Fernanda Durán
En medio del proceso legislativo que marcará su desaparición, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) entregó al Congreso del Estado su informe anual de actividades 2025, el último que presentará como órgano constitucional autónomo, en el que reportó miles de solicitudes de información, rezagos en el cumplimiento de obligaciones por parte de instituciones públicas y la incertidumbre sobre el nuevo modelo que asumirá sus funciones.
Durante la sesión de la Comisión de Transparencia, el comisionado presidente José Gerardo Navarro Alviso formalizó la entrega del documento y subrayó que el organismo no solo rinde cuentas sobre el ejercicio de los recursos públicos, sino sobre su función como instancia garante del derecho ciudadano a saber.
“Nuestro principal árbitro, quien tiene la mayor relevancia dentro del tema de la rendición de cuentas, son los ciudadanos, es el pueblo potosino”, expresó.
De acuerdo con lo expuesto por el comisionado, durante 2025 se registraron 6 mil 763 solicitudes de acceso a la información pública en la Plataforma Estatal de Transparencia, de las cuales alrededor del 80 por ciento fueron atendidas directamente por los sujetos obligados, mientras que el resto derivó en mil 229 recursos de revisión interpuestos ante la CEGAIP.
Navarro Alviso explicó que estas cifras reflejan que el sistema sigue funcionando, pues el número de recursos representa apenas una parte de los casos en que las personas solicitantes no obtuvieron respuesta inicial.
“Habla de un porcentaje del 20 por ciento que tuvieron que acudir a un recurso para poder acceder a la información. Y el resto, el 80 por ciento, tuvieron de primera mano la información en su momento”.
Sin embargo, el informe también evidenció rezagos en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, ya que aproximadamente 30 de los 254 sujetos obligados en el estado presentan niveles prácticamente nulos de publicación de información pública, entre ellos ayuntamientos, partidos políticos y organismos operadores de agua.
Ante esta situación, Navarro Alviso señaló que la CEGAIP ha privilegiado las capacitaciones y el acompañamiento institucional para lograr el cumplimiento, aunque no descartó la imposición de sanciones económicas y amonestaciones públicas en los casos necesarios.
También defendió el papel que ha desempeñado la Comisión como órgano autónomo y que su desaparición podría tener implicaciones en el ejercicio del derecho de acceso a la información, especialmente porque aún no existe claridad sobre el funcionamiento del nuevo sistema.
En ese contexto, señaló que la desaparición del organismo no será un proceso menor ni inmediato, y dejó entrever que su ausencia será significativa.
“Hoy yo escuchaba que dicen, se va la CEGAIP, adiós a la CEGAIP, no te vamos a extrañar. Pues, a lo mejor hay recovecos. Sí se va a extrañar porque justamente hoy tenemos un órgano autónomo que nos permite, incluso, no poner nuestro nombre, no hacer valer un tema de legitimación, para poder acceder al derecho a la información. Y es reservado, porque no tenemos la legislación fecundaria aún de la reforma, justamente cómo habrá de hacerse ejercitarse ahora mismo”.
Navarro Alviso sostuvo que, pese a la reforma constitucional que ordena su extinción, el organismo operará hasta el último día de su mandato y que el proceso actual no implica un reinicio del sistema, sino una transición institucional.
“Sería impropio y sería equívoco decir que va a ser cerrar y luego iniciar de nuevo. Este es un tema de transición”.
Asimismo, aseguró que los mecanismos de defensa seguirán existiendo en el nuevo esquema, aunque bajo otras instancias; además de que actualmente la ciudadanía cuenta con herramientas como recursos de revisión, denuncias y, en su caso, juicios de amparo.
La entrega del informe se realizó en medio del proceso legislativo, luego de su aprobación en Cabildo, dará paso al plazo de hasta 120 días para extinguir formalmente a la CEGAIP y transferir sus funciones a un organismo dependiente del Poder Ejecutivo y a los órganos internos de control, lo que marcará el fin de más de dos décadas de un órgano autónomo encargado de garantizar el acceso a la información pública en San Luis Potosí.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso, Diana Ruelas Gaitán, reconoció el trabajo realizado por el organismo y aseguró que continuará operando durante la etapa de transición, al señalar que “lo van a seguir haciendo hasta el último momento”.
Hasta el momento el documento no se ha publicado en los canales oficiales de la CEGAIP.
