Fernanda Durán
En respuesta a los señalamientos de la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, sobre un supuesto desvío de recursos para fines distintos al arrendamiento de inmuebles, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) emitió un comunicado la noche del viernes para defender la legalidad y transparencia en el ejercicio de su presupuesto.
El organismo negó que se hayan destinado recursos del proceso electoral extraordinario a conceptos ajenos a su fin, además de que los 110 millones de pesos autorizados para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial han sido ejercidos de manera exclusiva y responsable.
“Los recursos asignados para la organización del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial local se han ejercido de manera exclusiva para ese fin, garantizando en todo momento eficiencia, legalidad y transparencia”, señaló el Ceepac.
El Consejo recalcó que presenta informes financieros mensuales al Congreso del Estado, y que además rinde cuentas públicamente durante las sesiones del Consejo General, mientras que toda la información relevante es publicada en la Plataforma Estatal de Transparencia con el fin de garantizar el escrutinio ciudadano.
También subrayaron que el organismo está sujeto a revisiones por parte de su Órgano Interno de Control, del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Aunado a ello, destacaron que, de forma voluntaria, el Ceepac contrata auditorías externas especializadas en fiscalización y seguridad social.
Frente a las declaraciones de García Vidal sobre presuntos adeudos con arrendadores, el organismo electoral puntualizó que las oficinas centrales se encuentran en un inmueble propio, y que las rentas derivadas del proceso electoral fueron liquidadas oportunamente.
“El Ceepac no mantiene adeudos con arrendadores, pues las oficinas centrales se ubican en un edificio propio y las obligaciones contraídas por arrendamientos de inmuebles durante el proceso electoral han sido liquidadas con oportunidad”, aclaró el comunicado.
Pese a los señalamientos, el organismo electoral reiteró la necesidad de contar con una ampliación presupuestal por 21 millones de pesos, requerida para saldar la deuda contraída con el Instituto Nacional Electoral (INE) por la organización conjunta del proceso electoral judicial, en cumplimiento del convenio de colaboración entre ambas instituciones.
“La solicitud de ampliación presupuestal por parte del Consejo continúa en razón de la necesidad vigente del organismo, para hacer frente al Convenio INE; por lo que los recursos solicitados, resultan indispensables para que San Luis Potosí concluya de manera óptima el proceso electoral judicial”.
Este posicionamiento se dio apenas unas horas después de que la titular de Finanzas, Ariana García Vidal, acusara públicamente al Ceepac de haber utilizado recursos estatales para otros fines, como el pago de liquidaciones, en lugar de cumplir con compromisos como el pago de rentas.
Incluso sugirió que podría haber responsabilidades administrativas por esta supuesta desviación, y que el Ejecutivo buscará llegar a acuerdos con arrendadores para regularizar el pasivo.
