María Ruiz
Durante 2025, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) registró más de 250 quejas en contra de dependencias del Gobierno del Estado, según la información estadística difundida en la Plataforma Estatal de Transparencia.
Los expedientes documentan presuntas violaciones a derechos humanos en áreas clave como procuración de justicia, defensa legal, educación, seguridad pública, salud y sistema penitenciario, con señalamientos reiterados por dilación institucional, trato indigno, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, omisiones en la atención médica y vulneración de derechos de niñas, niños, personas trabajadoras y personas privadas de la libertad.
La Fiscalía General del Estado fue la dependencia con mayor número de quejas acumuladas en el año, con alrededor de 59 expedientes. Las denuncias se relacionaron principalmente con retrasos injustificados en la integración de investigaciones penales, negativa a recibir denuncias, tortura, tratos crueles, cateos sin formalidades legales, detenciones arbitrarias, apoderamiento indebido de bienes y violaciones a la seguridad jurídica, manteniéndose como una de las autoridades más señaladas durante prácticamente todo el año.
La Coordinación General de la Defensoría Pública del Estado ocupó el segundo lugar, con aproximadamente 57 quejas, concentradas sobre todo en abril y mayo. Las inconformidades denunciaron impedimentos para ejercer una defensa adecuada, negativa de comunicación entre personas detenidas y sus defensores, omisión de informar derechos, falta de intérpretes y traductores, así como deficiencias en la representación legal.
En el sector educativo, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) cerró el año con alrededor de 53 quejas, relacionadas con abuso sexual contra estudiantes, acoso y violencia escolar, maltrato, amenazas, omisiones para garantizar educación de calidad, vulneración de derechos de menores y personas con discapacidad, así como violaciones a derechos laborales del personal docente y administrativo.
A estas se sumaron las quejas contra el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), que acumuló alrededor de 10 expedientes, por omitir acciones contra acoso escolar, vulnerar derechos de menores y afectar el derecho al trabajo y al trato digno. También aparecieron señalamientos contra la Dirección de Colegios de Bachilleres del Estado, con dos quejas relacionadas con omisiones ante violencia escolar y falta de fundamentación de actos de autoridad.
El sistema penitenciario estatal fue otro de los focos constantes. La Dirección General de Prevención y Reinserción Social registró cerca de 48 quejas durante 2025, derivadas de condiciones indignas de internamiento, atención médica inadecuada, falta de medicamentos, amenazas, intimidación, malos tratos, traslados injustificados, omisión de vigilancia y obstáculos para el acceso a la defensa legal y a visitas, con presencia continua a lo largo del año.
En materia de seguridad pública, las quejas se distribuyeron entre la Guardia Civil Estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, que en conjunto sumaron al menos 16 expedientes. Las violaciones denunciadas incluyeron detenciones arbitrarias, uso arbitrario o excesivo de la fuerza, amenazas, lesiones, cateos ilegales y apoderamiento indebido de bienes, con registros en distintos meses del año.
El rubro de salud también estuvo presente. Los Servicios de Salud del Estado y el ISSSTE acumularon al menos tres quejas relacionadas con inadecuada atención médica, omisión de servicios, limitación de acceso a la salud y acciones contrarias a la legalidad, tanto en contextos hospitalarios como de atención a personas privadas de la libertad.
Otras dependencias estatales con menor número de expedientes, pero incluidas en el registro anual, fueron la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), con dos quejas por omisiones en el acompañamiento a víctimas y falta de información sobre investigaciones penales; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con una queja por aplicación ilegal de infracciones; y la Coordinación de la Defensoría Social y de Oficio, con una queja relacionada con impedir el ejercicio de una defensa adecuada.
El balance de la CEDH muestra que 2025 cerró con una dispersión amplia de dependencias estatales señaladas, aunque con una concentración clara en justicia, educación, defensa legal y sistema penitenciario, evidenciando retos estructurales persistentes en el respeto a los derechos humanos y en la actuación de las instituciones del Gobierno del Estado.
