Jaime Nava

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 15/2020 dirigida a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) por violar los derechos de una trabajadora que fue despedida por ausentarse un día debido a que se encontraba internada en el hospital por complicaciones en su embarazo.

Después de haber pasado un día en el hospital, el 26 de junio del 2018, María Eugenia Barrios Meza, entonces titular de la Dirección de Ecología Urbana, regresó a su oficina y se enteró que, mientras ella se encontraba en el hospital, fue removida del cargo y otra persona fue designada para sustituirla.

Además, a María Eugenia le pidieron que firmara dos cartas de renuncia, una dirigida a la titular de la Segam, Yvett Salazar Torres, y otra al gobernador Juan Manuel Carreras López; sin embargo, ella se negó a hacerlo argumentando que en ningún momento había renunciado, pero, vía Whatsapp, Yvett Salazar le recordó que desde que ingresó había firmado una renuncia.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó que, pese a que María Eugenia Barrios Meza se encontraba delicada de salud y en periodo de incapacidad, se le despidió y no se protegieron sus derechos como mujer y trabajadora.

Los días 14 y 15 de junio, 10 días antes de ingresar al hospital, María Eugenia Barrios Meza participó en actividades de reforestación en el parque Tangamanga en el municipio de Rioverde, donde tuvo que realizar un esfuerzo físico considerable al cargar y descargar cientos de plantas. La Segam argumentó que desconocía el embarazo de su trabajadora y que sus funciones como directora no implicaban esfuerzo, “que en ningún momento instruyó a María Eugenia Barrios que ella personalmente cargara o descargara plantas, y que en su caso tales acciones fueron llevadas por iniciativa propia y bajo su propio riesgo”.

La CEDH dio cuenta de que el Instituto Mexicano del Seguro Social expidió el certificado de incapacidad LV3622378 junto a una nota médica en la que se indicaba que María Eugenia Barios Meza presentaba un embarazo de 29.6 semanas de gestación y amenaza de parto prematuro, por lo que se le indicó reposo por siete días; sin embargo, fue despedida durante ese periodo.

Asimismo, se evidenció que no se garantizó que desarrollara su trabajo en condiciones dignas y se le violentó durante el proceso de entrega-recepción ya que la titular del órgano de control interno de la Segam revisó sus bolsos personales.

“Es de considerarse que se tenía la obligación de efectuar acciones efectivas a efecto de que se respetara el derecho de María Eugenia Barrios Meza a un trato digno, a la igualdad y no discriminación, lo cual no ocurrió por parte de las autoridades responsables, puesto que con su actuar se ejerció una violencia laboral hacia la víctima”, señaló la CEDH.

Aunque la Segam argumentó que María Eugenia Barrios Meza renunció “voluntariamente” a la institución y se indicó que se trata de un asunto que está siendo analizado en un Juicio laboral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos indicó que al órgano Interno de Control de la Segam le corresponde “realizar una investigación sobre la existencia de las cartas de renuncia y su utilización” para verificar si en los expedientes laborales de los trabajadores aparecen ese tipo de documentos “que lesionan el derecho al trabajo y a la seguridad jurídica”.

Por todo lo anterior, la CEDH recomendó inscribir a María Eugenia Barrios Meza en el Registro Estatal de Víctimas para garantizarse el acceso a la reparación integral del daño.

Como garantía de no repetición, se le pidió a Yvett Salazar girar instrucciones “a la Dirección Administrativa y áreas afines de Recursos Humanos a efecto de que las y los servidores públicos adscritos a las mismas se abstengan de solicitar a aspirantes a algún puesto laboral estampen la firma o alguna huella dactilar en escritos de renuncia laboral sin fecha o posfechados, como condicionante para su ingreso y/o permanencia en el empleo, cargo o comisión en esa Secretaria”.

Incluso se ordenó que los directivos y jefes de departamento tomen una capacitación especializada en los “Derechos Humanos de las Mujeres en el ámbito laboral” y la propia CEDH, a través de su área de Educación, se ofreció a impartir ese curso.

Copias de la recomendación 15/2020 por la violación al derecho humano al trabajo, a la seguridad jurídica y a la legalidad, así como al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia fueron enviadas al secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías y al titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Jorge Vega Arroyo.

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