Fernanda Durán
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en San Luis Potosí ha dejado de ser una institución de acompañamiento para convertirse en una instancia de hostigamiento, según lo denuncian múltiples víctimas de violaciones a derechos humanos.
Una de las voces más contundentes es la de María de Jesús Almendarez Prieto, mejor conocida como Marichuy, quien ha documentado una cadena de actos que —asegura— configuran violencia institucional sistemática, extralimitación de funciones y represalias con respaldo gubernamental.
Medidas arbitrarias y desplazamiento institucional
Marichuy sostiene que la actual administración de la CEDH, encabezada por Giovanna Argüelles Moreno, ha violentado sus derechos mediante medidas de restricción impuestas sin notificación ni plazos específicos, promovidas por supuestas denuncias ante de la Fiscalía General del Estado (FGE) por parte de la propia presidenta.
Aunque no ha sido citada por la Fiscalía, en enero de este año recibió medidas que la Comisión ha gestionado en su contra para evitar que la afectada se acerque al organismo. A ello se sumó en el mismo mes su desplazamiento administrativo forzado al ser referida a la visitaduría de Matehuala para consultar sus expedientes.
Almendarez fue notificada por correo de que sus expedientes acumulados habían sido cerrados por la CEDH con base en el artículo 105 de la ley local, sin aviso ni resolución razonada.
“Me dejaron fuera de la institución”, dice. “Metí solicitudes de copias, pedí ver mis expedientes, y me mandaron a Matehuala. ¿Por qué allá? Para que no los vea, para castigarme”.
Todo empezó, según narra, cuando supo extraoficialmente que tenía “medidas de restricción” impuestas por la propia CEDH. “¿Qué no te han notificado medidas?”, le preguntó Ángel Gonzalo Santiago Hernández, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno del Estado.
“Le dije, ‘no, a mí no me han notificado’. Ni la Fiscalía me ha notificado hasta ahorita”, afirma.
La conversación escaló hasta que Marichuy comprendió que había una carpeta de investigación activa promovida desde la propia Comisión.
“Le dije, ‘¿por qué me quieren abrir otra carpeta de investigación de las que se sacan de la manga? ¿Quieres activarla? ¿Por qué me estás pregunta y pregunta?’”.
De acuerdo con el documento oficial identificado como oficio 4VOF-0033/25, la CEDH dictó medidas precautorias que incluyen restricciones a Marichuy Almendarez para no aproximarse o entablar contacto con otra víctima solicitante.
Lo grave, señala Marichuy, es que no fue informada directamente por la Comisión ni citada a audiencia alguna que permitiera el derecho de réplica o defensa.
“Yo no he recibido ninguna notificación. Me enteré por otras vías, pero nunca me citaron. No me han dicho qué expediente es ni qué hechos motivaron esto”, declaró.
En un documento oficial de la CEDH, fechado en 2025, se asegura que tiene plena competencia para conocer de los asuntos presentados por María de Jesús Almendarez Prieto, conforme a lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de México, el artículo 17 de la Constitución del Estado, y la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí.
“Que es de conocimiento público que la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humano presentó denuncia en contra de la C. María de Jesús Almendarez Prieto y a efecto de no dejaría en un estado de indefensión es de resolverse y se resuelve”, señala el primer resultado del documento.
No obstante, en lugar de garantizar atención directa y personal como marcan los principios de atención a víctimas, la Comisión restringió de facto su acceso físico con el argumento de que existen “hechos con apariencia de delito” cometidos por Marichuy.
“Por ende, la atención a la usuaria debe continuar con las adecuaciones pertinentes, derivado de los hechos con apariencia de delito cometidos por la recurrente, toda vez que el numeral 79 del Reglamento Interno de este Organismo prevé que: Artículo 79.
Los procedimientos que se sigan ante la Comisión deberán ser breves y sencillos. Para ello se evitarán los formalismos, excepto los ordenados en la ley y en el presente Reglamento.
Se procurará, en lo posible, la comunicación inmediata con las personas víctimas, quejosas, peticionarias o denunciantes y con las autoridades, sea de manera personal, por teléfono, telégrafo, correo electrónico o por cualquier otro medio, a efecto de allegarse de los elementos suficientes para determinar su competencia y proceder al trámite de la queja”, se lee en el documento oficial.
Bajo esta justificación, la Cuarta Visitaduría, en ese entonces a cargo de Edgar Roberto Ruiz Mata, establece como único medio de comunicación el teléfono institucional, el correo electrónico oficial y videollamadas por Zoom, pero solo previa cita y bajo control del área de informática de la propia CEDH.
