Victoriano Martínez
La empresa Infraestructura Potosina de Carreteras comenzó a pagar, a través del Comisariado Ejidal de La Tapona, por las tierras que ocupará dentro del ejido para la construcción de la autopista de cuota en el tramo entronque 75D-Matehuala, tras revertir la determinación de la asamblea en la que rechazaban aportar parte de su territorio para la obra.
El pasado 10 de junio se comenzó a entregar a los ejidatarios de La Tapona un cheque por 233 mil 025.47 pesos, desde una cuenta bancaria abierta por Mario Gaytán Salas y Cirila Barrón Cera, presidente y tesorera del Comisariado, con recursos proporcionados por la empresa.
La decisión de aceptar la ocupación previa de sus tierras se dio en una asamblea el pasado 11 de mayo, la que fue denunciada por un grupo de ejidatarios ante la Procuraduría Agraria por considerar que se realizó de manera irregular, incluso con la participación de uno de sus representantes, Felipe Flores Raya, quien la avaló.
En la asamblea se autorizó al comisariado para firmar un convenio con la Junta Estatal de Caminos “por la ocupación previa de la superficie a ser destinada a la construcción, explotación, operación y mantenimiento de una autopista de una longitud de 118.4 kilómetros”.
También se acordó recibir la contraprestación, que finalmente quedó a 60 pesos por metro cuadrado como “pago anticipado por concepto de indemnización, y el pago por los bienes distintos a la tierra”.
Voceros de Guardianes de la Sierra de San Miguelito señalaron que la empresa desplegó una serie de maniobras para presionar a los ejidatarios a través de algunos exalcaldes e infiltrados, además de la amenaza directa a quienes se oponían a la ocupación de sus tierras para la autopista.
El 11 de junio, Infraestructura Potosina de Carreteras presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la solicitud de aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la autopista de cuota en el tramo entronque 75D-Matehuala, que incluye la ocupación de 877.9 hectáreas a lo largo del trayecto.
El pasado viernes se abrió la consulta pública sobre esa MIA. Los Guardianes de la Sierra de San Miguelito anunciaron que, junto con ejidatarios de al menos cuatro ejidos, presentarán observaciones sobre inconsistencias en el documento y en el propio trámite, pues se presenta sin que se cuente con la aprobación previa de varios ejidos para la ocupación del territorio.
