María Ruiz
Sofía Viramontes, hermana de Lupita Viramontes —víctima de feminicidio en 2012 en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez— e integrante de la colectiva Por ellas, por nosotras, por todas, manifestó su preocupación ante las recientes declaraciones de la fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, quien informó que San Luis Potosí podría solicitar el retiro de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los municipios donde aún se mantiene activa.
De acuerdo con la fiscal, esta posibilidad se evaluaría una vez que la institución concluya la actualización del protocolo de investigación en casos de feminicidio. Sin embargo, Viramontes denunció la falta de participación ciudadana y de transparencia en este proceso.
“Nuestra colectiva no fue convocada ni consultada para la actualización del protocolo. La exclusión de colectivas y de mujeres de la sociedad civil contraviene la obligación de incorporar la participación social en políticas de prevención y atención de la violencia”, señaló Viramontes.
Viramontes indicó que tampoco han recibido información sobre la metodología o los criterios que se utilizan para valorar el posible retiro de las alertas en San Luis Potosí.
“No hemos recibido metodología, indicadores, ni actas de evaluación. Lo poco que se conoce proviene de declaraciones públicas de las autoridades”, dijo.
La colectiva exige que se haga pública la metodología completa, incluyendo indicadores, metas, fuentes y expedientes técnicos que sustenten cualquier solicitud de retiro, así como evidencia verificable de cumplimiento de las medidas en territorio.
Antes de considerar el retiro de la AVGM, la colectiva planteó tres exigencias centrales: la primera de ellas en el ámbito de la transparencia y participación social, con la publicación de datos, apertura de consulta con colectivas y academia. La segunda, que contemple una evaluación independiente, es decir, la creación de un comité externo de verificación con enfoque en víctimas. Por último, la rendición de cuentas donde la FGE dé una explicación detallada sobre cómo se han subsanado deficiencias en atención y reparación del daño.
“Hasta que no se cumpla lo anterior, que no se retire la AVGM. Si el Gobierno insiste en retirarla, que explique públicamente el porqué con evidencia: indicadores comparables, auditorías externas y pruebas de funcionamiento real del sistema de atención”, puntualizó.
Para Sofía Viramontes, el retiro de la alerta en este momento “no es viable”, ya que persisten deficiencias estructurales.
“Los anuncios se sustentan en actualizaciones normativas, pero persisten señales de fragilidad institucional. Sin resultados medibles y verificados externamente, el retiro sería prematuro y de alto riesgo”, advirtió.
La activista señaló que las expresiones de violencia contra las mujeres “siguen presentes y diversificadas”, incluyendo violencia feminicida, sexual, vicaria, comunitaria y digital.
Por ello, la colectiva presentó un petitorio mínimo que incluye: no retirar la AVGM sin metodología pública y evaluación independiente; fortalecer el sistema estatal de atención a víctimas, con metas trimestrales y auditoría social; transparentar el uso del presupuesto federal 2025 destinado a las alertas de género; y garantizar escuelas y universidades seguras con protocolos efectivos y supervisión externa.
La colectiva Por ellas, por nosotras, por todas enfatizó:
“No fuimos convocadas a la actualización del protocolo. Sin metodología pública, sin evaluación independiente y sin corregir las deficiencias en atención a víctimas, retirar la AVGM sería una decisión precipitada. Exigimos transparencia, participación y resultados verificables en territorio antes de cualquier levantamiento”.
