Fernanda Durán
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) aprobó una serie de propuestas para modificar la legislación electoral de San Luis Potosí, con las que busca corregir vacíos y problemas operativos detectados durante la primera elección de personas juzgadoras de 2025, desde la duración de los Comités de Evaluación hasta el registro y sustitución de candidaturas, los cómputos y la integración del propio Consejo General.
Las observaciones serán remitidas al Congreso del Estado para su análisis y eventual incorporación a la legislación para la próxima elección judicial en 2030. De manera paralela, el organismo aprobó ejercer su facultad para presentar una iniciativa que plantea reformas a la Constitución local y diversos artículos de la Ley Electoral.
Durante la sesión ordinaria de este viernes, la consejera Graciela Díaz Vázquez explicó que el documento es resultado de los trabajos realizados desde octubre de 2025 por una comisión temporal creada específicamente para revisar la experiencia de la elección judicial.
En su elaboración participaron las áreas y unidades técnicas del Ceepac y se realizaron reuniones con los Comités de Evaluación de los poderes del Estado, para revisar desde una perspectiva jurídica, técnica y operativa las dificultades encontradas durante el proceso.
Entre los principales cambios se encuentra establecer expresamente hasta cuándo deberán funcionar los Comités de Evaluación. La propuesta es que permanezcan constituidos hasta la conclusión de todo el proceso electoral, pues actualmente su temporalidad no permite atender con claridad asuntos posteriores a la integración de las listas, como impugnaciones, cumplimiento de sentencias, sustituciones o aclaraciones relacionadas con sus decisiones.
También se plantea precisar cómo se integrará el Consejo General cuando se desarrollen elecciones judiciales. Para los asuntos relacionados con estos comicios participarían las siete consejerías electorales y la Secretaría Ejecutiva, mientras que las representaciones de los partidos políticos y del Poder Legislativo quedarían fuera de las acciones, actividades y sesiones correspondientes a la elección de personas juzgadoras.
La intención es además separar este tipo de sesiones de las ordinarias cuando ambos procesos coincidan.
Otro de los vacíos identificados corresponde al registro de candidaturas judiciales. Díaz Vázquez explicó que la legislación actual habla de recibir los listados, pero no establece de manera expresa el registro ni todo el procedimiento que implica.
Por ello, el Ceepac propone definir esa atribución y establecer un mecanismo para que el Poder Legislativo remita la información individual, documentación y listas de las candidaturas en los tiempos y formatos requeridos por la autoridad electoral.
“Si bien se alude a la recepción de las listas no está manifestada en la ley electoral actualmente el registro de las candidaturas que eso implica pues su propio procedimiento”, señaló Díaz Vázquez.
La propuesta también permitiría al Ceepac solicitar modificaciones a las listas para garantizar la paridad de género y requerir a los Comités de Evaluación documentación que se encuentre en su poder. Durante el proceso de 2025, la entrega de expedientes generó dificultades cuando tribunales locales y federales solicitaron información de las candidaturas.
Otro cambio establece un plazo límite para sustituir candidaturas por fallecimiento, incapacidad, inhabilitación o declinación. La sustitución podría realizarse hasta tres días antes del inicio de la impresión de las boletas; una vez enviadas a impresión, ya no se modificarían para incorporar cambios posteriores.
En materia de escrutinio y cómputo, el Ceepac propone precisar que los votos de la elección judicial no serán contabilizados directamente en las casillas, sino posteriormente por los órganos electorales correspondientes. Cuando coincidan elecciones de ayuntamientos y de personas juzgadoras, los Comités Municipales Electorales deberán realizar primero el cómputo municipal y, una vez concluido, continuar con el de la elección judicial.
Asimismo, se propone fortalecer las tareas de información y capacitación. El documento reconoce que en la elección de 2025 una parte de la población desconocía los cargos que estaban en disputa y la manera de votar, por lo que plantea ampliar las herramientas de comunicación para disminuir la incidencia de votos nulos.
Los Comités Municipales también tendrían mayor participación en la promoción del voto y la educación cívica, aprovechando su presencia territorial en los 59 municipios.
Por su parte, el consejero Juan Manuel Ramírez García sostuvo que las modificaciones buscan cubrir etapas y atribuciones que no quedaron suficientemente definidas durante la primera experiencia de elección judicial.
“Llenándolos de algunas etapas o atribuciones específicas, plazos específicos, de manera que, pues, en la elección de dos mil treinta, podamos tener una elección judicial, pues, digamos mucho más robusta, con muchísimo más certeza”.
Ramírez García llamó además a las actuales fuerzas políticas representadas en el Congreso y a quienes integren la próxima Legislatura a retomar las propuestas enviadas por el organismo, debido a que la siguiente elección judicial local está prevista para 2030.
Díaz Vázquez aclaró que las propuestas aprobadas no modificarán las reglas ni los plazos del proceso electoral ordinario de 2027, próximo a iniciar en San Luis Potosí.
“Este análisis deriva precisamente de la elección judicial y el análisis que pueda tomar al legislativo sobre este documento no tiene un impacto sobre el desarrollo de los plazos y las reglas que ya han sido definidas y dentro del plazo estipulado para la elección ordinaria”.
