Fernanda Durán
El Consejo Directivo Universitario (CDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) decidió no resolver de inmediato la solicitud de remoción de la encargada de la Defensoría de Derechos Universitarios, Olivia Salazar Flores, presentada por la catedrática Luz María Lastras Martínez, por lo que se turnó el caso al Órgano Interno de Control para que investigue si hubo omisión o negativa indebida de servicio.
La queja se originó luego de que la funcionaria, según la denunciante, se negara a recibir una denuncia formal por la colocación de carteles ofensivos con su imagen alterada en los muros de la Facultad de Derecho.
La discusión se abrió con un cuestionamiento procedimental: la directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Adriana Ochoa, recordó que el 7 de noviembre la Secretaría General envió a los integrantes del CDU los plazos para registrar asuntos en el orden del día, con fecha límite el 21 de noviembre.
Subrayó que la queja de Lastras fue recibida el 26 de noviembre, a las 8:29 horas, por lo que consideró que estaba “fuera de tiempo” y que, en todo caso, debió ir en asuntos generales o seguir el cauce ordinario: primero ante la dirección de la Facultad y, de ser necesario, con apoyo de Abogacía General.
“Creo que aquí, si era tan urgente, debió recurrir a su director”, planteó, además de advertir que el CDU no puede convertirse en ventanilla inmediata para cualquier inconformidad, pues existe un “orden de gobernabilidad” y un régimen escalonado de sanciones.
Frente a esa postura, la consejera maestra de la Facultad de Derecho, Georgina González Casárez, defendió que la Defensoría sí debía haber conocido de la queja y que la negativa inicial constituiría una omisión.
Tras leer fragmentos del artículo 6 constitucional sobre los límites a la libertad de expresión y el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sostuvo que lo descrito por Lastras no puede justificarse como simple opinión estudiantil.
Recordó que la Defensoría fue creada para corregir “actos, hechos u omisiones ilegítimas, abusivas, arbitrarias, discriminatorias, negligentes, incompetentes e inoportunas” y que sus funciones incluyen “recibir quejas y denuncias contra actos u omisiones violatorias de los derechos universitarios o de los derechos humanos en este ámbito”.
Afirmó que la negativa a iniciar el trámite “contraviene directamente” ese acuerdo de creación y el principio pro persona.
En su escrito, Luz María Lastras relata que la tarde del 20 de noviembre pidió la presencia de la defensora en la Facultad de Derecho para que constatara y certificara varios carteles con su fotografía intervenida “con rayones en plumón semejando cuernos y bigotes”, acompañados de consignas como “Top de ternas culeras” y frases en las que se le acusa de “candidata perdedora” y “principal violentadora de alumnas y mujeres”.
Según la denuncia, Olivia Salazar le respondió que esos mensajes eran “la ‘libre expresión de manifestación de las ideas de los estudiantes’” y que “no había materia” para la queja.
La catedrática sostiene que esa respuesta desconoce los límites legales de la libertad de expresión y que la utilización de su imagen sin consentimiento, con fines de burla, constituye “un acto de violencia simbólica y afectación a mi integridad personal y profesional”.
La quejosa no sólo impugna la actuación concreta de la funcionaria, sino su idoneidad para el cargo. En el documento afirma que la encargada de la Defensoría “no cumple con el perfil” previsto en el acuerdo de creación, que su negativa implica una “omisión directa en el cumplimiento” de la obligación de sustanciar quejas y que su conducta revela “un total desconocimiento no solo del Derecho en sí, sino además de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna”, por lo que la califica como “mala funcionaria”.
Solicita que se investigue la presunta omisión, se ordene a la Defensoría recibir y sustanciar formalmente su queja y se determine, en su caso, la responsabilidad administrativa y la remoción del cargo.
Durante el debate, varias intervenciones ampliaron el foco más allá del caso individual y colocaron sobre la mesa las tensiones que atraviesan hoy a la universidad.
Una directora reconoció que la solicitud “representa un reto o un área de oportunidad” para revisar y mejorar el protocolo PASE, especialmente en lo relativo a la línea que separa la crítica legítima de los ataques a la honra y la trayectoria de estudiantes y docentes.
Relató que también ha recibido quejas de alumnos señalados “hasta de delitos graves” en redes y carteles, y se preguntó “¿a ellos cómo se les va a resarcir?”, con lo que se subraya el vacío de criterios claros para protegerlos sin sofocar la libertad de expresión.
Desde el sector estudiantil, un consejero expuso que, tras el paro en la Facultad de Derecho, persiste un ambiente de hostilidad y “violencia psicológica”, con muros llenos de consignas que muchos perciben como intimidantes.
Afirmó que algunos colectivos han “vandalizado” la facultad y buscan “un beneficio político, usando a los alumnos como carne de cañón”, y que quienes se reivindican como defensores de las mujeres “lo primero que hacen es atacar a las mujeres que no siguen su política”.
Otro estudiante aseguró que “varios estudiantes no se sienten protegidos por la Defensoría de Derechos Universitarios” y que la defensoría no le representa, al acusar que hay percepciones de colusión con otras áreas universitarias y de filtros informales que anticipan que quejas “no van a proceder”.
También hubo llamados a bajar el tono de la confrontación pública. La consejera maestra de Comunicación, Iraís Valenciano, invitó a Lastras a “mantener el respeto a quienes integramos este honorable Consejo Directivo Universitario” al recordar que, en diversas entrevistas, ha calificado de ineptos a algunos de sus integrantes.
Otra académica advirtió sobre el incremento de la “violencia digital” y la escalada de señalamientos cruzados desde todos los frentes, incluida la propia planta académica, y lamentó que “como mujeres somos las mujeres las que estamos atacando”, lo que para ella es “una vergüenza” independientemente de las posiciones en disputa.
Al cierre de la discusión, el rector Alejandro Zermeño Guerra, como presidente del CDU, propuso una salida intermedia: no desechar la queja ni resolver de fondo la solicitud de remoción, sino activar los mecanismos de control interno.
“Mi propuesta es que se envíe al Órgano Interno de Control para que evalúe si el comportamiento de esa funcionaria es irregular y, si es así, lo fundamental se nos presente para nosotros determinar una sanción”.
Además, resumió en acuerdo que ya fue presentada formalmente la solicitud de Lastras, que se pedirá al Órgano Interno de Control investigar la denuncia y que se ordenará a la Defensoría “recibir y registrar esta inconformidad”. La propuesta fue aprobada con varias abstenciones, sin votos en contra.
En paralelo, el escrito de la catedrática también fue leído como un intento de fijar un precedente sobre los límites de la libertad de expresión en el espacio universitario y el estándar de actuación de los órganos de protección de derechos.
En él sostiene que la Defensoría “tiene el deber de ‘sustanciar las quejas y denuncias por probable violación de derechos universitarios’” y que la negativa a tramitar su denuncia “debilita la confianza en los mecanismos internos y deja sin protección a las personas afectadas”.
La resolución del CDU se da en medio de un clima de alta polarización en la Facultad de Derecho: el proceso para definir la dirección sigue trabado; estudiantes y profesoras han denunciado violencia de género y hostilidad en asambleas; se han cuestionado los criterios con los que se integró la terna de aspirantes y se han presentado pancartas, marchas y pronunciamientos en sentidos opuestos.
En ese mismo contexto, la queja de Luz María Lastras y la controversia sobre la actuación de la Defensoría de Derechos Universitarios se han convertido en un nuevo eje de disputa sobre la forma en que la UASLP atiende los conflictos internos, garantiza derechos y pone límites a la violencia simbólica al interior de su comunidad.
