Desiree Madrid
Colectivos y activistas de la comunidad LGBTIQ+ en San Luis Potosí alzaron la voz para exigir al gobernador Ricardo Gallardo Cardona una disculpa pública por las expresiones que calificaron como “mofa” y que contribuyen a normalizar la discriminación.
La exigencia llega después de que hace unos días se registró en video, que se difundió en redes, un fragmento del discurso que el gobernador Gallardo Cardona ofreció en un evento oficial, en el cual hironizó e hizo burlas en referencia a la orientación sexual de sus colaboradores y de un diputado federal, y que este podría ser señalado de “ser gay”.
En conferencia de prensa, representantes de distintos grupos advirtieron que la indiferencia ante comentarios de ese tipo perpetúa la violencia estructural contra la diversidad sexual y de género, y demandaron la construcción de una política pública integral que garantice sus derechos.
Aunque un vocero de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Estado ahí presente aseguró que el mandatario tiene disposición de establecer un diálogo con las y los activistas, estos subrayaron que el primer paso debe ser un acto público de disculpa.
“Si no se reconoce el error desde la figura más importante del Estado, se envía un mensaje de impunidad que valida la burla, la exclusión y, en los peores casos, los crímenes de odio”, señalaron.
Pese a que las y los representantes reconocieron que el Gobierno del Estado ha impulsado algunos programas como un financiamiento para emprendedores LGBTIQ+, estas iniciativas aisladas no son una política pública sólida ni mucho menos un programa estatal con visión de largo plazo.
Asimismo, enlistaron problemáticas cotidianas que enfrentan las personas LGBTIQ+ en San Luis Potosí como la discriminación en el Registro Civil, donde a parejas del mismo sexo se les niega el registro de sus hijos e hijas o incluso el derecho a casarse, a pesar de que la legislación ya reconoce esos derechos.
Señalaron además la crisis que enfrenta el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPACITS), que actualmente opera con carencias de insumos básicos, pruebas rápidas y medicamentos preventivos, lo que limita la atención a las personas que requieren tratamiento.
“La salud pública no puede seguir dependiendo de esfuerzos mínimos y desabasto permanente, porque son vidas las que están en riesgo”, enfatizaron.
En el terreno legislativo, lamentaron que propuestas clave como la cuota laboral para personas trans permanezcan sin avances, caso en el que una mujer trans compartió su experiencia:
“Encontrar un empleo digno sigue siendo casi imposible. La mayoría de las veces solo nos queda la economía informal o el trabajo sexual, que además nos expone a violencias y a riesgos permanentes”.
Una Comisión de Derechos Humanos ausente
Otro de los puntos abordados en la conferencia fue la crítica a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), institución a la que acusaron de ser omisa y no ejercer sus atribuciones para proteger a las personas LGBTIQ+.
Aseguraron que la Comisión rara vez emite recomendaciones sobre casos de discriminación y que, cuando recibe denuncias, condiciona su actuación a la presentación de quejas formales, pese a que tiene la facultad de actuar de oficio.
Un abogado integrante de los colectivos fue más allá y denunció que, en diversos casos, la CEDH “ha terminado por encubrir a servidores públicos implicados en agresiones”, a pesar de que la discriminación está tipificada como delito.
Sobre la posibilidad de un juicio político contra la titular del organismo, Giovanna Argüelles Moreno, las y los activistas reconocieron que esta herramienta se ha “banalizado” en la política local, pero es necesario evidenciar la regresión que ha tenido la institución en comparación con administraciones anteriores.
“No es un ataque, es una exigencia de justicia”
Los portavoces fueron enfáticos en aclarar que su postura no busca un enfrentamiento personal con el gobernador ni con su gabinete, sino visibilizar la urgencia de contar con acciones concretas y efectivas.
“Estamos hablando de derechos humanos, no de caprichos. No buscamos privilegios, exigimos igualdad y justicia”, expresaron.
Recordaron que en San Luis Potosí viven más de 137 mil personas de la diversidad sexual y de género, lo que representa un sector social importante, no solo en términos poblacionales, sino también en impacto político.
“Somos una comunidad numerosa, visible y con voz. Y, sin embargo, en este estado no hay una dirección especializada para atender nuestras necesidades ni una representación abierta en el Congreso que defienda nuestros derechos”, lamentaron.
Para los colectivos, el reto es construir un diálogo serio con el Gobierno del Estado que permita definir estrategias reales en materia de salud, educación, empleo, seguridad y justicia en las cuatro regiones de San Luis Potosí.
“Se trata de garantizar que podamos vivir con dignidad, sin miedo y con las mismas oportunidades que cualquier otra persona”, afirmaron.
Los activistas concluyeron con un llamado a la sociedad a acompañar sus demandas y a comprender que los discursos discriminatorios no son “chistes” inofensivos, sino el primer eslabón de una cadena de violencias que termina en crímenes de odio.
“Cada burla y cada omisión alimenta un sistema que nos niega y nos vulnera. No podemos permitirlo más”.
Asimismo, advirtieron que mantendrán su organización y su presencia pública.
“Seguiremos dando la cara, porque ya estamos cansados de discursos vacíos y de promesas que no se cumplen. Queremos un gobierno que se comprometa con hechos, no solo con palabras”.
