Astrolabio

Angélica Campillo

Tanto el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, como la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Olga Regina García López, coincidieron en que los feminicidios ocurridos en la entidad potosina se deben a un aspecto cultural.

El mandatario estatal apuntó que la tasa de resolución de los feminicidios es muy alta en San Luis Potosí, pues señaló que cuando ocurren, se persiguen y se procesan; además, recordó que el año pasado presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para elevar las penas en contra de quien comete este delito.

Dijo que una constante es que casi todos los eventos de esta naturaleza que se presentan en el estado tienen que ver con un aspecto cultural, es decir, con un entorno personal o amistoso en donde no existen valores de respeto a una relación y mucho menos a la integridad o a la vida de una persona.

Por separado, la presidenta del STJE declaró que, en un estudio realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto a las penalidades en feminicidios que hay en la República, San Luis Potosí está por encima de la media en comparación a otras entidades, es decir, sí está sancionado con severidad, “y en comparación a las estadísticas con otros estados, nos mantiene no en un índice tan alto”.

Respecto a si el que haya penas más altas en contra de los feminicidas inhibe este delito, aseveró que, para evitar o prevenirlo tiene que haber una cultura, desde antes, no esperar a que el hecho haya sucedido y sancionarlo, cuando el imputado ya se encuentra inmerso en un hecho delictuoso de esta naturaleza, sino desde las familias, empezar a hablarles a los niños y niñas sobre la detección de casos de violencia cuando van surgiendo, esto con el fin de que vayan creciendo con una idea de paz: “evitar violencia familiar es lo que va realmente a inhibir que se llegue a un resultado de un feminicidio”, remarcó.

Finalmente, manifestó que el compromiso del Poder Judicial es cuidar cada asunto, que se respeten las garantías tanto de los imputados como de las víctimas y que todos los casos que lleguen a judicializarse, no solamente inicien, sino que concluyan con una sentencia condenatoria.

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