Fernanda Durán
Tras ocho meses de retraso en el análisis de las iniciativas sobre la despenalización de la interrupción del embarazo en San Luis Potosí y seis meses antes de que finalice la LXIII Legislatura, en el Congreso del Estado comenzarán con primeros acercamientos con titulares de dependencias e instituciones a fin de programar las mesas de trabajo entorno a las propuestas.
Las comisiones de Justicia, Salud, Derechos Humanos e Igualdad de Género son las encargadas de resolver, presentar y analizar los dictámenes que determinen la legislación en la materia. No obstante, sus integrantes han pasado varias semanas coincidiendo las agendas para realizar el trabajo respectivo.
La diputada Emma Saldaña Guerrero, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, refirió que han buscado reuniones con dependencias para tener un panorama a la par en protección de las infancias, aunque las diputadas presidentas del resto de comisiones están “coincidiendo agendas” para comenzar a finales de febrero.
Mientras, la diputada Yolanda Cepeda Echavarría, presidenta de la Comisión de Salud, informó que la próxima semana las presidentas de las comisiones tendrán una reunión con la titular de la Secretaría de Salud.
“Hemos solicitado una audiencia con la titular de la Secretaría de Salud porque queremos empezar los diálogos primero con ellos, ya tenemos una agenda previa de los primeros acercamientos para tener mesas de diálogo con las instituciones y poder estar viendo esta iniciativa que presentaron ciudadanas”.
En junio de 2023, mujeres integrantes de la Colectiva ILE presentaron un paquete de iniciativas que tienen el objetivo de establecer la interrupción legal del embarazo.
Tres meses después, en septiembre, el Frente Marea Verde presentó otra iniciativa para reformar lo artículos 148, 149 y 150 del Código Penal del Estado, a fin de “garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, por medio de las reformas a la normativa vigente, que criminaliza la decisión de interrumpir de manera voluntaria el embarazo”.
Durante este tiempo la Colectiva ILE ha ganado diversos amparos para declarar la inconstitucionalidad de la legislación que lo penaliza.
El tiempo ha transcurrido y el proceso electoral llegó, por lo que algunas integrantes de las comisiones y aspirantes a cargos de elección popular como la presidenta de la Comisión de Justicia, Cinthia Segovia Colunga, y de la Comisión de Derechos Humanos, Gabriela Martínez Larraga, podrían solicitar licencia en próximas semanas.
Segovia Colunga ha asegurado no es un impedimento o retraso legislativo la cercanía de los procesos electorales y las peticiones de licencia al cargo, pues los suplentes de las y los legisladores que dejen indefinidamente el cargo serán quienes continúen el trabajo iniciado por las comisiones.
