Estela Ambriz Delgado
El comité estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) solicitó la intervención del procurador agrario nacional, Víctor Suárez Carrera, para dar agilidad a diversos conflictos sobre tenencia de la tierra en Villa de Arriaga y Tampamolón, los cuales han registrado un avance mínimo en su resolución.
El secretario del comité, Pedro González Gómez, entregó la petición directamente al funcionario durante su visita a la capital del estado la semana pasada. En el escrito indicó que el planteamiento se realiza en representación de mujeres y hombres campesinos e indígenas de la Zona Centro y Huasteca sobre cuatro asuntos en concreto, gestionados desde hace tiempo sin avances significativos.
Entre ellos destaca la situación de despojo en el municipio de Tampamolón Corona, donde desde hace más de 30 años se mantiene la posesión de las tierras de diversos ranchos abandonados por sus dueños tras complicaciones económicas. Los trabajadores indígenas de la zona se vieron orillados a quedarse a trabajar la tierra para sobrevivir.
El comité explicó que, después de 30 años, apareció un supuesto dueño que pretende despojarlos, para lo que inclusive se ha hecho uso de la fuerza pública, como sucedió en el mes de junio en el rancho La Peña.
“Nos han golpeado. Hubo una sentencia que obligó a que nos restituyeran el terreno; no ha habido un movimiento de la autoridad para encarcelar y enjuiciar a los agresores, que fueron el Ayuntamiento, la Guardia Civil Estatal, no agentes del Ministerio Público, la presidenta municipal, la síndico municipal. Por lo que le pedimos su intervención para que sea legalizado nuestro terreno a la brevedad posible y se haga justicia para los indígenas”.
Asimismo, enlistaron el conflicto del grupo denominado “Las Güeritas” o Belisario Domínguez, en el municipio de Villa de Arriaga, derivado de una Resolución Presidencial sobre una ampliación formulada hace más de 60 años. Explicaron que el asunto debió haberse resuelto a través del programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), pero fue cancelado por la opinión de una funcionaria.
Señalaron que, a causa de ello, se vive un problema grave que ha derivado en muertes, heridos, amenazas, contaminación de sus fuentes de agua y desplazamientos.
Otro de los temas es la problemática del ejido Villa de Arriaga 1, que por sentencia debe constituirse; sin embargo, las autoridades no han avanzado el trámite debido a que no ha causado ejecutoria desde el año 2003. Al respecto, los afectados se consideran marginados y olvidados, pues los ignoran a pesar de contar con una resolución judicial para la constitución del núcleo agrario.
De igual forma, señalaron la demora de casi 10 años en los asuntos de terrenos nacionales, derivada de un manejo deficiente por parte de las dependencias. De acuerdo con la organización UGOSEM, se dejó fuera a más de 300 familias y, como alternativa, se propuso dotarles de terrenos nacionales; aunque ya se integraron 5 expedientes completos, aún no hay avances.
Finalmente, comentaron que en los últimos cuatro meses ha habido una participación importante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través de la Dirección de Atención a Organizaciones, y de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconociendo además el apoyo del representante estatal de la Procuraduría Agraria (PA), Enrique Rivera Sierra.
No obstante, subrayaron que no se ha podido concretar ninguno de los expedientes descritos, por lo que reiteraron su solicitud de intervención. A la petición sumaron la solicitud de apoyo ante el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) por el desconocimiento de la delegación de la comunidad Barrio de Tequilín, en Tamazunchale; la suspensión de la obra de electrificación en la comunidad de Tampate por parte del Ayuntamiento de Aquismón; y la inclusión de la comunidad Ponciano Arriaga.
