Fernanda Durán
Ante la iniciativa presentada en el Congreso del Estado para ampliar el catálogo de personas sujetas a juicio político, incorporando a “las personas titulares de los organismos a los que la Constitución del Estado les reconozca autonomía”, la organización Ciudadanos Observando advierte la ambigüedad de su redacción y el riesgo de que pueda ser utilizada con fines de persecución política.
Guadalupe González Covarrubias, representante de la organización Ciudadanos Observando, consideró que la justificación central de la propuesta —la armonización con el marco constitucional derivado de la reforma judicial— resulta, en principio, jurídicamente lógica. Sin embargo, advirtió que el problema radica en la falta de claridad del texto.
“Concretamente la justificación que está utilizando el diputado es la armonización, la cual desde un punto jurídico se ve lógica y conducente”, señaló.
No obstante, el articulado propuesto “no es nada claro ni específico, generaliza y ahí, como bien mencionas, puede ser incluido el rector”.
Para Ciudadanos Observando, esta ambigüedad abre una puerta peligrosa. González Covarrubias alertó que, históricamente, este tipo de rendijas legales han sido utilizadas como instrumentos de presión o venganza política.
“No debe quedar la más mínima duda, no debe haber un resquicio para poder ser utilizado como un arma de venganza política. Hay que tener mucho cuidado porque lo hemos vivido, no es nada nuevo cuando los diputados dejan una rendija”.
El activista consideró que el promovente de la iniciativa debe corregir el texto antes de que avance el proceso legislativo.
“La propuesta y sugerencia es que el diputado urgentemente haga una modificación y deje aclarado quiénes sí y quiénes no”, enfatizó, al señalar que el riesgo no está solo en la existencia de la norma, sino en la forma en que puede ser aplicada.
En ese contexto, recordó que en San Luis Potosí existen antecedentes de solicitudes de juicio político con sustento jurídico que nunca prosperaron, mientras que otros casos sí avanzaron con un trasfondo claramente político.
“Hemos visto gente denunciada, con fundamentos, que se ha quedado intocable. Y también vimos cómo de una manera ruin y sucia se manejó un juicio político contra el exalcalde Xavier Nava, que fue un burdo acto de venganza”.
González Covarrubias subrayó que, aun cuando ese procedimiento fue finalmente revertido, el daño político ya estaba hecho.
“Sabían que tarde que temprano la Suprema Corte lo iba a echar para atrás, pero mientras el daño ya estaba hecho para él y para el equipo de regidores”.
Respecto a la posibilidad de que la iniciativa tenga como destinatario indirecto al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el representante de Ciudadanos Observando fue categórico al rechazar esa opción.
“No, definitivamente no. La Universidad es autónoma y la Universidad en ese tipo de cuestiones debe atender sus temas”.
Consideró que, en caso de alguna irregularidad grave atribuible al rector, la primera vía de atención debería ser la propia comunidad universitaria.
“Si el rector hiciera alguna situación delicada, la misma comunidad tendría que atenderla. Si fuera un fraude que ameritara dinero público, ahí estaríamos hablando de otras cosas”, precisó, pero como está planteada la iniciativa, “no es correcto que el rector sea sujeto de juicio político”.
Para González Covarrubias, el fondo del problema no es únicamente el diseño normativo, sino el uso que se hace de las leyes.
“México está lleno de leyes. El problema es que son utilizadas de manera perversa, dolosa y persecutoria”.
