Eduardo Delgado

La Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Silvia del Carmen Martínez Méndez, integró mal la denuncia interpuesta por Paloma Rachel Aguilar Correa contra Joaquín Muñoz Mendoza, a quien acusó de violencia política en razón de género, determinó el Tribunal Electoral del Estado (TEE).

En su carácter de precandidata de Morena a la gubernatura, Paloma Aguilar presentó una denuncia porque el acusado publicó en su cuenta de Facebook: “SLP: UNA CANDIDATA DE MORENA CONFUNDE EL CARISMA CON LA PUTERÍA…finalmente qué más da”. El usuario “Jaime Delsol” le preguntó a quién se refería y respondió: “Paloma Rache”. 

Este martes, en sesión plenaria del Tribunal, fue aprobado por unanimidad el acuerdo para devolver al Ceepac el expediente, cuya clave de identificación es TESLP/PSE/03/2021, “a fin de que agote debidamente la investigación”, de tal manera que determine la infracción atribuida al presunto infractor y, en consecuencia, realice las diligencias y reponga la audiencia de pruebas y alegatos, a fin de corregir las omisiones y deficiencias en la integración del expediente, ordenaron las magistradas Dennise Adriana Porras Guerrero y Yolanda Pedroza Reyes, y el magistrado Rigoberto Garza de Lira.

Como autoridad investigadora responsable de acreditar el acto denunciado, “se limitó a buscar en medios electrónicos publicaciones relacionadas al mensaje, así como a obtener el domicilio del imputado, siendo omisa en recabar pruebas de la calidad de la denunciante y del acusado, lo que es necesario para determinar la competencia de la autoridad”, precisaron.

Además, omitió comprobar si el perfil de la red social pertenece o es administrada por Joaquín Muñoz, “lo que implica el incumplimiento de su deber”, consistente en realizar investigaciones “serias y exhaustivas, para permitir la defensa del acusado y en respeto al principio de presunción de inocencia”, abundaron.

Tampoco le notificó la denuncia al acusado, en cuyo caso “trastoca el derecho de audiencia y al debido proceso. Además hubo dilación en la tramitación del expediente”, pues pasaron 15 días “sin ninguna actuación”, añadieron.

También omitió informar al Tribunal de la admisión de la  denuncia, como establece la Ley General  de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en su artículo 474 bis señala que la secretaria ejecutiva deberá admitir o desechar la denuncia en un plazo y  tal resolución deberá ser notificada al Tribunal Electoral. 

Respecto de las medidas cautelares, por tratarse de un caso de violencia política en razón de género, las magistradas y el magistrado expusieron que, como autoridad investigadora, le ordenó al denunciado abstenerse de realizar por sí o por interpósita persona, señalamientos o expresiones en contra de la denunciante, así como evitar cualquier acto u omisión, que le pudiera causar algún daño físico, psicológico, económico o sexual, a la denunciante, sus familiares o colaboradores. 

Admitieron que esa medida tiene como finalidad impedir que el denunciado cometa actos a futuro que puedan dañar física, psicológica, económica o sexualmente a la víctima, sin embargo “no se estima una medida eficaz para hacer cesar, al menos preventivamente, el daño a la dignidad de Paloma Rachel Aguilar Correa”.

“Es decir, se conminó al presunto agresor a abstenerse de realizar actos futuros, pero no se le ordenó retirar la publicación denunciada, lo que implica que dicha publicación continúe -bajo la apariencia del buen derecho- lesionando la dignidad de la víctima”, precisaron. 

Silvia del Carmen fue consejera electoral durante tres años, del primero de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2017. Enseguida se inscribió como aspirante a magistrada en el Tribunal Electoral del Estado, cargo para el que entonces resultó electa Yolanda Pedroza, autora del proyecto del acuerdo adverso para la hoy Secretaria Ejecutiva del Ceepac, posición que dejó vacante Héctor Avilés Fernández y en la que Silvia del Carmen cumplirá medio año el próximo lunes, cuyo encargo  asumió ella después  de renunciar como consejera de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral.