Por: Eduardo Delgado.
La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la muerte de Karla del Carmen Pontigo Luccioto, en el sentido de que “fue mal hecha” la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) -entonces encabezada por el ex procurador, Miguel Ángel García Covarrubias-, confirma “la podredumbre” de la procuración de justicia durante el sexenio del ex gobernador Fernando Toranzo Fernández, admitió Marco Barrera, representante legal de la familia de la joven.
Karla, de 22 años de edad, trabajaba como edecán en el extinto centro nocturno “Play”, donde según las autoridades la madrugada del 28 de octubre 2012 “chocó” contra una puerta de vidrio, lo que le produjo lesiones graves que posteriormente ocasionaron su deceso.
A reserva de examinar detalladamente la recomendación 55/2015, dirigida al gobernador Juan Manuel Carreras López -quien tiene un plazo de 15 días hábiles para que informe a la CNDH sobre la aceptación de la recomendación, contados a partir de que le fue notificada-, el abogado destacó que la resolución “es un acto reparador, en lo moral, para la familia”. “Insuficiente pero necesario”, añadió.
Informó que la recomendación será estudiada por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y será aportada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación “como una prueba nueva”, luego de que los magistrados de la Primera Sala atrajeron el caso el primero de julio de 2015.
A pregunta de si la recomendación confirma la “podredumbre” de la procuración de la justicia durante el sexenio (2009-2015), el litigante respondió manera tajante en sentido afirmativo e indicó que la resolución del organismo nacional confirma tres cosas fundamentales.
“Primero: las indagatorias fueron mal hechas. Segundo: confirma el mal trato a la familia por parte de la Procuraduría General de Justicia y, tercero es un acto reparador, en lo moral, para la familia”.
En el último punto explicó que la muerte de la joven es un acto irreparable para la familia, que conservaba la fe y esperanza en que la determinación de la Comisión Nacional fuese emitida en sentido favorable.
Dijo que una vez que la nueva administración defina si acepta o no la recomendación, queda en manos de la propia autoridad proceder contra los servidores públicos responsables de la mala integración de la averiguación, cuya sanción tampoco les repararía a los deudos la muerte de Karla.
