Fernanda Durán
A menos de cuatro meses de su desaparición legal, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) enfrenta uno de sus mayores retos administrativos: definir el destino laboral de sus 46 trabajadores de base y el costo que implicaría su eventual liquidación, que el propio organismo estimó en más de 13.5 millones de pesos.
El comisionado presidente, José Gerardo Navarro Alviso, confirmó que el organismo solicitó al Congreso del Estado una partida específica para cubrir las indemnizaciones conforme a la antigüedad del personal, aunque no fue autorizada en el presupuesto.
“Sí se solicitó una partida; esa partida presupuestal se hizo en base justamente a la antigüedad y respetando los derechos laborales de las personas trabajadoras de la CEGAIP. No fue aprobado”.
Sin embargo, el funcionario aclaró que la decisión final dependerá de las leyes secundarias que el Congreso del Estado debe emitir dentro del plazo de 120 días establecido tras la reforma constitucional que ordenó la extinción del organismo. En ese proceso se definirá si los trabajadores serán liquidados o incorporados al nuevo órgano que asumirá sus funciones.
“Habrá también de determinarse la partida presupuestal, si es que se opta por la liquidación, porque también puede existir una figura, como lo existió a nivel nacional, que fue justamente en el nuevo órgano creado estar ahí y me parece que es lo idóneo”.
Navarro Alviso precisó que la CEGAIP cuenta actualmente con 46 trabajadores, todos con plaza de base y algunos incluso con 20 años de servicio, lo que implica que deben respetarse plenamente sus derechos laborales.
“Todos son trabajadores de base por vía de consecuencia, no son por honorarios ni por prestación de servicios por tiempo determinado”.
El monto proyectado para cubrir sus liquidaciones, calculado con base en las condiciones laborales vigentes hasta el cierre de 2025 y presentado en su proyecto de egresos pasado, asciende a aproximadamente 13 millones 543 mil pesos, aunque este cálculo deberá actualizarse conforme avance el proceso de extinción.
Además del impacto laboral, el organismo enfrenta la posibilidad de quedar temporalmente reducido a un solo comisionado. Esto debido a que el plazo constitucional de 120 días para su desaparición vence el 30 de junio, mientras que la comisionada Ana Cristina García Nales concluye su encargo el 24 de junio.
Ante este escenario, Navarro Alviso reconoció que existe la posibilidad de que él permanezca solo al frente del organismo durante la fase final.
“Es muy probable que esto suceda, es decir, que un servidor quede únicamente al frente de la comisión”.
No obstante, aclaró que el fin de su encargo no ocurrirá con la simple publicación del decreto, sino hasta la creación formal del nuevo órgano garante dependiente del Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, la CEGAIP continúa operando con normalidad, resolviendo recursos de revisión, verificando el cumplimiento de obligaciones de transparencia y administrando la Plataforma Estatal de Transparencia, funciones que seguirán vigentes durante el periodo de transición.
Navarro Alviso insistió en que el proceso no implica un cierre inmediato ni automático, sino un procedimiento administrativo complejo que incluye la entrega-recepción, la definición del nuevo modelo institucional y la eventual reasignación del personal.
Como parte de sus funciones vigentes, la CEGAIP también continúa aplicando sanciones a sujetos obligados que incumplen con sus obligaciones de transparencia.
Navarro Alviso informó que actualmente existen alrededor de 30 instituciones con niveles muy bajos de cumplimiento, entre ellas ayuntamientos, partidos políticos y organismos operadores de agua. Las sanciones aplicadas van desde amonestaciones públicas hasta multas económicas que oscilan entre los 150 mil y 160 mil pesos, las cuales, a diferencia de años anteriores, son pagadas directamente por los funcionarios responsables y no con recursos públicos. Las sanciones se darán a conocer en las redes del organismo.
