil 409 pesos otorgada a una persona que no cumplía con los años de servicio requeridos. La lógica se repite: la norma se flexibiliza cuando el poder se concentra.
El mismo patrón aparece en la contratación de servicios profesionales. El IFSE señala que la CEDH no pudo acreditar contratos que justificaran pagos por hasta 256 mil 719 pesos, no se trata de contratos mal elaborados o incompletos, sino de contratos inexistentes al momento de la fiscalización.
En una oficina que debería dar el ejemplo en orden y legalidad, esto significa que primero gastan y luego ven cómo lo justifican —si es que se justifica—.
Cuando se cruzan los datos —eventuales fuera del tabulador, prestaciones indebidas, servicios sin contrato— el resultado es claro: la CEDH a cargo de Giovanna Argüelles Moreno fue administrada como una oficina de decisiones concentradas, no como un organismo constitucional autónomo con reglas impersonales.
Dos millones de pesos pueden parecer poco frente a otros escándalos presupuestales, pero aquí el problema no es el tamaño del boquete, sino desde dónde se produce. Cuando la presidencia de un organismo de derechos humanos decide que el tabulador es negociable, que las prestaciones se otorgan por criterio y que los contratos pueden omitirse, lo que se erosiona no es sólo el presupuesto: se erosiona la autoridad moral del organismo. Y una CEDH sin autoridad moral es, en los hechos, una institución decorativa.
El argumento implícito para inflar la nómina eventual suele ser la carga de trabajo o la necesidad de fortalecer áreas sustantivas. Sin embargo, los resultados no acompañan al gasto, la Comisión puede contratar a una docena de personas fuera del tabulador, pero eso no se ha traducido en una mayor capacidad de respuesta para las víctimas. Las quejas se acumulan, los tiempos de atención no se acortan y las resoluciones de fondo siguen siendo excepcionales. No por falta de personal, sino por falta de margen de acción institucional.
La eficacia de un organismo de derechos humanos no depende del número de contratos firmados, sino del espacio político que su conducción se permite ocupar. Cuando ese margen se reduce para no incomodar al poder, toda la estructura —por amplia que sea— se vuelve inofensiva.
El caso de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) refuerza una idea incómoda: la crisis de los organismos autónomos no empieza con su extinción legal, sino con su erosión institucional.
En la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, el IFSE determinó 26 resultados con observación. De ellos, sólo tres fueron solventados antes de integrar el informe, mientras que 23 derivaron en acciones formales: 8 Pliegos de Observaciones, 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Recomendaciones, y 1 Solicitud de Aclaración.
El monto observado como probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública asciende a 937 mil 095 pesos.
Los pliegos de observaciones muestran un patrón reiterado de malas prácticas en el control del gasto , más que episodios aislados: 302 mil 261 pesos en recursos no comprobados, vinculados a saldos deudores atribuibles a exfuncionarios como el ex comisionado presidente, David Menchaca Zúñiga y el ex director de administración y finanzas; 203 mil 015 pesos por el pago de una indemnización también al ex comisionado presidente, sin que se acreditara la procedencia legal ni el fundamento normativo del pago.
219 mil 118 pesos por pagos anticipados en materia de comunicación social, sin documentación suficiente que acreditara su correcta ejecución; 121 mil 250 pesos por estímulos o prestaciones sin sustento plenamente acreditado; 27 mil 833 pesos y 40 mil 005 pesos por recargos y actualizaciones derivados de pagos extemporáneos de impuestos, una práctica básica que un órgano garante debería evitar.
Además de 11 mil 613 pesos por diferencias en remuneraciones derivadas del tabulador, que quedaron no solventadas pese a ajustes parciales; 12 mil pesos correspondientes a un anticipo para un proyecto institucional cancelado, que no fue reintegrado.
Cada monto, por sí solo, puede parecer menor. En conjunto, revelan una administración sin rigor, incapaz de cerrar expedientes, comprobar recursos o prevenir errores elementales.
Al final, instituciones como la CEGAIP siguen existiendo en el papel, tienen oficinas y personal, pero en la práctica defienden cada vez menos nuestros derechos. La auditoría no nos muestra un organismo fuerte, sino uno tan débil y mal manejado que ya no le sirve a la gente.
Cuando la autonomía se reduce a una fachada administrativa y no a una práctica institucional, el resultado es previsible: organismos que existen, gastan y sobreviven, pero ya no incomodan ni protegen. Y ese, más que cualquier cifra, es el verdadero saldo que deja la fiscalización.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como reportera en Astrolabio Diario Digital y ha colaborado en El Sol de San Luis, donde fue jefa de información. Su trabajo se enfoca en la cobertura de temas políticos, judiciales y derechos humanos, con experiencia en medios digitales e impresos.
