Fernanda Durán
La Comisión del Agua del Congreso de San Luis Potosí dedicó su más reciente reunión a dos frentes: definir el criterio de actualización para las cuotas y tarifas 2026, y avanzar en un prototipo de simplificación normativa para las leyes locales.
Aunque hubo avances técnicos —como una base referencial de 3.25 por ciento anualizado ligada al Índice Nacional de Precios al Productor (INPP)— no hubo acuerdos definitivos y la presidenta de la comisión, Nancy Jeanine García, anticipó que el tema requerirá consenso pleno.
Desde el inicio, los directores de organismos operadores reclamaron falta de claridad en los criterios de actualización. La representante jurídica del Interapas planteó que se genere un acumulado total del índice, con el fin de aplicar un cálculo homogéneo entre municipios.
“Nos sería muy útil generar este acumulado total final, para que a partir de ahí pudiéramos hacer el ejercicio cada uno con sus cuotas y tarifas”.
El director de SAPSAM, organismo operador de Matehuala, Juan Carlos Pérez, fue más incisivo; a pesar de reconocer que el índice es útil como referencia, el problema es estructural: “seguiremos subsistiendo exclusivamente”, además de señalar que los organismos no tienen margen para absorber aumentos en costos eléctricos o salariales.
Cuestionó que la fórmula vigente —que promedia un índice nacional— “no representa la realidad de los municipios”, por lo que pide una revisión seria de todo el sistema tarifario, no solo de los porcentajes.
“Tiene muchos años que no se le da la seriedad al tema, y creo que más que nunca requiere un análisis muy profundo y formal del sistema tarifario del Estado”.
La tensión se hizo evidente cuando Pérez enfatizó que los ajustes menores “solo maquillan el problema” y que algunos organismos ya operan con déficit; en respuesta, el secretario técnico de la Comisión propuso que, para no frenar el proceso legislativo, se trabaje con una base referencial de 3.25 por ciento anual, calculada con el INPP, y que el Congreso haga los ajustes finales al dictaminar las iniciativas.
El funcionario también puso sobre la mesa una propuesta técnica: permitir que los organismos acumulen los factores mensuales de inflación, en lugar de reiniciar cada mes sobre la misma base, pues “eso les permitiría tener un incremento un poquito más relevante y realista”.
La diputada Nancy Jeanine García admitió que esa opción será analizada la próxima semana, pero que no puede decidirse sin el voto de toda la comisión.
En paralelo, el asesor legislativo expuso el prototipo de simplificación que eliminará artículos duplicados en las leyes locales, integrando lo esencial en la Ley de Aguas, la Ley de Hacienda Municipal y el Código Fiscal.
“La Ley de Cuotas y Tarifas debe ser eminentemente tarifaria, no un duplicado de otras leyes”, explicó, al precisar que el nuevo formato busca dar certeza y seguridad jurídica tanto a los usuarios como a las autoridades de cobro.
Los organismos pequeños expusieron presiones operativas y financieras. El director de San Ciro de Acosta detalló que, aun con medidas de eficiencia como reducción de personal y menor cartera vencida, el costo de insumos los rebasa.
“Si no encontramos algún incremento tarifario significativo en estos próximos años, el organismo operador de San Ciro de Acosta se va a volver insuficiente”, dijo su titular.
La presidenta de la Comisión reconoció la presión política que rodea el tema:
“Y esa es la parte difícil, que yo creo que muy pocos le entran y lo hemos visto, o sea, hoy estuvimos tres diputadas en la comisión, ya no hubo quorum y la semana pasada en el conversatorio tampoco estuvieron los diputados y diputados.
Yo les decía: ‘este es el costo político’. Hablar de aumento es, ‘híjole, no, porque me pega políticamente y se me viene encima a la ciudadanía’, pero también ya escuchamos a los organismos las necesidades que ellos tienen”.
El debate concluyó sin votación formal. La próxima semana, la comisión definirá si mantiene el incremento anual del 3.25 por ciento o si avala la acumulación mensual del índice, buscando un equilibrio entre sostenibilidad financiera y sensibilidad social; mientras los organismos se preparan con dicho porcentaje debido a que entregarán sus presupuestos a más tardar el 5 de noviembre.
