Eduardo Delgado
Como medida para mitigar el riesgo de contagio del Covid-19, el Tribunal Electoral del Estado (TEE) suspendió labores desde este lunes hasta el próximo 17 de abril, lapso durante el que sus oficinas permanecerán cerradas, informó la magistrada presidenta, Yolanda Pedroza Reyes.
El acuerdo de suspensión fue aprobado el pasado viernes, en sesión privada extraordinaria del Tribunal, y el aviso fue publicado en la página de Internet de ese órgano jurisdiccional, integrado también por la magistrada Dennise Adriana Porras Guerrero y el magistrado Rigoberto Garza de Lira.
“Se comunica al público en general que, de conformidad con el acuerdo general del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, por el que suspende labores para mitigar el riesgo de contagio de Covid-19 (Coronavirus)…se declaró la suspensión de toda actividad jurisdiccional…durante el periodo comprendido del 23 de marzo al 17 de abril de 2020”, se lee en el aviso.
“En consecuencia, las instalaciones de este tribunal permanecerán cerradas y los días antes señalados no contarán para el cómputo de los términos de interposición y trámite de medios de impugnación, procedimientos sancionadores especiales y cualquier otro plazo en materia electoral, que pudieran promoverse”, completa el comunicado.
Aparte, la magistrada presidenta informó que, incluida su compañera magistrada, así como el magistrado y ella, la plantilla es conformada por 39 empleados, quienes proseguirán sus labores “en línea”, desde sus casas.
Uno de los asuntos pendientes por resolver es el reencauzado el pasado 10 de marzo por la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido político Morena, acerca del recurso promovido por la ex oficial mayor del Congreso del Estado, Marcelina Oviedo Oviedo.
La ex funcionaria del Poder Legislativo demanda que se sancione al “superdelegado”, Gabino Morales Mendoza, y al líder de la fracción de diputados de Morena en la LXII Legislatura local, Edson de Jesús Quintanar Sánchez, pues les atribuye actos contrarios a los principios de su partido, que derivaron en su destitución de ese cargo hace casi un año.
Otro asunto pendiente es el fallo de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano jurisdiccional que el pasado 12 de marzo revocó la resolución del tribunal local, que desechó el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido por Narciso Mendoza López y Vicente Domingo Hernández Ramírez, en desacuerdo con el procedimiento previo a la publicación de la convocatoria lanzada por el Ayuntamiento capitalino para elegir al director o directora de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas.
