Fernanda Durán
Casi 80 días después, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí volvió a retirar fichas de búsqueda y mensajes alusivos a personas desaparecidas que permanecían en su fachada desde el pasado 14 de junio, cuando colectivos de madres buscadoras realizaron una intervención artística para denunciar la indiferencia institucional.
La mañana de este 1 de septiembre personal de la institución emprendió labores de limpieza que incluyeron el retiro de las fichas y pintas instaladas durante aquella jornada, en la que familiares de víctimas colocaron retratos, consignas, flores y colores sobre los muros del organismo; hoy se eliminó el rastro de aquella exigencia colectiva.
El hecho revive la controversia generada en mayo, cuando la CEDH ya había retirado fichas colocadas por las madres buscadoras, lo que provocó indignación social y obligó a la presidenta del organismo, Giovanna Itzel Argüelles, a ofrecer una disculpa pública.
Para los colectivos, la permanencia de las fichas en la fachada simbolizaba un espacio de memoria y resistencia frente a la ausencia de políticas efectivas de búsqueda; su retiro, en cambio, es interpretado como un gesto de indiferencia por parte del organismo que debería ser garante de los derechos humanos en la entidad.
Desde el primer retiro de fichas en mayo, el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros advirtió que la acción implicaba una afectación directa al derecho a la verdad, a la memoria y al duelo colectivo, derechos reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte de la reparación integral a víctimas de graves violaciones.
También señalaron que la CEDH ha mantenido una postura omisa, pues no ha emitido informes sobre desapariciones desde 2019 ni ha acompañado con firmeza a las familias en sus exigencias al limitar su papel a un gesto que fue interpretado como un acto de silenciamiento institucional.
Desde la segunda intervención del colectivo —hace 79 días—, la presidenta de la CEDH accedió a la petición del colectivo Voz y Dignidad, que estableció un plazo de seis meses para que la Comisión brinde una respuesta pública y sustantiva a los puntos planteados, los cuales incluyen la elaboración de un informe especial sobre desaparición de personas en el estado, la presentación de un reporte detallado sobre las acciones institucionales en materia de atención a víctimas, y la apertura de una investigación administrativa por el retiro de fichas de búsqueda dentro de su sede.
Las organizaciones han recalcado que el cumplimiento de estas acciones no es opcional ni discrecional, sino una obligación legal, constitucional y ética del organismo garante de derechos humanos.
