Fernanda Durán
La Comisión del Agua del Congreso del Estado aprobó este miércoles los dictámenes de leyes de cuotas y tarifas de los 21 organismos operadores de agua potable para el ejercicio fiscal 2026, bajo el esquema ya acordado: casi todos los organismos se ajustan al 4.93 por ciento del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) del sector agua potable, mientras que tres conservarán las tarifas de 2025 y el Interapas operará con un esquema diferenciado por tipo de usuario.
Al abrir el punto del orden del día, la diputada presidenta de la Comisión, Nancy Jeanine García Martínez, recapitularon el criterio técnico aprobado en la sesión anterior.
“Quienes tenían por debajo del índice nacional (…) se ajusta a lo que es el dato correcto que es 4.93 (…) y quienes estaban por encima, que incluso iba por encima del 15 y hasta el 20 por ciento, obviamente en ese sentido poderlo ajustar igual a 4.93”.
Insistió en que no se trata de un aumento discrecional, sino de alinear todas las propuestas al indicador previsto en la ley.
De los 21 organismos, 11 ya habían presentado sus iniciativas con el 4.93 por ciento de actualización: Rayón, El Refugio —con una variación a la baja en servicio medido industrial—, Cerritos, Axtla de Terrazas (que originalmente traía 4.8); Villa de Arista, El Naranjo, Rioverde, Tamazunchale —donde hubo variables internas que se ajustaron al 4.93—; Matehuala y San Ciro de Acosta, que planteaban el 4.93 con pequeñas variaciones de 1 a 2 por ciento en cuota fija y servicio medido.
Ciudad Valles también quedó “igual, como se presentó”, tras haberse corregido previamente su propuesta al parámetro legal.
En el bloque de organismos que habían intentado ir por encima del índice, la comisión corrigió tres casos: Cedral, que planteó un 5.60 por ciento usando el INPP anualizado de septiembre a septiembre, fue ajustado a 4.93; Ciudad del Maíz, que pretendía un incremento de 11.1 por ciento, también quedó en 4.93; y en Tamuín, donde se había propuesto un aumento “muy elevado” en el cobro por contratación del servicio, ese concepto se topó igualmente en el 4.93 por ciento.
Otro grupo se encontraba por debajo del parámetro debido a errores en el dato del INPP: Ébano había propuesto 3.25 por ciento; Charcas, 3.8; y Ciudad Fernández, 3.3. Todos fueron corregidos al 4.93 por ciento.
En Villa de Reyes, el ajuste fue mixto: se incrementó al 4.93 por ciento la cuota fija para los servicios comercial e industrial y otros conceptos que venían en 3.2 por ciento, pero se mantuvo una reducción de entre 12 y 26.7 por ciento en la cuota fija para el servicio doméstico y público, mientras que el servicio medido se deja sin cambios.
En contraste, tres organismos no tendrán actualización alguna: Cárdenas, Tamuín (en su esquema general de cobro) y Tanquián de Escobedo; García Martínez recordó que los dos primeros no plantearon incremento en sus iniciativas y “se les respeta en ese sentido”, manteniendo la tarifa 2025.
En el caso de Tanquián, el organismo presentó su iniciativa el 6 de noviembre, fuera del plazo legal.
“La ley nos dice (…) que cuando se presenta extemporáneo o no presenta se desecha la iniciativa y se toma la propuesta vigente del ejercicio fiscal 2025 y es como queda”, puntualizó.
El caso más particular volvió a ser Interapas, organismo intermunicipal de la zona metropolitana. Su dictamen quedó “tal cual” lo propuso la junta de gobierno: un incremento de 3.8 por ciento para el servicio doméstico popular y de 6.6 por ciento para los servicios comercial, industrial y residencial.
El asesor de la comisión explicó que se trata de “una especie de subsidio de los que tienen, gastan más agua [quienes] tienen un volumen más de gasto de agua, subsidien a los sectores populares, en este caso las viviendas donde hay menos posibilidad económica para no afectar a ese sector”.
En entrevista posterior, García Martínez agregó que Interapas conservará sus programas de descuentos para grupos específicos.
“Ellos siguen manejando esos descuentos, creo que hasta un 50 por ciento, si no me equivoco (…) sobre todo a personas adultas mayores (…) son los mismos programas que ya tenían”.
Sobre la naturaleza de la actualización, matizó el lenguaje del “aumento”:
“¿Qué es el 4.90? es un ajuste. Yo siempre les digo, el miedo es el tema de aumento, aumento porque así se menciona eh muchas veces, pero realmente no es como tal el aumento. El aumento sería si hubiéramos dejado por encima de ese índice que vendría siendo como lo que es la inflación”.
Durante la sesión, el cuerpo técnico recordó que el esquema aprobado retoma lo que ya establece la Ley de Aguas y la propia Ley de Cuotas y Tarifas: el ajuste debe calcularse con el acumulado del INPP de enero a septiembre en el subsector 091 (agua potable), y todas las iniciativas deben presentarse a más tardar el 5 de noviembre.
También expusieron que, como parte del análisis, se pidió a los organismos un diagnóstico completo de su operación —padrón de usuarios, cartera vencida, eficiencia recaudatoria y programas de contención del gasto— para verificar que los ajustes estén acompañados de medidas de ahorro y mejora del servicio.
Admitió que “poder ordenar y regular a todos los organismos no va a ser una tarea muy aguda”, pero la mayoría cumplió con los requerimientos y el objetivo es que los incrementos equivalentes al 4.93 por ciento se traduzcan en mejores condiciones para operar, sin perder de vista la capacidad de pago de los usuarios.
La diputada adelantó que la votación en el Pleno podría darse durante el fin de semana o a más tardar el próximo lunes, cuando se definirá en definitiva el esquema de cuotas y tarifas de agua potable que regirá en 2026 para estos 21 organismos operadores.
