Texto y fotografías de Fernanda Durán
En coincidencia con la aprobación de ajustes presupuestarios al ejercicio fiscal 2025 y la asignación de un presupuesto adicional para el propio Congreso del Estado, los colectivos Derechos Urbanos y Pedaleando San Luis realizaron este martes una “anticelebración” en el recinto legislativo, al cumplirse tres años sin que San Luis Potosí armonice su marco jurídico con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
La protesta comenzó en el Pleno, donde desde las butacas los activistas exigieron a las y los diputados iniciar de inmediato las consultas a personas con discapacidad y pueblos originarios, requisito indispensable para aprobar las reformas locales. Posteriormente, bajaron al vestíbulo del Congreso para partir un pastel como recordatorio simbólico de los años que se han perdido por omisiones legislativas.
Claudio Aldrete, representante del colectivo Derechos Urbanos, explicó que la acción busca evidenciar “tres años de omisión legislativa” desde que se promulgó la ley federal, mientras en San Luis Potosí “no se ha armonizado completamente su sistema legal en torno a la movilidad”.
“El día de hoy estamos anticelebrando tres años de misión legislativa (…). En tres años se pierden mil 500 vidas en el estado por siniestros viales, que no son accidentes, sino omisiones legislativas”, declaró Aldrete.
El activista advirtió que los argumentos presupuestales no deben seguir sirviendo de pretexto.
“Nos dicen que no hay dinero para la consulta (…). Ojalá que los cambios en el presupuesto se hagan con miras de generar estas consultas tan necesarias para que se puedan aprobar nuevas leyes”.
Respecto al reciente incremento de cerca de 10 millones de pesos al presupuesto del Congreso, Aldrete señaló que “esperamos que lo puedan reconsiderar”, luego de que el diputado Héctor Serrano confirmara que la ampliación sería únicamente para cubrir temas salariales y este tema sería considerado hasta el 2026.
“Cada día que pasa se pierden vidas en el estado, y es urgente que se atiendan tanto la ley de movilidad como otras leyes que están esperando consultas”, subrayó.
De acuerdo con el colectivo, en promedio “una o dos personas pierden la vida todos los días” en San Luis Potosí por siniestros viales, principalmente por exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol o drogas y falta de infraestructura segura.
“Sabemos que ocurren en los mismos lugares, bajo las mismas condiciones. Siempre que no ataquemos esos factores principales, no vamos a poder hacer un cambio real”, afirmó.
Por su parte, Víctor Hernández, del colectivo Pedaleando, añadió que uno de los principales obstáculos es la ausencia de bases de datos confiables.
“Cuando pedimos información al gobierno municipal, nos entregan datos sin georreferenciar, sin desagregar. Hay una falta de datos para tomar decisiones, que justamente es una de las peticiones de la ley de movilidad”.
Ambos activistas reconocieron que han tenido comunicación con el diputado Emilio Rosas Montiel y con integrantes de Morena, aunque “solo de forma simbólica”. También mencionaron algunos acercamientos con el municipio de San Luis Potosí para actualizar el reglamento de tránsito, pero sin avances sustanciales en infraestructura vial.
“El Congreso debe construir política pública para detener siniestros y mejorar el transporte público; a los municipios les toca la infraestructura y los reglamentos. Hay pláticas, pero siempre se podría hacer más”, sostuvo Hernández.
Los activistas insistieron en que la omisión del Congreso ha tenido consecuencias fatales y recordaron que la armonización legislativa es una obligación pendiente desde 2022.
“Esta omisión legislativa de tres años les toca a ellos, a esos 27 legisladores y legisladoras. Allá está la responsabilidad, y nosotros aquí estamos apoyando, impulsando, porque ya son tres años”.