“En este supuesto deberá de pedir mediante vía telefónica el ID de reunión y la contraseña, misma que deberá solicitarse con previa cita con la Primera Visitadora General (Begoña Castillo)…”, señala el acuerdo.
La emisión de medidas precautorias por parte de la CEDH contra Almendarez Prieto ha sido señalada como una extralimitación institucional, no solo por el fondo del acto, sino por la ausencia de procedimiento.
Según lo documentado, las medidas se basaron únicamente en publicaciones periodísticas y no en una denuncia formal ante la FGE o una queja presentada por la persona presuntamente afectada, en este caso Argüelles Moreno. Esto podría contravenir el marco legal del propio organismo, cuyo Reglamento Interno (artículos 91 a 93) exige, al menos, la existencia de una “violación reclamada” y la integración de un expediente de queja que justifique el acto precautorio.
Lejos de ello, Marichuy fue notificada indirectamente de restricciones en su contra sin oportunidad de defenderse o aportar pruebas, lo cual vulnera su derecho al debido proceso y su seguridad jurídica. Además, las medidas son emitidas contra funcionarios públicos y autoridades denunciadas.
Señalamientos contra la primera visitadora Begoña Castillo
Otro de los ejes de su denuncia son las acciones u omisiones de Begoña Castillo, primera visitadora general. Marichuy ha documentado múltiples irregularidades en su actuación que incluye negligencia frente a solicitudes de víctimas, negativa a intervenir en hechos urgentes, así como exposición indebida de las víctimas.
Asegura que existen denuncias formales ante la Contraloría Interna de la CEDH interpuestas por otras víctimas en contra de Castillo.
“La primera visitadora no atiende, no responde. Solo está para encubrir lo que hace la presidencia. Y a las que nos quejamos nos castigan”.
Marichuy Almendarez también denuncia que la Primera Visitadora ha incurrido en actos de exposición indebida de otras víctimas al compartirle información confidencial sobre sus casos, sin ninguna justificación legal:
“Ella misma me empezó a decir cosas de otra víctima. Me empezó a decir: ‘Es que ella hizo esto, es que ella metió esto, es que…’ Yo le dije: ‘Yo no tengo por qué saber eso, ese no es mi caso’”.
Este tipo de prácticas vulnera el principio de confidencialidad. De acuerdo con el artículo 81 del reglamento interior de la CEDH, las investigaciones, trámites y documentación que obren en los expedientes de queja deben manejarse bajo la más absoluta reserva.
Las actuaciones deben ajustarse a lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, sin perjuicio de lo que se exponga en recomendaciones, informes o declaraciones institucionales, por lo que, está prohibido revelar detalles sobre denuncias, medidas o expedientes de terceros. La divulgación de información sin consentimiento compromete la dignidad de las víctimas y las expone a nuevos riesgos.
“Yo tengo derecho a mi propia queja. No a que me cuenten la de otras víctimas. Y si así hacen conmigo, ¿qué harán con mi información?”, advierte Marichuy.
El plantón de 2024 y la ruptura con la institución
El punto de quiebre fue el plantón que Marichuy mantuvo frente a la CEDH en 2024, para exigir el cumplimiento de medidas de reparación dictadas en su favor por la propia Comisión.
Desde entonces —dice— ha sido excluida de los canales institucionales, sus expedientes fueron archivados sin notificación y ha sido víctima de campañas de desinformación que buscan desligitimar su lucha.
Relata que incluso han intentado enfrentarla con otras víctimas:
“Dicen que yo mando a las demás, que soy la que manipula. Como si no tuviéramos voz propia. Eso es violencia simbólica, pero también política”.
“Ahora sí no me van a callar”, señaló visiblemente molesta, pero firme. “Mira, Lulú se planta y ahora resulta que me echan la culpa de todo a mí. Que yo la mando. ¿Ah, chihuahua? Ella tiene libre albedrío”.
También señaló que la presidenta logró generar fricciones entre el Consejo Ciudadano del organismo y las víctimas, lo que impidió cualquier acercamiento directo con sus integrantes.
Miguel Ángel Carbajal Martínez: funcionario con antecedentes
Uno de los principales reclamos hacia la presidencia de la CEDH es la reincorporación de Miguel Ángel Carbajal Martínez como secretario ejecutivo, a pesar de que tiene recomendaciones por omisión cuando se desempeñaba como funcionario público en el poder Ejecutivo y debía atender a víctimas como Marichuy.
La activista señala que su presencia en un cargo de alto nivel vulnera nuevamente a quienes han exigido justicia.
“Es como si pusieran a tu agresor al frente de tus derechos. No solo es revictimizante, es perverso”.
