Fernanda Durán
Las cifras presentadas este miércoles en el Congreso del Estado por la activista Olimpia Coral Melo revelaron un panorama alarmante sobre la violencia digital en San Luis Potosí, donde la explotación sexual en línea, la alteración de imágenes con inteligencia artificial y la circulación de contenido íntimo sin consentimiento conforman un ecosistema extendido y mayormente invisible.
Olimpia detalló que, de acuerdo con el informe estatal de defensoras digitales, “87.3 por ciento de víctimas de violencia digital tienen entre 19 y 35 años”, aunque el caso más grave registrado en la entidad corresponde a “una niña de seis años”, clasificado como pornografía infantil. Los municipios que más contenido íntimo han concentrado son Matehuala, Ciudad Valles y la capital potosina.
La activista alertó que estas prácticas no son aisladas ni clandestinas en pequeña escala: “en San Luis Potosí existen cuatrocientos mercados de explotación sexual digital”, explicó, describiéndolos como redes en WhatsApp, Telegram, grupos privados y sitios pornográficos donde se “difunden, distribuyen, compilan, comercializan y almacenan fotografías, imágenes y videos sexuales (…) con alteración de inteligencia artificial sin el consentimiento de las personas”.
En respuesta a preguntas de la prensa, Olimpia confirmó que ya existen reportes en territorio potosino sobre uso de IA para generar imágenes manipuladas de mujeres.
“Ya hemos registrado nosotras al menos dos casos [que] no quisieron denunciar”, dijo y en el CBTIS 131 “una chica se acercó a platicar que a ella le habían entregado una imagen para provocarle acoso digital”.
El dato se vuelve más preocupante al considerar que “el 73.2 por ciento de víctimas de violencia digital son personas estudiantes”.
También explicó que los delitos relacionados con menores, como los casos investigados por la Policía Civil Municipal, pertenecen a un rubro distinto: “el delito mal llamado pornografía infantil… se persigue de manera oficiosa”; en contraste, los mercados digitales identificados por defensoras digitales afectan en su mayoría a víctimas mayores de edad.
Al abordar el uso de IA en agresiones cometidas por menores, Olimpia puntualizó que incluso si las imágenes son generadas artificialmente, “sí se pueden encuadrar como pornografía infantil”, lo que implica responsabilidades para agresores adolescentes, pero también para instituciones escolares que hayan sido omisas como el caso reciente en Zacatecas: “las o los directivos del plantel fueron los garantes de la integridad (…) se violó directamente su derecho al acceso a la justicia”.
Además de exponer el diagnóstico, la activista presentó dos herramientas tecnológicas creadas para acompañar a víctimas: la primera es una inteligencia artificial llamada “Ley OlimpIA”, accesible mediante código QR que dirige a WhatsApp; ofrece una defensora digital las 24 horas del día gratuita y permite recibir apoyo psicológico, mediático y de ciberseguridad. Esta IA fue reconocida como una de las 50 mejores tecnologías del NAS in Action Summit en París este año.
La segunda es la Guía EMA, destinada al abordaje de violencias digitales en entornos escolares. Inspirada en el caso de Ema Montarú —una joven argentina que se suicidó tras la difusión de un video íntimo—, la guía busca que las escuelas establezcan protocolos reales de prevención y reacción. Olimpia expresó que espera que las autoridades potosinas la adopten como ya lo hicieron gobiernos de Jalisco, Puebla y Oaxaca.
Sobre los próximos pasos, anunció que las defensoras digitales emprenderán una gira en enero y febrero para impulsar políticas de prevención y formación institucional, no sólo reformas legislativas.
También reiteró que la violencia digital es “extraterritorial” y requiere coordinación internacional, pues “mi agresor podría estar en Francia y yo podría estar aquí”.
Frente al crecimiento acelerado de la explotación sexual en línea, la activación de mercados ilegales y la aparición de casos con inteligencia artificial en San Luis Potosí, Olimpia advirtió que “cada día es más grande la deshumanización de los espacios digitales” y las instituciones deben anticiparse, no reaccionar después del daño. Para ello, insistió en que la sociedad, los medios y el Estado deben actuar en conjunto: “de nada serviría si las empresas digitales no ponen su parte”.
