Astrolabio

Antonio González Vázquez

Más que calle, es un camino terregoso sin pavimento. No tiene acera ni alumbrado, es apenas un sendero olvidado; a sus orillas, yerbajos, basura y cascajo en el Ejido La Libertad. A mitad de ese camino, hay un hoyo y metros abajo corre el pútrido caudal del drenaje. Es un pedazo de suelo y pobreza en la periferia de la capital.

Desde el anochecer del lunes 25 de julio, en ese lugar, almas piadosas encendieron algunas velas y después, colocaron humildes ofrendas florales sobre tabiques; el hoyanco fue cubierto con una tarima de madera y encima de ésta, una piedra y alrededor, listones en rojo y amarillo con los que la policía tendió un cerco.

Es la escena de un crimen. En ese sitio ocurrió una muerte, por eso hay un altar en memoria de alguien que hoy descansa en paz.

Hace una semana sucedió algo terrible: una niña de cuatro años de edad cayó a ese hoyo y murió ahogada; su cuerpo fue arrastrado más de 200 metros por la corriente de las aguas pestilentes y fue rescatada en el canalón del río Españita.

La menor había salido con sus familiares y andaban por el camino cuando ella fue a caer en la alcantarilla destapada. Se apresuraron a intentar rescatarla, pero la corriente se la tragó inmediatamente.

Llegaron los bomberos, personal de Protección Civil y socorristas, pero rescataron el cuerpo sin vida. La trasladaron al Servicio Médico Legista para establecer la causa de la muerte y luego entregaron el cuerpo a sus padres.

Las autoridades reportaron el accidente de una menor que cayó a una alcantarilla, pero en realidad es un hoyo a mitad de una calle cotidianamente utilizada por personas de a pie. No tenía loseta de cemento ni rejilla de herrería; estaba descubierta y era una trampa mortal.

La tragedia vino a destapar una cloaca, cuya matriz está en el Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, mejor conocido como INTERAPAS.

Una de las ramificaciones de esa cloaca, va necesariamente al ayuntamiento de San Luis Potosí.

La muerte por descuido, negligencia u omisión, está relacionada con ambas instituciones hoy manchadas con el deceso de una criatura inocente.

La responsabilidad del titular del INTERAPAS, José Enrique Torres López, y del alcalde capitalino y presidente de la Junta de Gobierno del organismo, Enrique Francisco Galindo Ceballos, es ineludible.

En la capital calificada por el gobierno de Galindo como “Ciudad Segura”, ocurren muchas muertes violentas, ya sea por homicidio doloso o por accidentes. En diez meses del ayuntamiento capitalino, ha habido poco más de 200 ejecutados.

La muerte de la niña hace palidecer esa cifra porque nada tiene que ver con el crimen organizado y los elevados niveles de inseguridad que asolan la ciudad, sino que se trata de un caso relacionado con el mal funcionamiento del gobierno.

Es una tragedia sin parangón, cuyo impacto en la imagen del ayuntamiento y del INTERAPAS ha resultado devastador.

El posicionamiento de esas instancias ante lo sucedido, pretendió acotar ese daño, mediante quejas, lamentos y excusas carentes de sentido.

Prevalece la indebida e irresponsable práctica de no reconocer fallas, errores, omisiones, descuidos e ineficiencias; se carece de autocrítica e impera el deslinde con el que se cargan las culpas a otros.

Es un ejercicio de impudicia al extremo. Torres López y Galindo Ceballos, son ejemplo de eso.

Para intentar lavarse las manos del fango, se exoneran a sí mismos sin importar caer en la incongruencia.

El alcalde habla de una ciudad segura en la que ha disminuido la incidencia delictiva, pero luego se contradice al afirmar que tapan tres alcantarillas, mismas que los delincuentes se roban inmediatamente.

Dijo que es “desesperante” esa inercia delictiva, luego entonces sí hay robos y no hay efectividad policíaca. Y estamos hablando de un delito menor, un delito no grave: se roban losetas de concreto y la policía, su PoliSía no es capaz de impedirlo.

De su parte, el señor Torres López fue más allá de lo impensable y reveló la existencia en el INTERAPAS de “una herencia maldita”. Algo así como: ¿Y qué quieren que hagamos, cuando llegamos todo era un desastre?

A su juicio (perdón el estribillo), los responsables del hoyo-alcantarillado al descubierto y la desgracia que provocó, no es culpa nuestra sino de los que estaban antes. Eso sí que es tener cara dura o la escamosa piel de cocodrilo.

Tras quejarse al punto del lamento lacrimógeno para dejar constancia que hacen lo que pueden con la ciudad que les heredaron, anunciaron una serie de acciones que no se pueden identificar de otro modo que con el literal: después de ahogada la niña, vemos como tapamos las alcantarillas.

Llevar a cabo el plan emergente está supeditado a lo que dicen todos en el poder público cuando están ante un problema que no pueden solucionar: es que no hay dinero.

El organismo operador no tiene presupuesto y sí muchos problemas económicos y el ayuntamiento está igual.

¿No existirá un premio con la modalidad de La Alcantarilla de Platino?

De ser así, tal vez el ayuntamiento y el INTERAPAS echarían toda la carne al asador para implementar un programa innovador, creativo y eficaz que haga posible tapar las 40 mil alcantarillas que, han confesado, están destapadas.

Hace una semana de la tragedia que enlutó a una familia pobre, a la que la mayor atención que se le dio fue el pésame y ayuda para los gastos del funeral.

El ayuntamiento y el INTERAPAS han de creer que con eso es suficiente para atenuar su responsabilidad.

Una cosa es el delito de robo y otro el de homicidio y en ambos casos, se tendría que hacer justicia.

Las autoridades de seguridad a nivel estatal y municipal, algo deberán hacer para disminuir y de ser posible, atajar por completo el robo de la infraestructura de servicios públicos, pero del mismo modo, quienes tienen a su cargo esa infraestructura, tienen la obligación de velar que su afectación no derive de nueva cuenta en tragedia.

Mientras eso ocurre, la Fiscalía General del Estado tiene la obligación de investigar (con o sin denuncia de por medio) para confirmar responsabilidades de servidores públicos y llevarlos ante un juez para que se aplique la ley.

El caso no puede quedar impune. Veamos si es cierta la afirmación de que “el cambio ya se nota”.

Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha sido docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación durante 25 años. Además, durante 30 años se ha desempeñado como periodista en medios como El Heraldo, El Mañana de Ciudad Valles, Pulso, Milenio San Luis, Diario Digital San Luis, Librevía, La Jornada, Global Media y actualmente en Astrolabio Diario Digital y Periodismo Político.com. También ha sido corresponsal de medios nacionales como Agencia de noticias NOTIMEX, La Jornada y Milenio.

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