Abelardo Medellín Pérez
¿Qué es la civilidad? ¿Un conjunto de normas de comportamiento? ¿Respeto mutuo por los límites que dan forma a los derechos de los demás, sin ignorar la responsabilidad individual de cada persona? Si logramos definirlo con éxito, ¿podríamos decir que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí o el Partido Verde Ecologista de México son entidades públicas que respetan ese civismo?
Durante las últimas dos semanas, el Gobierno del Estado y, en específico, la Secretaría General de Gobierno han adelantado que promoverán un nuevo “pacto de civilidad” rumbo a la elección de 2027. De acuerdo con lo dicho por la SGG, la principal pretensión del gobierno con este pacto es que los actores políticos involucrados en la elección se comprometan a evitar incurrir en agresiones mediáticas, verbales o físicas contra candidatos o actores que busquen el apoyo ciudadano.
La idea en papel es buena; un acuerdo transversal, construido de forma conveniada y que comprometa a las y los candidatos, partidos y autoridades a apegarse a la ley, la normativa vigente e incluso el sentido común cívico, suena como un mecanismo más que necesario en un momento tan complejo como el que vivimos.
Entre la guerra sucia, la proliferación de medios anónimos que usan para denostarse entre sí, el descaro de los eventos propagandísticos disfrazados de animosidad y buena voluntad, nada es más urgente que autoridades suscritas de forma pública a, por lo menos, promover un civismo sano y necesario.
Eso es en el papel; en la realidad, la idea no es ni novedosa, ni conveniente, ni cívica, mucho menos para beneficio de los ciudadanos.
No es novedosa porque es simple y llanamente un refrito del pacto que el gobierno firmó con partidos políticos y el Ceepac en noviembre de 2023; que, por cierto, entonces Morena fue el único partido que no firmó. No era original ni sincera entonces, ni lo es ahora.
Un “acuerdo cívico” entre partidos se oía como algo bueno; el problema fue la ejecución. El gobierno no incluyó las voces de los demás partidos, supuso tener la verdad absoluta y escribió un desangelado pacto, simplón y vacuo. A la administración no le importaba apegarse a lo que decía tal documento; solo pretendían exprimir el crédito de una simulación redactada sin la mediación de los actores involucrados.
No es conveniente ahora, como no lo era entonces, porque ¿para qué quieres un pacto si en lo público tienes la ley electoral y en lo privado tienes el sentido común y la ética? Promover un compromiso como este y afirmar que así evitarán las faltas e infracciones en las que incurren sus candidatos es lo mismo que decir que la ley y la normativa electorales no les bastan.
¿Cómo? ¿Tiene que ir Segura Morquecho a tomarse una pomposa fotografía en Palacio de Gobierno para mandar el mensaje de que cumple la ley? ¿Entonces, si no se toma la foto y no firma un pacto-patito, no van a cumplir sus obligaciones? Caray, pues vamos a tener que poner en la ley que se firme un pacto al inicio de cada proceso electoral; no vaya a ser que en el futuro se les olvide y el Verde deje de conducirse con respeto por los demás actores.
Otro inconveniente es la anunciada propuesta de incluir a la Universidad, la iniciativa privada y “líderes de opinión” al pacto.
Si la iniciativa privada o “líderes de opinión” quieren servir como maniquíes para un boletín, o como operadores para los intereses del gobierno, adelante, ya lo han hecho (un saludo para el Consejo Consultivo Potosí y los influencers contratados por el INPODE). Sin embargo, la Universidad es una entidad autónoma cuyo mayor logro (no atribuible a nadie en particular) ha sido mantenerse al margen del voraz interés de la Gallardía por controlarla.
Convocarla para firmar un pacto de civilidad, que presuntamente regula su participación en un asunto… donde lo ideal es que no se vea involucrada, parece un sinsentido y un favor que el rector le haría gratuitamente al gobierno. ¿Será que Zermeño Guerra irá a validar y limpiarle la cara a un gobierno que le debe dinero mes con mes?
Finalmente, no es conveniente para ningún ciudadano porque no es más que otra gigantesca pantalla de demagogia y buenondismo institucional.
Los partidos no quieren una foto con el secretario general de gobierno; quieren competir sin tener que preocuparse por las campañas negras que operan los medios alineados con el gobierno. El Ceepac no necesita adscribirse a un pacto fingido, requiere la confianza que perdió cuando decidió hacer el trabajo sucio con la “ley Ruth”; el gobierno no tiene por qué operar un acuerdo que solo será provechoso para venderse como democrático, debe dejar de poner recursos de la administración en las campañas adelantadas de la senadora, un puñado de diputados y perfiles emergentes.
Los ciudadanos no quieren partidos y candidatos que deben firmar un papel para comportarse civilizadamente, quieren perfiles que por convicción no incurran en las prácticas que ya utilizan nuestros actuales mandatarios y representantes.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
