Abelardo Medellín Pérez
En términos políticos, 2026 será la ante sala de la elección por la gubernatura de San Luis Potosí y por tanto un año convulso de definiciones y surgimiento de nuevos frentes, sin embargo, en términos electorales el próximo año ya se advierte como una nueva oportunidad para que el Gobierno del Estado mutile y ponga en riesgo la situación presupuestal del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), mismo que, en menos de un año, iniciará con los preparativos para la elección del 2027.
Esta semana, desde el Congreso local se anunció que el presupuesto para el organismo electoral será de 253 millones 559 mil 67 pesos, lo cual es 150 millones de pesos menos de lo solicitado por el Ceepac, quien aprobó un proyecto para pedir 407 millones 767 mil 819 pesos, montos que incluyen los recursos para partidos políticos.
El anuncio del inminente recorte es fatídico, como cada año, pero ya no sorprende. Desde 2022, primer año completo del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, la administración estatal se ha caracterizado por emprender riesgosos e innecesarios recortes a los recursos que el organismo electoral requiere para sus actividades, a tal grado que tan solo en 2025 el Ceepac necesitó recursos extraordinarios que luego no pudo pagar, debido a que el gobierno no cumplió con su parte de las aportaciones.
La mezquindad y usura del gobierno, como dijimos, ya no sorprenden. Gallardo Cardona y su administración, todos los sabemos ya, pasarán a la historia como un ejemplo de obscenidad e irresponsabilidad financiera. Por un lado, presumen con bombo y platillo el derroche de recursos en obras y espectáculos que nadie pidió y nadie puede verificar; y por el otro lado, arden de rabia cuando un ente autónomo les solicita los recursos que, por acuerdo y normativa, están obligados a pagar.
La Gallardía entonces es buena para el derroche innecesario y mala para la gestión de los recursos indispensables. Una receta para el desastre o el obituario de un gobierno que expirará bajo su propia ruina financiera.
El Ceepac y lo que ha padecido los últimos cuatro años son el ejemplo y la víctima de esta constante de irresponsabilidades; el problema es que, a diferencia de entes como la UASLP, el organismo electoral prefiere estirar tanto como puede su paciencia institucional y poner en riesgo su operatividad presupuestal, antes que señalar los profundos conflictos que han provocados los recortes y la indiferencia del ejecutivo.
Para empezar, el Ceepac ha tenido desde hace cuatro años una batalla tras otra. En 2021 organizó la elección local y por la gubernatura del Estado, en 2022 la penosa simulación de la revocación de mandato, en 2023 el aún más lamentable ejercicio de plebiscito para la municipalización de Villa de Pozos, en 2024 la elección local de diputados y alcaldes, y en 2025 la infame elección judicial.
En cinco años ha habido más procesos electorales y de participación ciudadana organizados por el Ceepac que Fenapo’s organizadas por el gobierno Gallardista y, aún así, casi al mismo tiempo el organismo ha enfrentado déficits presupuestales, recortes recurrentes, atrasos de ministraciones y decenas de reajustes a su propio gasto con tal de sacar sus responsabilidades adelante.
En cada uno de esos años después de 2022, el Consejo ha tenido que malabarear con los recortes, algunos tan notorios como los de 2023 y 2024, años en que hubo plebiscito, elección local, recortes de más de 200 millones de pesos y, además, riesgos operativos, entre medios y altos, declarados por el Instituto Nacional Electoral (INE) dentro de sus Informes sobre la situación presupuestal de los OPL.
El organismo potosino ahora tiene a la vuelta de la esquina un proceso local y que contendrá la elección de la gubernatura del estado; una coyuntura que trae consigo la expectativa de todos los actores interesados. Entre ellos el propio gobernador.
En menos de un año, la carrera por la sucesión o la alternancia en la silla grande del gobierno estatal iniciará y con ella, aunque teman admitirlo, se abrirán decenas de frentes y actores libres que harán lo que sea necesario por ver la cabeza del Gallardismo caer. Campañas negras, apoyo de grupos federales morenistas a candidatos emergentes, perfiles relegados que buscarán reorganizarse con otros partidos, resentidos políticos que empujarán la posibilidad de la alternancia.
En lugar de fortalecer un marco de competencia regulada que pretenda beneficiarse únicamente de su invasiva presencia pública, ahora el proyecto Verde se enfrenta a un contexto de múltiples frentes y un árbitro que no está preparado para intervenir.
Lo que es más grave y realmente preocupante del asunto: el árbitro, luego de tantos procesos y tantos tropiezos presupuestales, ¿podrá intervenir para proteger el interés de la ciudadanía?, ¿podrá intervenir ante violaciones contra los derechos de un ciudadano cuando detrás suyo le persigue el dilema de recibir recursos suficientes o castigar las irregularidades del grupo en el poder?
Ante el anuncio de este nuevo recorte lo único seguro es que San Luis Potosí volverá a aparecer en los primeros lugares de riesgo operativo en materia electoral, y lo único que queda por esperar son las dos reacciones posibles: el Ceepac toma en serio las condiciones en las que ha operado los últimos años y exige lo que como organismo requiere para hacer el trabajo que necesitamos que haga, o espera pasivamente que “ahora sí cumpla” el ejecutivo y navega su ya usual problema del dinero que no alcanza.
¿Una lucha necesaria por la dignidad institucional u otro organismo que se va a la guerra con medio fusil?
