Fernanda Durán
La activista Edith Pérez Rodríguez, vocera del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, acusó a la diputada Gabriela López Torres, de Morena, de frenar sin fundamentos la creación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, pese a ser una obligación ya establecida en la Ley General aplicable en todo el país.
“No tiene derecho a estar opinando si antes no platicó con nosotros”, reclamó.
Durante la entrega formal del informe sombra sobre omisiones institucionales en materia de búsqueda de personas desaparecidas, realizada este 16 de junio, Pérez Rodríguez mantuvo su crítica contra la diputada al calificar como insensible y sin sustento legal el argumento de la legisladora, quien cuestionó el impacto presupuestal de la iniciativa y propuso aplazar su votación para pedir la opinión técnica de la Secretaría de Finanzas.
“Esa fiscalía es un derecho porque ya está en la ley general en materia de desaparición forzada y no puede venir un político, a medida de un color, a negarla, argumentando cosas que nada más van a hacerla de emoción”, expresó.
En alusión directa a la diputada morenista, señaló que “ni siquiera se acercó con nosotros, ni siquiera sabe el contexto de nuestras necesidades, estoy segurísima que ni conoce la ley”.
Pérez también enfatizó que la iniciativa para crear la fiscalía fue elaborada por el propio colectivo, con el acompañamiento técnico de la entonces funcionaria federal Sara Irene Herrerías Guerra, próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y presentada al Congreso a través del diputado Fernando Gámez.
Lamentó que la propuesta haya sido detenida bajo el argumento de que requiere análisis presupuestal.
“La que nosotros tenemos se la dimos al diputado Gámez, y él se la presenta a la licenciada Leticia Vázquez, y ella la presenta. Lamentablemente se fue a revisión por lo del presupuesto. A nosotros nos urge, nos urge que ya sea nombrada la fiscalía como tal”, afirmó en entrevista previa realizada el 14 de junio.
La activista explicó que la falta de una fiscalía formalmente constituida limita el acceso a recursos federales e internacionales, lo que impacta directamente en el procesamiento de restos óseos, cuerpos y fragmentos hallados en campo.
“Hace falta químicos, los reactivos para poder realizar los análisis correspondientes, y el recurso federal e internacional no llega porque San Luis Potosí no cuenta con una fiscalía especializada”.
Aunque reconoció que los cambios legales deben contemplar su viabilidad presupuestaria, urgió a que los poderes actúen con sensibilidad y responsabilidad.
