Iraís Valenciano
La “Ley Gobernadora”, que en tan solo 20 días pasó todos los trámites necesarios en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), el Congreso del Estado y los ayuntamientos, hoy es una realidad gracias a complicidades y factores que llevan tiempo en gestación.
En el 2024 -justo el mismo año en el que se expidió su título como Licenciada en Comunicación por la Universidad Mesoamericana (aunque egresó en 2015)- Ruth Miriam González Silva fue registrada como candidata a la diputación federal por mayoría relativa y por la vía plurinominal.
Como si ambos registros no fueran suficientes, hizo campaña por la Senaduría, cargo que actualmente ocupa y desde el cual se comprometió a elevar a rango constitucional el programa Menstruación Digna y a fortalecer los presupuestos anuales de los 32 sistemas DIF del país, con la venta de los bienes decomisados al crimen organizado.
La construcción de la trayectoria política de González Silva comenzó en el DIF de Soledad de Graciano Sánchez, donde fungió como presidenta durante la administración de Ricardo Gallardo Cardona, de 2015 a 2018.
En 2021, cuando su esposo se convirtió en gobernador, Ruth González obtuvo su segundo cargo público: presidenta del DIF Estatal, desde donde “brincó” al Senado.
Ya en 2025, para allanar el camino de González Silva a la gubernatura, el gallardismo consideró urgente hacer realidad la “Ley Gobernadora”, anunciada por el secretario de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez a principios de octubre y aterrizada por el Ceepac el pasado 6 de diciembre.
Ni el árbitro electoral, ni el Congreso, ni los ayuntamientos representaron un obstáculo para la mencionada reforma, porque desde hace tiempo, el gobernador y su grupo se encargaron de acaparar aliados y voluntades.
En los pasados comicios, el Partido Verde consiguió el triunfo en 28 ayuntamientos: 10 en solitario y 18 en coalición con Morena y el Partido del Trabajo. A ellos se sumaron otros 7 municipios cuyos alcaldes se sumaron al Verde tras abandonar a los partidos que los postularon:
- Rayón (Movimiento Laborista)
- Catorce (Nueva Alianza)
- Lagunillas (Movimiento Ciudadano)
- Axtla de Terrazas (PRI)
- Cárdenas (PT)
- Tamuín (Movimiento Laborista)
- Villa de Guadalupe (PRD)
¿Cómo los convenció el Partido Verde de cambiar de color? Solo ellos lo saben.
A todos esos municipios se suma Villa de Pozos, cuya presidenta Concejal, Martha Patricia Aradillas milita en el partido del tucán. Con todo lo anterior, el Verde tendría (en teoría) 36 ayuntamientos de su lado, lo que le facilita el camino para cualquier reforma constitucional (como la “Ley Gobernadora”), pues para ello se requiere una mayoría simple, es decir, un mínimo de 30 municipios a favor.
De las 36 alcaldías que el Verde clasificaría como “votos seguros”, ocho no avalaron la “Ley Gobernadora”, por motivos hasta ahora desconocidos:
- Zaragoza (en 2024 ganó la coalición PVEM-Morena-PT, pero con candidato del PT)
- Villa de Ramos (en 2024 ganó la coalición PVEM-Morena-PT, pero con candidato del PT)
- Villa de Arriaga (PVEM)
- Tamuín (“reconvertido” de Movimiento Laborista a PVEM)
- Villa de Guadalupe (“reconvertido” de PRD a PVEM)
- San Nicolás Tolentino (en 2024 ganó la coalición PVEM-Morena-PT, pero con candidato de Morena)
- Huehuetlán (en 2024 ganó la coalición PVEM-Morena-PT, pero con candidato de Morena)
- Santa Catarina (en 2024 ganó la coalición PVEM-Morena-PT, pero con candidato de Morena)
Aun con lo anterior, la reforma pasó gracias a otros seis municipios encabezados por partidos que no fueron aliados del Verde en las elecciones del 2024, pero que sí dieron su aval a la controversial ley:
- Tamasopo (PRI-PAN-PRD)
- San Luis Potosí (PRI-PAN-PRD)
- El Naranjo (independiente)
- Coxcatlán (Movimiento Ciudadano)
- Ciudad del Maíz (Nueva Alianza)
- Salinas (del extinto Partido Conciencia Popular)
Los 17 municipios restantes, que no dieron su brazo a torcer, fueron:
- Armadillo de los Infante (PRI-PAN-PRD)
- Cerro de San Pedro (PRI)
- Ébano (PAN)
- Matehuala (PRI-PAN-PRD)
- Mexquitic de Carmona (Movimiento Ciudadano)
- San Antonio (Movimiento Ciudadano)
- San Vicente Tancuayalab (PAN)
- Santa María del Río (Morena)
- Tampacán (Morena)
- Tancanhuitz (Morena)
- Tanlajás: (Morena)
- Tanquián de Escobedo (Morena)
- Tierra Nueva (PRI-PAN-PRD)
- Vanegas (Morena)
- Villa de Arista (PRI-PAN-PRD)
- Villa de la Paz (Movimiento Ciudadano)
- Villa Juárez (PRI-PAN-PRD)
Salvo el caso de Ciudad Fernández, que ganó la coalición Morena-Verde-PT con un candidato morenista que dos meses después de la contienda se sumó al PVEM (y que votó a favor de la “Ley Gobernadora”), llama la atención que los municipios ganados por el partido de la 4T fueron los que más sólidos se mantuvieron contra la reforma electoral.
Y en el Congreso, donde todas las iniciativas presentadas por el gobierno estatal son aprobadas en “fast track”, la “Ley Gobernadora” no fue la excepción. Aunque se requería mayoría calificada (por lo menos 18 votos a favor de 27 posibles), no hubo mayor sobresalto y la reforma para que solo mujeres puedan contender por la gubernatura en 2027 la respaldaron 19 legisladores de los siguientes partidos:
- Partido Verde (9 votos)
- Partido del Trabajo (4 votos)
- PRI (2 votos)
- PAN (2 votos)
- Nueva Alianza (1 voto)
- Movimiento Ciudadano (1 voto)
Como en el caso de los municipios, Morena fue el partido que más rechazo mostró a la reforma, con los votos en contra de sus seis diputados, a los que se sumaron otros dos del PAN.
Aquel que fue el partido aliado del Verde en los comicios del 2024 ha plantado cara a una ley a modo disfrazada de paridad.
Y llama también la atención que las principales críticas y cuestionamientos a esa reforma provengan de tres mujeres; la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum; la dirigente nacional de Morena, María Luisa Alcalde y la presidenta estatal del partido guinda en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez.
¿Con la suma de factores y complicidades puede confeccionarse una ley “a medida”? Sin duda, como también fueron posibles tres registros en 2024 para garantizar que Ruth González ocupara un cargo federal. Pero que no intenten engañar con que están pensando en las mujeres, cuando quienes la impulsan (y piensan en un beneficio), son hombres.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en Diseño Multimedia por la Universidad del Valle de México. Ha ejercido el periodismo desde 2004 en medios de comunicación impresos y digitales. A partir del 2017 se incorporó a la plantilla docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
