Fernanda Durán
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) emitió un acuerdo mediante el cual ordenó medidas de protección a favor de una regidora del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, tras advertir la probable comisión de actos que podrían constituir violencia política en razón de género al interior del gobierno municipal.
De acuerdo con el documento oficial, la denuncia fue presentada por la regidora priista Elide Eunice Álvarez Castillo, quien señaló conductas que presuntamente habrían afectado el ejercicio de sus derechos político-electorales y el desempeño de su cargo dentro del cabildo.
En el acuerdo, el organismo electoral identifica como personas denunciadas a la presidenta municipal de Ciudad del Maíz, Rosa Angélica Martínez Linares; al secretario general del Ayuntamiento, Noé Hernández Curandero; al primer regidor Juan Pablo Bañuelos Vázquez; a la tesorera municipal Analí Montelongo Martínez y a la síndica municipal María Martina de la Torre Ortega.
Tras una valoración de riesgo clasificada como “media”, el Ceepac determinó procedente dictar medidas cautelares con el objetivo de prevenir la repetición de conductas que pudieran afectar la integridad personal de la denunciante o limitar el ejercicio de sus funciones como regidora.
Entre las medidas ordenadas se establece que las personas señaladas deberán abstenerse de realizar, por sí o a través de terceros, actos de intimidación, hostigamiento, presión, discriminación u obstaculización en contra de la regidora, así como emitir expresiones o manifestaciones, incluso mediante redes sociales o medios de comunicación, que puedan afectarla directa o indirectamente.
El acuerdo también advierte que, en caso de incumplimiento, las personas denunciadas podrían hacerse acreedoras a medidas de apremio previstas en la normativa electoral, que van desde apercibimientos y amonestaciones hasta sanciones económicas o el auxilio de la fuerza pública.
Las medidas de protección tendrán una vigencia inicial de 60 días naturales, contados a partir de su notificación, es decir el pasado viernes 19 de diciembre, con la posibilidad de ser prorrogadas si así se solicita antes de la conclusión del plazo.
El propio Ceepac precisó que la adopción de estas medidas no implica un pronunciamiento anticipado sobre la responsabilidad de las personas denunciadas ni la resolución de fondo del procedimiento, sino que responde a la obligación de actuar de manera preventiva para evitar posibles daños irreparables a los derechos de la denunciante mientras se sustancia el caso.
