Por Victoriano Martínez

“Los excesos de Gallardo no quedarán impunes, el daño causado al municipio debe ser castigado y resarcido, y nosotros haremos todo lo posible para que así ocurra”, dijo el alcalde Xavier Nava Palacios el pasado 21 de diciembre, en la sesión de Cabildo que revocó el cambio de uso de suelo de 6.8 hectáreas de un predio del Área Natural Protegida Paseo Camino a la Presa.

Una revocación con la que se atendió la orden del Juzgado Octavo de Distrito dentro de la resolución de un incidente dentro del juicio amparo 30/2018-III, interpuesto por la agrupación Cambio de Ruta, en la que quedaron expuestos diversos actos ilícitos en los que se incurrió durante la pasada administración municipal.

De ahí la declaración de Nava Palacios, aunque aún no se traduce en hacer todo lo posible para que no haya impunidad. Y es que de las denuncias que eran de esperarse que se presentaran por el caso, a 174 de aquella sesión se han presentado dos, aunque prácticamente por la misma irregularidad.

El 18 de febrero, el alcalde y el secretario informaron en rueda de prensa, acompañados por tres diputados locales panistas y la diputada federal panista Josefina Salazar, que tres días antes la sindicatura presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por el desacato al amparo 30/2018-III al aprobar el cambio de uso de suelo en un Área Natural Protegida (ANP).

Este miércoles, a 115 de aquella denuncia, nuevamente salen las autoridades municipales a informar de una nueva denuncia relacionada con el caso. Ahora se presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y prácticamente por las mismas irregularidades: aprobar un cambio de uso de suelo en una ANP y haber incurrido en el desacato de una suspensión dentro de un juicio de amparo.

La única novedad es que esa parte del caso ya está denunciada tanto en la instancia federal como la local.

Lo preocupante es que se sigue dejando de lado el segundo aspecto revelado en la resolución del incidente del amparo: el despojo de un predio municipal escriturado, primero a nombre de Ricardo Gallardo Juárez, y después a nombre de Servicios y Suministros de la Zona Media S.A. De C.V.

“El daño causado al municipio debe ser castigado y resarcido”, expresó en la sesión de Cabildo del 21 de diciembre Nava Palacios.

Hasta ahora, las dos denuncias se han enfocado solamente a castigar el desacato del amparo y la afectación a una ANP, pero han dejado pendiente el despojo que representa que un predio municipal sea escriturado a nombre del ex alcalde, primero, y después a nombre de una empresa relacionada con él mismo.

Al ofrecer que no habría impunidad, Nava Palacios dijo que coadyuvarían con las demás autoridades para lograrlo. Así abrió la expectativa de denuncias más contundentes pero, sobre todo, de una presión constante para que éstas lograran su objetivo de castigar y resarcir los daños causados al municipio.

Pasaron 59 días para que aquel ofrecimiento se tradujera en una denuncia a medias ante la FGR, y ahora 115 días más para que la misma denuncia se replicara en la FGE.

Un “nosotros haremos todo lo posible” que parece aplicarse en abonos con plazos tan largos, que el trienio no alcanzará para lograr que los excesos de Gallardo no queden impunes.