Fernanda Durán
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió formalmente una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Penal de San Luis Potosí que sanciona el denominado “uso indebido” de la inteligencia artificial, luego de que organizaciones civiles, periodistas y personas defensoras advirtieran posibles afectaciones a la libertad de expresión.
La impugnación fue admitida a trámite por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras presentarse dentro del plazo constitucional. De acuerdo con la lista de notificaciones publicada el 19 de diciembre, la acción quedó registrada como el expediente 130/2025 y 132/2025, promovida por la presidenta de la CNDH.
En el acuerdo, la Corte determinó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo estatales para que rindan su informe correspondiente, además de requerir al Congreso del Estado el envío de los antecedentes legislativos completos de las normas impugnadas, incluidas iniciativas, dictámenes y diarios de debates.
La presentación de esta acción se dio después de que, el 15 de noviembre, la propia CNDH emitiera un pronunciamiento público exhortando al Congreso del Estado a revisar y debatir con mayor profundidad la reforma penal.
En ese documento, el organismo nacional advirtió que la incorporación de conceptos como “alarma pública”, “paz social”, “seguridad del Estado” o “confianza en las instituciones”, sin una definición precisa, podía generar un amplio margen de interpretación y aplicación arbitraria por parte de las autoridades encargadas de investigar delitos.
La CNDH reconoció la necesidad de atender los riesgos asociados al uso malicioso de tecnologías de inteligencia artificial, particularmente cuando se emplean para manipular imágenes, audios o videos con fines difamatorios.
Sin embargo, subrayó que el Estado debe ser cuidadoso al recurrir al derecho penal, ya que figuras ambiguas pueden “inhibir el debate público” y afectar expresiones críticas, controvertidas o incómodas para el poder, las cuales también están protegidas por el derecho humano a la libertad de expresión.
Cuatro días después de ese exhorto, el 19 de noviembre, el diputado Carlos Arreola Mallol anunció que el Congreso del Estado, a través del Instituto de Investigaciones Legislativas, realizaría un foro de parlamento abierto sobre inteligencia artificial y su regulación ética en San Luis Potosí y México. A la propuesta se sumaron los grupos parlamentarios del PVEM, PT, Nueva Alianza y PRI, en un contexto marcado por los cuestionamientos públicos a la reforma penal recién aprobada.
Al presentar la convocatoria, el legislador señaló que la inteligencia artificial es uno de los temas que “más está sacudiendo el planeta”, por lo que era necesario discutir sus implicaciones éticas, al advertir que su uso puede ir desde la desinformación y la propaganda masiva hasta la vigilancia y la violación a la privacidad, además de reproducir sesgos algorítmicos.
Añadió que el objetivo era abrir el debate a universidades, medios de comunicación y a la sociedad en general, con miras a construir propuestas más amplias que trasciendan la lógica punitiva.
En ese mismo anuncio, Arreola Mallol planteó que, aunque el Congreso ya había avanzado en una primera regulación de delitos cometidos con inteligencia artificial, el siguiente paso debía ser discutir una legislación integral que atendiera el uso ético de estas tecnologías en ámbitos como los sistemas electorales, la administración pública, los gobiernos abiertos y los nuevos desafíos que plantean para los modelos políticos contemporáneos.
La promoción de esta acción de inconstitucionalidad se concretó pese a que organizaciones civiles ya consideraban agotada esa vía, debido a que, en ocasiones anteriores, la CNDH suele informar de manera tardía sobre los recursos que presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que generó incertidumbre sobre si el plazo constitucional había sido efectivamente aprovechado.
La admisión de la acción de inconstitucionalidad por parte de la SCJN abre ahora un proceso de revisión constitucional sobre la reforma penal aprobada en noviembre, mientras que el Congreso del Estado ha enfrentado, de manera paralela, un debate público impulsado tanto por los exhortos de la CNDH como por la presión de organizaciones civiles y colectivos que han advertido riesgos de censura y criminalización de actividades legítimas en el entorno digital.
