Por Victoriano Martínez
Quienes son parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) no sólo han sido incapaces de lograr su integración, sino que han dado muestras de la poca voluntad para transparentar sus acciones, a pesar de que la transparencia es una de las bases para el combate a la corrupción.
Desde que en una sesión accidentada, el 28 de agosto de 2018 en la Casa de la Cultura, se conformó el Comité Coordinador del SEA, ese órgano ha realizado varias reuniones a las que se convoca sin hacerlo público, y en las que se ha intentado nombrar al secretario ejecutivo, pieza clave para su funcionamiento, sin éxito.
Mónica Torres Palacios, integrante supernumeraria del Comité de Participación Ciudadana quien además fue presidenta interina de ese órgano, solicitó formalmente a Efraín Arriola Ortiz, quien se ostenta como presidente del Comité Coordinador del SEA, copia de las actas de las sesiones realizadas a partir de su instalación en agosto.
Fue el primer intento conocido que puso a prueba la voluntad de transparencia de los integrantes del SEA, a través del presidente del comité coordinador. Torres Palacios no ha obtenido respuesta a la fecha y, aunque presentó recurso ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), éste tampoco ha sido resuelto.
La CEGAIP aún no incorpora a la Plataforma Estatal de Transparencia (PET) a ninguno de los órganos propios del SEA, por lo que la vía para acceder a las actas y documentos generados por el Sistema, además de solicitudes como la presentada a Arriola Ortiz, se debe hacer a través de las seis dependencias que forman parte del Comité Coordinador.
Salvador Contreras Hilario, integrante de Cambio de por San Luis y y también como supernumerario del Comité de Participación Ciudadana del SEA, requirió, vía la PET, copia de la convocatoria y del acta de la sesión del Comité Coordinador del pasado 27 de noviembre a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y a la Contraloría General del Estado.
En su respuesta a la petición con número de folio 00032319, la ASE reportó que al 18 de enero todavía no les hacían llegar el documento, y proporcionó únicamente la convocatoria, firmada por Efraín Arriola Ortiz, como presidente del CC SEA.
En el caso de la Contraloría General del Estado, en la respuesta a la solicitud con folio 00032219, esa dependencia adjuntó la copia de la convocatoria, así como del acta de la sesión.
Al realizar el mismo ejercicio, pero esta vez con la CEGAIP, Contreras Hilario se encontró con que el último día del plazo para contestar, el órgano garante del derecho de acceso a la información pública le negó los documentos.
“Del análisis de dicha solicitud, esta Comisión no cuenta con tal información, en virtud de que no se encuentra dentro de las facultades generar actas relativas a las sesiones del Sistema Estatal Anticorrupción”, justificó la CEGAIP.
La respuesta de la CEGAIP contrasta con la de la ASE y la Contraloría, que se apegan a la definición que da la Ley de transparencia del derecho de Acceso a la información pública como “derecho humano de las personas para acceder a la información pública en posesión de los sujetos obligados”, no sólo de aquella que ellos mismos generen.
Contreras Hilario comentó que le sorprendió que fuera la CEGAIP y no la ASE y la Contraloría la que le pusiera obstáculos al acceso a los documentos y o le proporcionara cuando menos la convocatoria a la sesión si es que aún no recibía el acta.
Torres Palacios informó, por su parte, que ante la falta de respuesta de Arriola Ortiz y de las instancias a las que marcó copia de su petición, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero aún no ha sido resuelta.
Los CPC dudan si deben ser transparentes
Mónica Torres Palacios, integrante supernumeraria del CPC-SEA, dio a conocer que a través de un grupo de Whatsapp en el que participan 136 integrantes de los CPC de todo el país se mantiene un debate sobre la condición de sujetos obligados por las leyes de transparencia de esos organismos ciudadanos.
“Una duda a los CPCs: son ustedes sujetos obligados y publican por ejemplo actas de sesiones y demás información relacionada a su actividad?” fue el mensaje que desde la tarde de este miércoles arrancó el debate.
“Todos los CPCs deben hacer públicas las actas de sus sesiones. De hecho conviene que sus sesiones sean públicas ya sea que las graben (y retransmitan)”, escribió José Octavio López Presa, presidente del CPC del Sistema Nacional Anticorrupción.
López Presa fue comisionado del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y quien promovió el sistema remoto de solicitudes de información, antecedente de lo que fue Infomex y hoy es uno de los pilares de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Un participante de Nuevo León comentó que sin ser sujetos obligados, acudieron a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de ese estado (COTAI) para realizar un ejercicio de transparencia proactiva e invita a visitar su sitio web.
En la misma línea, Jorge Alberto Alatorre Flores, también del CPC nacional, les hace ver que “los CPCs no sólo somos sujetos obligados sino que además debemos dar muestra de transparencia en los Sistemas”.
En la larga lista de intervenciones, apareció la de José Ismael Leyva, integrante numerario del CPC de San Luis Potosí, quien cuestionó que por su carácter honorario también estarían obligados a transparentar sus actos.
“Y en el caso de que los miembros numerarios del CPC no percibamos honorarios”, preguntó Leyva.
“La ley no me considera servidor público, por lo menos la de Coahuila no. el recibir un pago por honorarios no me hace servidor público”, afirma un participante de ese estado.
“Es el caso de SLP”, concluye Leyva.
En el mismo intercambio, Torres Palacios concluye que si el CPC potosino ha sido cooptado por tres integrantes numerarios y un supernumerario hace falta que la ley los obligue a ser transparentes porque no lo han sido ni con el resto de sus compañeros dentro del organismo.
¿Quién preside el CPC?
Entre los conflictos para la correcta integración del Sistema Estatal Anticorrupción se encuentra la definición de quién preside su Comité de Participación Ciudadana.
De acuerdo con la Ley del sistema Estatal Anticorrupción, la presidencia es rotativa anualmente conforme a la antigüedad del nombramiento de cada uno de sus integrantes. En el caso de los primeros nombrados, la prelación quedó establecida en el orden en que aparecen los nombramientos por periodos de uno a cinco años.
La misma prelación aplicaría para la presidencia del Comité Coordinador del SEA, tal como se aplica en el Sistema Nacional Anticorrupción desde los nombramientos que dieron conforme al mismo mecanismo aplicado al CPC local.
Los integrantes originales del CPC fueron nombrados en septiembre de 2017 en el siguiente orden: Alma Irene Nava Bello por un año y como presidenta, Carlos Raúl Espinoza Rincón por dos años, Ismael Leyva Nava por tres, José Jesús Sierra Acuña por cuatro, y Efraín Arriola Ortiz por cinco años. Se supone que, como en el CPC nacional, en ese orden debió rotarse la presidencia.
Contreras Hilario, integrante supernumerario, consideró que conforme a ese orden, el actual presidente del CPC es Espinoza Rincón, pero al ser regidor en el Ayuntamiento de Rioverde y haber pedido licencia, deja acéfalo el puesto, por lo que debería ser ocupado por el primer integrante supernumerario del CPC.
En la página Web del CPC nacional aparece el directorio de los organismos similares estatales, y en el caso de San Luis Potosí aparece Espinoza Rincón como presidente del CPC potosino, aunque también aparece Contreras Hilario como si fuera integrante supernumerario en lugar de Laura Moreno Martínez.
