Fernanda Durán
A más de un año de que se presentó la solicitud de juicio político contra Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el procedimiento continúa sin avanzar formalmente en el Congreso del Estado.
La semana pasada, las víctimas promoventes entregaron nuevas pruebas documentales al poder legislativo; sin embargo, legisladores de distintas comisiones consultados aseguraron no haber recibido notificación alguna para iniciar el análisis.
La diputada Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, confirmó que su comisión es la facultada para intervenir en los juicios políticos, pero hasta el momento no se les ha turnado el expediente ni han sostenido reuniones al respecto.
“Por los juicios políticos, me parece que le pertenecen a la Segunda de Justicia, es una facultad. Sin embargo, no he tenido yo alguna plática con el presidente del Congreso para ver qué va a suceder con este tema. Tampoco con la propia Comisión de Derechos Humanos, que creo que también tendría que ver”, expresó.
Además, reconoció que no ha recibido ningún oficio, instrucción o documento oficial sobre el caso.
“No tengo mayor cosa que decirte, porque yo no he recibido nada”, añadió.
Por su parte, el diputado Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo que el tema debería ser atendido por una Comisión Jurisdiccional, figura que aún no ha sido formalmente constituida.
“Debe haber en ese caso una Comisión Jurisdiccional que sería la que revisaría ese tema. No ha habido una notificación ni dictamen; no está ahorita en análisis. Solo esperaríamos que, de generarse esa comisión, se defina cuál es el proceso que ellos determinan”.
No obstante, Gama Basarte afirmó que su comisión está interesada en impulsar una reforma estructural del modelo de gestión de derechos humanos en el estado, en respuesta a las múltiples controversias en torno al organismo.
“Se tiene que generar un nuevo modelo de gestión de los derechos humanos en San Luis. Es parte de lo que estaremos revisando en este próximo proceso legislativo, para generar una dinámica a la altura de lo que San Luis merece, eliminando lo que ha generado incertidumbre o dudas con las propias víctimas”, declaró.
También consideró necesario fortalecer las visitadurías regionales, mejorar la accesibilidad de los mecanismos de denuncia y lograr mayor apertura institucional para que las personas se sientan verdaderamente atendidas.
“Lo que no se debe hacer a un lado es la atención a cada uno de los procesos. Es necesario mejorar los protocolos. Para mí, sería un renovado modelo de gestión de los derechos humanos en San Luis Potosí”.
En cuanto a las críticas de colectivos por el retiro de las fichas de personas desaparecidas que estaban colocadas en la fachada de la CEDH, acción atribuida a la presidencia de Argüelles Moreno, el diputado consideró que debe analizarse, pero lo central es garantizar atención adecuada y transparente a las víctimas.
“Eso habría que revisarlo, pero lo de fondo es la atención a cada uno de los procesos y que haya una atención adecuada de todos los colectivos y colectivas”.
El juicio político fue promovido en mayo de 2024 por María de Jesús Almendárez Prieto y otras víctimas, y admitido a trámite en junio de ese mismo año. Sin embargo, desde el relevo legislativo en septiembre de 2024, el Congreso no ha emitido dictamen alguno ni convocado a las comisiones correspondientes para continuar el procedimiento.
