Estela Ambriz Delgado
El Consejo Hídrico Estatal (CHE) manifestó que es necesario que se transparente la información relativa a estudios de impacto ambiental e hídrico, criterios de autorización, y mecanismos de supervisión del proyecto de rehabilitación y ampliación del parque acuático Tangamanga Splash, pues no se estima viable dado el estrés hídrico crítico de la región.
Para ello solicitó formalmente este miércoles 11 una reunión técnica con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), a fin de establecer un diálogo institucional basado en evidencia técnica, fortalecer la transparencia del proceso y generar condiciones para una evaluación integral que incorpore los principios de prevención, precaución y justicia ambiental.
En un comunicado, el CHE mostró su postura técnica en torno al proyecto, en el que de entrada se hizo mención de la crisis hídrica estructural y permanente que enfrenta la zona metropolitana, la cual se caracteriza por la sobreexplotación severa del acuífero; un incremento de la desigualdad en el acceso al agua; rezagos críticos en infraestructura hidráulica, saneamiento y tratamiento; y vulnerabilidad creciente ante el cambio climático.
“En este contexto, incrementar infraestructura recreativa de alto consumo hídrico resulta técnicamente incongruente con los principios de gestión sustentable del agua y con el enfoque de prevención de riesgos socioambientales”, se puntualizó.
En cuanto a las afectaciones al arbolado del Parque Tangamanga I, se señala que la deforestación o transformación de áreas verdes para ampliar un parque acuático, implica una pérdida neta de servicios ecosistémicos, especialmente grave en una ciudad localizada en una región semiárida. Esto debido a que los parques urbanos cumplen funciones estratégicas fundamentales como la regulación térmica y mitigación del efecto de isla de calor; la captación e infiltración pluvial; la conservación de biodiversidad urbana; la protección del suelo y reducción de escurrimientos superficiales; y el bienestar físico, social y psicológico de la población.
En general, el CHE considera que el proyecto, tal como ha sido planteado, no responde a las prioridades más urgentes del territorio, entre las que destacan la rehabilitación y operación eficiente de plantas de tratamiento de aguas residuales; e inversión en infraestructura para prevención y control de inundaciones; así como la protección de zonas de recarga y regulación hidrológica, especialmente aquellas vinculadas a la Sierra de San Miguelito; y fortalecimiento del sistema de agua potable y saneamiento para garantizar el derecho humano al agua.
“Desde una perspectiva de planeación integral, destinar recursos públicos a proyectos que aumentan el estrés hídrico resulta contraproducente frente a los desafíos actuales y futuros de la ciudad”, indican.
Se requiere transparentar la MIA
El Consejo subraya que no se trata de oponerse al uso social del espacio público, sino de cuestionar procesos de decisión desvinculados de diagnósticos técnicos, científicos y sociales actualizados, pues la gestión democrática y sostenible del territorio y del agua exige transparencia en los estudios de impacto ambiental e hídrico.
Además de la evaluación de alternativas de menor consumo de agua; participación ciudadana informada y vinculante; coherencia con los principios de sustentabilidad, justicia hídrica y derecho a un medio ambiente sano; verificación pública del cumplimiento estricto de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), incluyendo su evaluación técnica, dictamen, condicionantes y medidas de mitigación, compensación y seguimiento, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.
En este sentido, se subraya que la revisión de la MIA constituye un aspecto central para garantizar que el proyecto no comprometa la integridad ecológica del parque ni agrave la situación hídrica regional. Además de que en un contexto de estrés hídrico estructural, la evaluación ambiental debe analizar de manera específica el balance hídrico del proyecto, su demanda estimada de agua, su fuente de abastecimiento y sus impactos acumulativos.
Asimismo, el Consejo considera que proyectos de esta naturaleza tienen implicaciones directas en la organización social del territorio, ya que inciden en la distribución de bienes públicos ambientales, en la percepción de legitimidad institucional y en la confianza ciudadana.
Para concluir el CHE establece que, bajo las condiciones actuales, no considera pertinente ni viable la ampliación de un parque acuático en una región con estrés hídrico crítico, por lo que exhorta a las autoridades estatales a reconsiderar el proyecto, priorizando inversiones que fortalezcan la resiliencia hídrica y ambiental de la ciudad.
Para ello llama a abrir un diálogo técnico y ciudadano amplio, informado y responsable sobre el futuro del Parque Tangamanga y el modelo de desarrollo urbano que se promueve, por lo que solicita de manera formal una reunión técnica con la Segam, con el objetivo de revisar los estudios ambientales, criterios de autorización y mecanismos de supervisión vinculados al proyecto, así como ofrecer la colaboración técnica y construcción conjunta de soluciones integrales multidisciplinarias, dentro del marco de sus atribuciones y funciones establecidas en el artículo 32 de la Ley de Aguas para el Estado.
