Por Victoriano Martínez

El combate a la impunidad por los actos de corrupción en la pasada administración municipal de la capital no ha pasado del terreno de las expectativas, en las que a la ciudadanía le toca ver de las actuales autoridades esfuerzos muy por debajo de lo que hicieron creer que harían y una inercia de inacción por parte de las fiscalías General de la República y General del Estado.

Haber anunciado mil 843 observaciones en noviembre de 2018, iniciado la presentación de denuncias tres meses después y haberse limitado a 11 entre el 18 de febrero y el 18 de julio del año pasado, deja muy por debajo la expectativa que aquel lunes, cuando informaron sobre la primera denuncia, generó el alcalde Xavier Nava Palacios al expresar:

“Esta es la primera denuncia de muchas. La ciudadanía esperaba que actuáramos y aquí están los hechos, luego de conformar las carpetas, los expedientes”.

El pasado miércoles, al inaugurar –en el patio central de la Unidad Administrativa Municipal– la exposición de los 11 casos denunciados hasta ahora, Sebastián Pérez García, secretario del Ayuntamiento, mantiene la expectativa de más denuncias, pero también la de que las fiscalías actúen cuando menos en cuatro, porque “han avanzado de manera importante”.

Así conmemoran el primer aniversario del inicio de la presentación de denuncias contra la impunidad de los funcionarios de la administración que encabezó Ricardo Gallardo Juárez, pero ya no lo hacen con la misma fuerza que el 18 de febrero de 2019, cuando fue el alcalde quien encabezó el anuncio, acompañado de diputados panistas locales y federales, independiente de la calidad moral que tuvieran o no para hacerlo.

El hashtag #NoMásCorrupción quedó atrás para dar paso a la pregunta “¿Cuándo llegará la Justicia?” en un acordeón de seis mamparas por lado en el patio central de la UAM y un acto en el que la presencia del alcalde sólo fue en unas “Palabras al lector” en una de las imágenes expuestas:

“Demandamos a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí no dilate más el acceso a la justicia a las y los potosinos. Hemos acreditado técnica y documentalmente los hechos que aquí se presentan: por derecho nos corresponde, y el tamaño de los delitos cometidos lo exige”, señala en parte del texto.

El tamaño de los delitos no mereció que previera dentro de su agenda apartar un momento para hacer acto de presencia en el evento que, como mensaje a la población, es una muestra del interés que se tiene en el grado de presión que se busca ejercer a dos fiscalías que bien pueden avanzar de manera importante de sus carpetas de investigación pero no judicializar los casos.

El ataque a la corrupción y la impunidad tiene que ir mucho más allá de un uso que, a fin de cuentas, parece más propagandístico como ocurre con la invitación al pago del impuesto predial con un spot en el que se afirma: “…lo que antes pagabas de predial iba a parar a no sé dónde…”

Si de mil 843 observaciones sólo se han generado 11 denuncias que acumulan desvíos por mil 69 millones 406 mil 919.31 pesos, el cuestionamiento que se abre –a propósito del spot– es cuánto más fue a parar a no saben dónde, dado que no se han generado las denuncias que se supone acreditarían técnica y documentalmente esos destinos hoy inciertos.