Xochiquetzal Rangel
La comisión especial de investigación sobre el desalojo de la ex oficial número 11 del Registro Civil, Teresa Carrizales, únicamente acompañará las indagatorias y los informes que deriven de instituciones como la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Contraloría Interna de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
En este sentido, el alcalde Xavier Nava Palacios informó que se designó a Lidia Karina Rodríguez Zavala y Verónica Campillo Salazar como presidenta y secretaria, respectivamente, de la comisión especial. Además, detalló que durante la sesión privada que se llevó a cabo este viernes se dio lectura y explicación de los informes entregados el pasado lunes por parte de la Contraloría del Ayuntamiento respecto al caso.
“Hay una revisión de todo lo que sucedía en las oficialías, estamos haciendo un replanteamiento completo y eso se va a redimir. Lo que está claro es quién tiene la relación laboral y eso es el Ayuntamiento con los oficiales del registro civil, y entonces en función de eso se tomaron decisiones, que luego derivaron en otras situaciones que se están investigando todo en conjunto”, agregó el edil capitalino.
Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García, uno de los señalados como responsable del desalojo de Teresa Carrizales, dijo que después de las aclaraciones del proceso en el que se realizó el retiro de la oficialía número 11, está tranquilo, ya que se respetaron las leyes y se actuó bajo derecho.
“Tenemos la tranquilidad de que se está desahogando tanto en la Fiscalía como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y nosotros nos vamos a apegar a lo que digan estas instancias”, aseguró.
Asimismo, respecto a las investigaciones realizadas por parte de la Contraloría Interna del Ayuntamiento, José Mejía Lira, titular del área, arguyó no poder decir nada ya que existe un proceso legal, así como que no sabe cuándo podrían concluir las investigaciones, ya que una vez que las instancias correspondientes le notifiquen avances, la dependencia investigará los hechos y comenzará a citar a los involucrados: “No es un procedimiento fácil”, subrayó.
Explicó que el posible exhorto que realizaría el Senado de la República no les afectaría, ya que son un ente autónomo, por lo que el Ayuntamiento no estaría obligado a destituir a quien resulte responsable.
Puntualizó que la Contraloría Interna solamente sanciona faltas administrativas, por lo que si en las investigaciones resulta alguien responsable, se le informaría a un tribunal, o, en caso de que el señalado haya sido electo por los ciudadanos, se mandaría al Congreso del Estado.
Finalmente, señaló que Nava Palacios tampoco tendría la posibilidad de destituir a alguien, sino que el Cabildo es el que puede votar y tomar dicha decisión.