En el pasado, Carbajal Martínez compareció ante el Congreso del Estado por el incumplimiento de las recomendaciones 3/2017 y 22/2018 relativas a violencia institucional y discriminación, además de ser mencionado en la recomendación 05/2021 por omisiones como oficial mayor de Gobierno. Su retorno a la CEDH, sostiene Marichuy, es una señal de continuidad de las prácticas que han violentado a las víctimas.
Uno de los señalamientos más delicados es la conexión que Marichuy establece entre Miguel Ángel Carbajal Martínez, actual secretario ejecutivo de la CEDH, y Jorge Vega Arroyo, subsecretario de Gobernación del Gobierno del Estado.
Según su testimonio, la estrategia para neutralizar a las víctimas más incómodas estaría coordinada desde esa oficina.
“Él es de los que manda Vega Arroyo. Es su gente. No es coincidencia que regrese justo ahora a la CEDH, cuando nos quieren silenciar otra vez”.
Marichuy recuerda que en el pasado sostuvo confrontaciones públicas con Vega Arroyo y que desde entonces se le ha obstaculizado el acceso a mecanismos de justicia y reparación, incluso en casos donde ya existen recomendaciones a su favor.
“Ángel [Gonzalo Santiago Hernández] no tenía nada que ver. Operaron los dos en eso y le dijeron a Guadalupe Torres y como yo le dije a Ángel ustedes se subieron al barco sin investigar”.
Criminalización y falta de pruebas
Tras la difusión de versiones que la señalaban como responsable de una presunta agresión física contra la presidenta de la CEDH, Giovanna Argüelles Moreno, y declaraciones públicas del secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez en las que advierte que habría sanciones “si se comprueba la agresión”, María de Jesús Almendarez Prieto buscó directamente a la primera visitadora general, Begoña Castillo, para exigir claridad sobre los señalamientos.
Según relata Marichuy, le preguntó: “¿Por qué están diciendo eso de mí? ¿Por qué dicen que soy responsable si ni siquiera me han llamado?”. En una conversación grabada —aunque de audio deficiente— se escucha a Begoña Castillo responder de forma ambigua: “No sé qué quieren hacer”.
La falta de contundencia institucional frente a la difusión de información no confirmada, y la ambigüedad de las autoridades, reforzaron la percepción de Almendarez de que era objeto de una estrategia de criminalización sin sustento.
Además, solicitó formalmente los videos del circuito cerrado de la CEDH para demostrar que no tuvo contacto con la presidenta ni estuvo presente durante los hechos relatados, pero ha enfrentado obstáculos para recibir la información incluso desde CEGAIP.
“Y me dijo [el subsecretario de Derechos Humanos]: ‘entonces, ¿tú nunca la has visto?’ Me dijo, ‘¿Tú no la has visto?’ O sea, es mentira que se cayó de la escalera y todo. Y le dije: ‘Yo tengo tres meses (hasta la fecha de la supuesta agresión) que no la voy a ver’. O sea, ¿cómo se cayó? Si ese día que dicen que se cayó yo estaba recibiendo una recomendación con un abogado”.
Acceso limitado a expedientes y denuncia contra otra víctima
Uno de los aspectos más graves que denuncia Marichuy es la restricción sistemática al acceso de las víctimas a sus propios expedientes dentro de la CEDH, pues incluso debían solicitar citas formales para consultar los documentos, pero muchas veces no se les agendaba o se les condicionaba el acceso.
“No podíamos ni revisar nuestras propias quejas. Nos trataban como si fuéramos intrusas en procesos que nos pertenecen”, afirma.
Menciona el caso de Silvia Castillo, quien ha acompañado su lucha en los plantones. Al intentar revisar su expediente y tomar una copia física del mismo, fue presuntamente denunciada por la Primera Visitadora como si se tratara de una sustracción indebida.
“Eso no es protección institucional, es criminalización. Silvia no hizo más que reclamar lo que le pertenece: su derecho a la verdad y a la memoria de su hijo”, sostiene Marichuy.
Para ella, este tipo de acciones confirma que la CEDH ha adoptado una postura autoritaria hacia las víctimas incómodas.
“En lugar de atendernos, nos denuncian. En lugar de abrir expedientes, los esconden”.
En su conjunto, los hechos descritos por Marichuy —respaldados por oficios, medidas y capturas institucionales— configuran un patrón que revela cómo la CEDH actuaría más como un brazo político del Gobierno del Estado que como un organismo autónomo de protección a los derechos humanos.
“No hay justicia en la CEDH. Es un cascarón. Nos expulsan, nos callan, nos vigilan; ya no acompañan a las víctimas: las persiguen”.
