Fernanda Durán
Ante los señalamientos por la presunta injerencia del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en el proceso de municipalización de Villa de Pozos, el consejero Marco Iván Vargas Cuellar aseguró que la organización del plebiscito por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) se rige estrictamente con lo que establece la ley basándose en los criterios de legalidad, certeza y autonomía.
El consejero negó que la organización del plebiscito esté a la moción de lo que determine el Ejecutivo, ya que los consejeros han insistido por un par de semanas que están obligados a cumplir lo que dice la Ley de Referéndum y Plebiscito, así como la Ley Electoral.
“Tenemos la jornada en un intervalo de 90 días después de emitida la convocatoria, tenemos que sacar la convocatoria 15 días después de declarada la procedencia del plebiscito y son las cosas que estamos haciendo”.
A raíz de las declaraciones del gobernador sobre la fecha definitiva de la jornada del plebiscito, el consejero consideró que provocaron desinformación, pues algunas personas interpretaron que el Poder Ejecutivo determinó la fecha, pero al igual que la consejera presidenta Paloma Blanco López señaló que esta información se dio a conocer en algunos medios de comunicación días antes.
También descartó que el Ceepac haya improvisado medidas para ajustarse a cualquier voluntad política, especialmente con el presupuesto, al argumentar que la petición inicial de 55 millones de pesos planteaba la instalación del cien por ciento de las casillas, ahora llamadas mesas receptoras de opinión, como si se tratara de una elección ordinaria en el municipio.
Sin embargo, cuando el Congreso del Estado sugirió ajustarse al presupuesto de 20 millones de pesos, aplicaron las medidas de la consulta de revocación de mandato, es decir, instalar un tercera parte de las casillas, lo cual fue analizado a través de un estudio para determinar y compactar en unidades territoriales, una por cada 2 mil electores.
“Va a ocurrir muy parecido a la revocación de mandato, se le va a informar de manera oportuna a la gente en dónde va a estar su mesa receptora de opinión para que ya vaya y sea votado, pero ahí no hay riesgo de certeza de nada, es decir, se ha tomado un proyecto del INE, ya ha sido confirmado por los tribunales”.
En cuanto a las críticas por presuntamente ceder a la presión política, indicó que el plebiscito solo es uno de muchos requisitos que el Poder Legislativo tiene que reunir para decretar el municipio, incluso el Ceepac ha advertido que la consulta no puede hacerse en dos o tres semanas, sino que debe alinearse al calendario establecido.
“Nosotros no estamos improvisando ni vamos a improvisar en la realización de esta actividad, y como siempre, todos los actos de autoridad que emita el Ceepac son actos revisables por los tribunales. Alguien que quiera meter un medio de impugnación nosotros estaremos atentos a las determinaciones de la autoridad jurisdiccional, pero nosotros nos estamos tomando el debido cuidado de hacer estas cosas de la manera correcta”.
Asimismo, mencionó que los actos en los que el Ceepac se basa son preceptos firmes, mientras que la invalidez tendrá efecto hasta 2024 después de la elección.
Lo anterior derivado de los cuestionamientos de Oscar Vera Frabegat, representante del partido Conciencia Popular, sobre la firmeza de la Ley Electoral debido a la reciente acción de inconstitucionalidad determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“A partir de esto nosotros nos estamos basando estrictamente en los criterios de legalidad, de certeza y, hay que decirlo también, de autonomía”.
Además, opinó que las consideraciones y el diálogo debió darse al momento de votar el acuerdo del calendario y la convocatoria, pero no al inicio de la sesión, pues “necesitamos que apoyen y acompañen este proceso que se hace en democracia”.
