Astrolabio

Por Eduardo Delgado

Amnistía Internacional México reportó como uno de sus logros alcanzados en 2017, el compromiso del gobernador, Juan Manuel Carreras López, “para buscar justicia” en el caso de Karla Pontigo Luccioto.

La organización, dedicada a la protección de los derechos humanos, publicó en su cuenta de twitter y en su página de Facebook un video institucional en el que refiere el caso de la joven, de quien el 29 de octubre de 2017 se cumplieron seis años de su muerte, investigada por las autoridades locales como “accidente” a pesar de las evidencias de violencia en su cuerpo.

“2017 fue un año de logros”, se lee en los primeros segundos del video al tiempo que aparece la mamá de Karla Pontigo, Esperanza Luccioto. Más adelante refiere: “Logramos el compromiso del gobernador para buscar justicia”.

El 23 de noviembre de 2017 el responsable del Poder Ejecutivo en el Estado recibió en Casa de Gobernadores a representantes de Amnistía Internacional, quienes le entregaron un expediente con mil 400 firmas recabadas por esa agrupación en demanda de que el crimen de Karla Pontigo sea investigado como feminicidio.

Ese mismo día funcionarios de la ahora Fiscalía General del Estado sostuvieron una reunión de trabajo con la madre de Karla Pontigo y miembros de Amnistía Internacional, encabezados por la directora de Amnistía Internacional México, Tania Renault.

Antes, el 1 de julio de 2015 el caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos ministros analizan si el ministerio público garantizó a los familiares de Karla Pontigo el derecho de acceso a la justicia a través de una investigación con perspectiva de género orientada a conocer la verdad de los hechos.

Asimismo, cabe referir, el pasado 30 de diciembre se cumplieron dos años de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le giró la recomendación 55/2015 al mandatario potosino, Juan Manuel Carreras, por violaciones al derecho al acceso a la justicia de las víctimas.

En cumplimiento de la recomendación los servidores públicos que, por acción y omisión, obstaculizaron el acceso a la justicia o hicieron un uso inadecuado de las pruebas forenses, deben ser llevados ante la justicia.

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